Por Luis Duarte
18 Octubre 2020
SISTEMA JUDICIAL. Tribunales penales. LA GACETA / ARCHIVO.
La Justicia ha tropezado con la realidad de la pandemia. No se trata de una situación general, que se presenta en todos los casos, pero de a poco se va inmiscuyendo en el proceso penal, exponiendo controversias y posiciones contrarias entre jueces y fiscales. Un caso testigo se registró en las últimas semanas y puso en la mesa las dificultades del personal policial para cumplir con la consigna o custodia y asegurar así el arresto domiciliario de un acusado.
El viernes 9 pasado, la magistrada Judith Solórzano dispuso esta medida para un joven, de 18 años, imputado por robo agravado e intento de homicidio en perjuicio de una mujer, de 29 años. El muchacho, según la decisión oficial, cumpliría 30 días de arresto en su vivienda de pasaje Carlos Cossio al 2.200, en la capital.
La magistrada fijó el arresto domiciliario bajo consigna policial y pidió la utilización de tobillera electrónica, a través del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónicos del Patronato de Internos y Liberados.
La comisaría Novena, como lo había señalado antes el Ministerio Público Fiscal (MPF) en una audiencia virtual, le manifestó luego a la jueza que “contaba con recursos mínimos debido a la pandemia por el virus covid-19”. También le informó que no podían asegurar recorridos en la zona debido a la misma dificultad. Como si fuera poco, se le informó que había escasa disponibilidad de dispositivos electrónicos de seguimiento para los detenidos.
Hasta esta semana, la Unidad Fiscal Robos y Hurtos I, a cargo del fiscal Diego López Ávila, no había recibido alguna notificación sobre un cambio de modalidad de la prisión preventiva del imputado, señalado como autor del disparo que casi mata a la víctima en el ataque.
Por el caso, se realizaron dos audiencias a través de la plataforma Zoom. En la última jornada, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva (PP) por 90 días contra el principal acusado, ya que un menor había participado en el ilícito. Pero la jueza rechazó el requerimiento.
El representante del MPF fundamentó la PP en que el detenido estaba vinculado a tres robos utilizando armas de fuego, la posibilidad de amedrentamiento y se preveían distintas medidas de pruebas en la investigación. Resaltó que el dermotest sobre el acusado había salido positivo. En la exposición, advirtió que los dispositivos electrónicos eran escasos y solo estaban destinados a casos de violencia de género, y que gran parte del personal policial “estaba afectado por casos de covid”, por lo que resultaría inviable hacer una vigilancia en el domicilio en caso de conceder el arresto domiciliario.
La defensa, por su parte, afirmó que el joven tenía domicilio fijo y no contaba con antecedentes penales, respecto de delitos contra la propiedad. Asimismo, expresó que “no” tenía recursos para fugarse, en particular, por la situación de pandemia y la imposibilidad de circulación.
El robo
El 21 de agosto pasado, dos personas interceptaron a una mujer en la zona sur de la capital. Ambos sospechosos circulaban en una motocicleta cuando observaron a la víctima en avenida Jujuy y Granaderos de San Martín. Según los testimonios reunidos en la causa, el acompañante del conductor se bajó del rodado, arremetió contra la mujer y le pega un culatazo en la cabeza para agarrar el bolso. Ahí, se sintió un reventón.
El atacante llevaba campera azul tipo canguro; mientras que el conductor tenía un cangurito negro. Tras la detonación, la chica se agarró el estómago y los agresores huyeron en la moto rápidamente.
Un policía, que se acercaba a unos 80 metros, siguió a los desconocidos por varias calles. Estos últimos le apuntaron con un arma, amagando a disparar. Los sospechosos llegaron hasta cerca de sus viviendas para esconderse y ahí sí habrían realizado un disparo al agente.
El policía logró agarrar al conductor del motovehículo, en momentos en que se escapaba solo. Segundos antes, el ocupante y principal acusado había saltado de la moto y logrado meterse a una casa. De acuerdo al caso, este último habría realizado un disparo al agente en plena persecución.
Varios uniformados llegaron al lugar a los pocos minutos y, más allá de la resistencia, lograron detener a los dos supuestos autores del hecho y a una tercera persona que intentó impedir el procedimiento.
El daño
La joven no pudo asistir a las audiencias. Fue sometida a cuatro cirugías por complicaciones en su estado de salud. Había recibido por una herida de arma de fuego en el abdomen. Ella se había trasladado desde el interior de la provincia hacia la capital ese 21 de agosto para comprar una moto. Días antes, había contactado a un vendedor a través de Facebook, quien proponía realizar la operación en efectivo en ese sector de la capital. Cuando llegaba al lugar, la chica fue interceptada por el menor y el principal imputado.
El joven, identificado como Ulises Sánchez, fue acusado de “robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio criminis causa agravado por el uso de arma”.
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