En debate: el derecho de los pacientes de covid

14 Oct 2020 Por LA GACETA

Tucuman atraviesa su peor momento desde que comenzó la pandemia. Este lunes el Ministerio de Salud Pública reportó 1051 casos de covid-19 en el parte del medio día. Récord en la cantidad de positivos confirmados. Récord, como si se tratase de una competencia donde en el camino, lo que queda al mirar atrás, son un buen porcentaje de recuperados, pero también de víctimas mortales. Nos hemos acostumbrado a leer los reportes diarios y a naturalizar cifras relacionadas a fallecimientos. En los últimos dos recuentos del Siprosa también se advierte que la provincia se acerca a los 500 decesos por la enfermedad. Mientras tanto, familiares y amigos aprenden a transitar el duelo por las muertes que, en pandemia, son aún más crueles. Porque no pueden acompañar a su padre, madre, hermano o amigo y en ocasiones, tampoco despedirlos.

En las últimas semanas se han multiplicado las consultas, y otras tantas denuncias, de tucumanos que se quejan por no poder dar el último adiós a sus seres queridos internados en clínicas o sanatorios privados. La Defensoría del Pueblo ha recibido cerca de 30 llamados para solicitar la intervención del organismo.

En Tucumán, como se ha informado oportunamente en nuestro diario, se encuentra en marcha el Programa Acompañar, que depende del Ministerio de Salud y que tiene como objetivo mejorar los procesos de acompañamiento de pacientes afectados por la Covid-19 en estado crítico de salud. Los protocolos son estrictos, al ser una enfermedad muy contagiosa, y sólo puede entrar un miembro de la familia a la sala de cuidados críticos, por 15 minutos y después de haber firmado un consentimiento aceptando el cumplimiento de los requisitos. En la resolución del Ministerio de Salud se establece que la iniciativa se aplica en “todos los hospitales que asisten a pacientes con Covid-19 en horas/días terminales, situación de últimos días”. Pero no especifica su aplicación en el sector privado de la salud, por lo cual la decisión queda en manos de las autoridades de los sanatorios y de sus capacidades operativas. “En un mes que lleva el programa hemos tenido 53 intervenciones mediante las cuales 53 pacientes han recibido el acompañamiento familiar en el sector público”, cuenta Walter Sigler, director de Salud Mental del Siprosa.

La muerte en aislamiento presenta un escenario en el que todos sufren. El desafío para las instituciones de la salud es enorme y se ven en la encrucijada de evaluar el riesgo de contagio, la seguridad del paciente, la del acompañante, la de los profesionales sanitarios, la propagación de la enfermedad; el derecho de pacientes a ser acompañados por un allegado, el derecho del paciente a bien morir y el derecho de los familiares y allegados a contar con condiciones que permitan despedirse y realizar un duelo adecuado.

Nadie debería estar condenado a morir solo. La familia debería tener el derecho de poder decir adiós. ¿Esto es justificable, aún ante el riesgo biológico?, se preguntan los miembros de las sociedades científicas argentinas, organizaciones de la sociedad civil y de universidades que elaboraron oportunamente una guía de recomendación para estos casos. En base a ejemplo de los países europeos que pasaron por situaciones similares a principios de este año, los especialistas consideran que deberían conformarse los equipos correspondientes para que tanto en el sector público, como en el privado, esos derechos sean atendidos de igual manera.

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