Gustavo Geria Lépore
Gustavo Geria Lépore (foto), vicepresidente a cargo de la presidencia del Colegio de Abogados del Sur, se pronunció ayer en tres sentidos. Por un lado, reclamó el esclarecimiento sin más demora de la denuncia penal que el juez Enrique Pedicone interpuso contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. Por el otro, propuso la sanción de reglas éticas para definir la situación de los magistrados y funcionarios públicos involucrados en conflictos y acusaciones. Por último, Geria Lépore exigió el respeto por el derecho a la defensa y el ejercicio de la abogacía.
El dirigente del Sur opinó que la preservación de la institucionalidad demandaba “la dilucidación urgente de los hechos de público conocimiento” que atañen a Pedicone y a Leiva, cuya “notable difusión periodística” había contribuido a alertar positivamente a la sociedad y motivado “un calificado pronunciamiento” de Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) a pedido del Colegio de Abogados de la Capital. “Hay que devolver la tranquilidad y confianza que, como ciudadanos, debemos depositar en quienes son responsables de administrar justicia. Resulta útil y necesario conocer las dos campanas”, dijo.
Geria Lépore consideró que había que sancionar, con participación amplia, un Código de Ética Judicial para afianzar la justicia o de Ética en la Función Pública, que valga para todos los poderes del Estado. “Este cuerpo debería reglamentar un procedimiento específico orientado a dirigir la conducta de los funcionarios implicados en una investigación mientras esta se sustancia. Estas disposiciones debieran versar sobre, por ejemplo, licencias y ‘procederes mesurados y sobrios en las apariciones o declaraciones’”, especificó.
Por último, Geria Lépore manifestó que era improcedente identificar al cliente y con el abogado ante las críticas efectuadas a letrados por haber intervenido en ciertos procesos. “Está plenamente vigente el derecho de defensa en juicio, y el de los abogados a trabajar y ejercer su profesión sin ningún tipo de presión o condicionamiento”, expresó. Y agregó: “la defensa del libre ejercicio profesional es una función irrenunciable de los colegios, que ejerceremos inclaudicablemente en cada ocasión que así lo justifique”.
