Una banda irá a juicio acusada de estafar a más 1.500 personas con la venta de viviendas

Elizabeth Rosa Alzogaray fue considerada jefa de una asociación ilícita integrada por otras ocho personas que estafaban a personas pidiéndoles dinero para que accedan a una vivienda del Ipvdu.

22 Oct 2020 Por Gustavo Rodríguez
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DOS MOMENTOS DE LAS PROTESTAS. Los estafados se reunieron en Lomas de Tafí después de haberse enterado de la maniobra; y meses después se instalaron en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

1- La historia de una maniobra millonaria

En el pedido a elevación de juicio que realizó el fiscal Diego López Ávila llama la atención un listado. En casi 24 páginas A4, uno a la par del otro, aparecen con mayúsculas los nombres de las 1.500 víctimas que fueron estafadas por una asociación ilícita que les cobró entre $ 2.000 y $ 160.000 para entregarles una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que nunca sucedió. El investigador estimó que con esta maniobra, que fue realizada entre 2015 y principios de 2018, se apoderaron de más de $ 20 millones.

El escándalo se desató en enero de 2018 cuando los damnificados denunciaron que un grupo de personas -que aseguraba tener contactos con funcionarios de los gobiernos de José Alperovich y de Juan Manzur, del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y de legisladores les ofreció acceder a viviendas en Lomas de Tafí, Manantial Sur y Yerba Buena o la realización de módulos habitacionales a cambio de diferentes sumas de dinero. Allí se inició una extensa investigación que duró más de dos años. La colaboración de las 1.500 víctimas (no se descarta que sean muchas más) fue clave para ubicar y procesar a los miembros de este grupo.

López Ávila identificó a los miembros de esta organización a los que les imputó haber formado una asociación ilícita para cometer estafas reiteradas. Solicitó que sean enjuiciados: Elizabeth Rosa Alzogaray (señalada como la jefa del grupo), Marta Elena Campos, Emmanuel y Luis Ernesto Ramallo, María Ester Soraire, Ruth Anabel Jiménez, Adela Aydeé Bustos, Analía del Valle González y César Antonio Zurita. Hay otra mujer que habría integrado este grupo y que nunca pudo ser encontrada. Se sospecha que apenas se desató el escándalo huyó de la provincia.

“La investigación reveló una serie de conductas desplegadas por los acusados con patrones repetitivos, actuando siempre en virtud de un acuerdo de voluntades previamente pactado, de lo cual se desprende, a las claras, que los encausados conformaron una asociación destinada a obtener beneficios patrimoniales mediante previos engaños consistentes en la promesa de una vivienda propia, la cual presuntamente era otorgada por intermedio del organismo público conocido como Ipvdu”, razonó el fiscal en el requerimiento, que tiene 282 páginas.


2- Un caso testigo para entender la operatoria

El fiscal tuvo que aplicar una metodología de trabajo para investigar la causa. Ante la gran cantidad de víctimas, les tomó las denuncias a todas, pero eligió algunos casos particulares para explicar cómo operaba la banda que cometía las estafas.

María Marcela Juárez contó que en abril de 2017 tomó conocimiento de que ciertas personas estaban vendiendo casas en el barrio Lomas de Tafí. Consiguió un teléfono y se comunicó con Alzogaray, quien la derivó a Luis Ernesto Ramallo y a su esposa, Isabel Maza. Dijo que se presentó en el domicilio de la pareja donde le explicaron el procedimiento y le pidieron que le entregara documentación personal de ella y de su grupo familiar (fotocopias de DNI, de actas de nacimiento, constancias de CUIL y CUIT, negativa de Anses, certificado de buena conducta expedido por la Policía e informe de dominio expedido por la Dirección de Registro Inmobiliario).

En el texto se puede leer: “…diciéndole que una sobrina de él, llamada Elizabeth Rosa Alzogaray, trabajaba para ciertos políticos (Manzur, Jaldo y Orellana), por lo que podía conseguirle una vivienda recuperada del Ipvdu), pero para ingresar su carpeta debía abonar la suma de $ 20.000, motivo por el cual la denunciante a los días siguientes entregó el dinero y la documentación requeridos a Ramallo en el domicilio del mismo”.

La víctima reconoció que el acusado se negó a entregarle un recibo de comprobante de pago, ya que debía previamente hacerle firmar una “preadjudicación”. “La denunciante expresó que durante el mes de julio firmó esa supuesta documentación, pudiendo leer que en el membrete de dicho documento se leía Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán y por eso creyó realmente en las promesas de los encartados. Manifestó, asimismo, que en el mes de agosto la esposa de Ramallo le hizo entrega de un sobre que contenía en su interior un membrete en el que se leía Subsecretaría de Regularización Dominial, Secretaría General de la Gobernación-Relevamiento Social y escrito a mano un número de sorteo y padrón”, se agregó en el pedido de elevación a juicio.

Juárez señaló que los involucrados en la maniobra le decían todos los meses que ya se realizarían los sorteos de las casas, pero esa fecha nunca llegaba. “Los acusados les exigían que voten a Jaldo si querían conseguir las casas”, declaró en la Justicia. También expresó que en diciembre, Alzogaray presidió una reunión y en la que participó junto a otras personas en un bar céntrico. “Nos explicó que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía contactos con varios políticos y que prácticamente se encontraba todo autorizado para hacer entrega de las viviendas”, añadió.

La líder de la organización, según el expediente, en ese encuentro informó que “ella tenía una cooperativa de la construcción, la cual poseía un convenio con el Ipvdu por lo que las casas recuperadas eran reparadas por su cooperativa. En esa ocasión Alzogaray les indicó que el sorteo iba a realizarse el día 17 de enero, luego lo postergaron para el 19 del mismo mes y, por último, la convocaron para el 22 en un salón llamado Sabrina, situado en el barrio El Sol. La denunciante dijo que al apersonarse en el salón el día y hora indicados, no había nadie en ese lugar, por lo que tanto ella como las familias que se presentaron en el lugar se sintieron defraudados por Alzogaray y el resto de los miembros de la banda, por lo que decidieron radicar las denuncias correspondientes”.


3- Contactos políticos de los que se jactaba

A lo largo de la investigación surgió que la líder de la organización se jactaba, además de trabajar para Desarrollo Social, que tenía contactos con el ex gobernador Alperovich, el actual mandatario Manzur y con el vicegobernador Jaldo. López Ávila indagó sobre esa situación particular. Así se descubrió que ninguno de los imputados en la causa trabajó para el Estado provincial.

En la Legislatura también se informó que ninguno de ellos prestó servicios allí. Pero sí se confirmó que Alzogaray, entre 2016 y 2017, mantuvo al menos ocho reuniones con la legisladora Sandra Mendoza en su despacho. En tanto que Analía González, otra de las imputadas, ingresó en 16 oportunidades a la oficina de Juan Enrique Orellana.

Los funcionarios de la Casa de Gobierno confirmaron que ninguno de los señalados en esta causa visitó el palacio gubernamental, ya que no encontraron registrados en sus libros su ingreso a ese lugar.

Esas fueron las novedades que se agregan a lo ya conocido. Alzogaray formó la cooperativa Nuevo Amanecer cuando el alperovichista David Mizrahi era titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y fue el mismo que la nombró en el bloque político del Concejo Deliberante entre marzo y octubre de 2016.

Los integrantes del grupo aseguraron que la líder de la organización tenía importantes contactos dentro del Ipvdu. Los funcionarios del organismo informaron que ella ni los otros acusados trabajan o trabajaron allí. Sin embargo, en una de sus declaraciones, Alzogaray señaló que tenía un estrecho vínculo con el interventor Gustavo Durán.

“Durán le preguntó si estaba dispuesta a trabajar inscribiendo a personas que tengan la necesidad de viviendas en el área social, es decir, viviendas destinadas a personas con bajos recursos por las que la gente iba a tener que pagar cuotas mínimas. Señala que Durán no le ofreció ningún sueldo a cambio, sino que le dijo que esas mismas personas que ella iba a inscribir la iban a apoyar a ella después para una posible candidatura en algún área política”, se puede leer en el pedido de elevación a juicio. El ex interventor del Ipvdu no fue investigado en esta causa porque falleció meses antes de que estallara el escándalo.


4- El WhatsApp, una herramienta para el fiscal

“De la lectura de sólo algunas de las múltiples declaraciones recibidas por el Ministerio Público Fiscal, se puede apreciar que todas resultan ser coincidentes en cuanto a la modalidad delictiva desplegada por los imputados. La solicitud de entrega de documentación personal, la recepción de variadas sumas dinerarias fijadas a antojo de los imputados, la presentación de múltiples planillas y formularios con supuestos membretes del Gobierno de la provincia, la falta de entrega de comprobantes de pago por el dinero abonado y el posterior otorgamiento de sobres con papeles que contenían un logo del Gobierno y un número de supuesto sorteo”, sostuvo el fiscal al solicitar que se realice el juicio en contra de los imputados.

López Ávila también consideró otros aspectos de la maniobra: “En las exposiciones brindadas por las víctimas quedó evidenciado, además, que los imputados mantenían ilusionados a los damnificados mediante una constante comunicación a través de grupos de WhatsApp, habiendo aportado los denunciantes múltiples copias de capturas de imágenes de las conversaciones mantenidas en estos grupos masivos que incluían a los miembros de la asociación, mediante los cuales fijaban las fechas de los supuestos sorteos, se excusaban cuando las fechas de sorteos se posponían o invitaban a las víctimas a pasar a retirar su sobres para sorteos”.


En números

$2.000 era el valor mínimo que exigía el grupo para tener chances de acceder a una casa.

$160.000 solicitaban los sospechosos por una vivienda en Lomas de Tafí.

$20 millones habría obtenido el grupo con las estafas, según la estimación del fiscal López Ávila.

282 páginas tiene el requerimiento a elevación a juicio realizado por el fiscal.

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