24 Octubre 2020
El Consejo Social de la Universidad San Pablo-T ante la muerte de la menor Abigail y otros episodios de linchamiento público, ve con preocupación la situación en Tucumán.
"Nuestro repudio absoluto y condena al criminal hecho que provocara la muerte de la menor Abigail y a cualquier hecho social de justicia por mano propia -señalaron en un documento-. Así mismo condenamos las voces antidemocráticas que promueven 'el cuanto peor mejor' y los llamados a la desobediencia masiva y al vaciamiento del estado de derecho, por ello elegimos siempre el debate en democracia y jamás la paz de los cementerios", remarcaron.
"Institucionalmente necesitamos elevar nuestra voz para defender a las víctimas de hechos violentos, desterrar la justicia morosa y las puertas giratorias que premian al victimario y estimulan el descredito en la Justicia -resaltaron-. Es por eso que aconsejamos la normalización inmediata con sus protocolos pertinentes y declarar como actividades esenciales a la actividad Judicial", agregaron.
Pablo Riquel, papá de Abigail ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
Libertades apresuradas
En este sentido, las autoridades universitarias recomendaron dotar a la Policía de las herramientas necesarias para un mejor y mayor cuidado de la población. Además dijeron que se debe considerar la ley de defensa de las víctimas y ser muy cuidadosos de libertades apresuradas y revocatorias de prisiones preventivas ante la comisión de delitos perversos y reiterados para recuperar confianza y respeto al ciudadano ante la justicia y sus instituciones.
"El colapso del sistema carcelario no se remedia con nuevas alcaldías, sino con infraestructura necesaria que se albergue a los que eligieron vivir al margen de la Ley -advirtieron-. Promover acciones concretas y eficaces de impacto social para restablecer el servicio público de pasajeros que perjudica a los que menos tienen. Declarar como actividad esencial el funcionamiento de la secretaria de Trabajo de la Provincia", insistieron.
Cultura del trabajo
"Se deberá impulsar la constitución de parques industriales y de cooperativas para fomentar la creación de empleo y la cultura del trabajo. Analizar los cuadros tarifarios de servicios públicos recomendando la extensión del congelamiento tarifario y la revisión contractual de los mismos", precisaron.
"El Consejo Social quiere ser un puente entre la sociedad organizada y la ciudadanía en general, capaz de permitir que gobernantes y gobernados recuperen el sentido de la solidaridad y convivencia necesario del contrato social único camino para promover el bien común", afirmaron.
El documento lleva las firmas de Catalina Lonac, José Imaín, Carlos Gallardo, Maximiliano Luna, Alfredo Grassia, Norma Carbajal, Miguel Pérez, entre otras autoridades.
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