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Es oficial: los 11 jueces encargados de concluir los casos del antiguo Código Procesal Penal recibieron 16.000 expedientes, volumen al que hay que agregar las investigaciones en trámite en las fiscalías. A ellos se sumaría la denuncia que el juez Enrique Pedicone presentó contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, si es que queda firme el criterio de la fiscala Mariana Rivadeneira de tramitar esta causa con el sistema que rigió hasta el 31 de agosto. Los datos surgen de la respuesta que Claudia Sbdar, presidenta de la Corte, dio al legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. El vicepresidente primero del Poder Legislativo analizó que las cifras planteaban una situación gravísima. “Estamos ante una verdadera crisis del sistema judicial”, opinó.
El llamado régimen conclusional de la Justicia penal empezó a funcionar este mes sin precisiones sobre su carga de trabajo. Vargas Aignasse solicitó los datos a Sbdar como consecuencia del debate sobre la “puerta giratoria” del Poder Judicial que desencadenó la denuncia contra Leiva por su supuesta intención de que Pedicone “manejara las intensidades” de una pesquisa por presunto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi. A continuación el vocal refirió que su denunciante había liberado “contra el orden jurídico” un centenar de presos con preventiva. Este conflicto derivó en la presentación de pedidos de destitución para ambos y, también, para otros seis magistrados vinculados al juzgamiento postergado de un crimen previo de uno de los supuestos homicidas de Ana Dominé.
Con la advertencia de que el manejo de los casos penales remanentes del viejo sistema podría generar “un agujero negro de impunidad”, Vargas Aignasse solicitó el detalle de los números a Sbdar el 23 de septiembre. La respuesta que ingresó el lunes a la Legislatura indica que los dos juzgados de Instrucción conclusionales tienen 3.351 expedientes mientras que hay 12.625 en las tres salas de la Cámara Penal. Se supone que esta estructura debe resolver ese caudal de procesos hasta septiembre de 2023. Del total, 4.700 causas refieren a delitos graves: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual y robos agravados. Además, Sbdar informó que en 256 procesos hay una o más personas privadas de la libertad de manera precautoria -a la espera de una sentencia definitiva- (ver cifras por separado).
Vargas Aignasse calculó que en la órbita del Ministerio Público Fiscal hay otros 16.000 conflictos para procesar con el viejo Código. “Un total de nueve jueces (repartidos en tres salas de tres) deberán sentenciar en alrededor de 32.000 causas. Un cálculo sencillo indica que harían falta 10 años para concretar esa tarea a razón de un fallo por día y por juez. Es algo inverosímil y fácticamente imposible”, observó. Y añadió: “podría haber amnistías masivas por la prescripción de los casos en virtud del transcurso del tiempo”.
El presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura manifestó que estaba en juego el derecho al acceso a la justicia por parte de miles de víctimas: “estas verán a los delincuentes libres sin que hayan sido juzgados, con todo el descrédito que ello genera”. El legislador afirmó que no podían permitir que el sistema judicial se transformara “en un agujero negro de impunidad” y reiteró que los números no cerraban. Según su criterio, los tres poderes del Estado deben resolver este problema, y sugirió como medidas la incorporación de jueces y de oralidad. “Es de suma necesidad y urgencia que busquemos una solución para esta situación que impactará inexorablemente en nuestra calidad de vida. Estamos a tiempo aún”, dijo.
La “herencia” del viejo Código
15.976 procesos recibieron los 11 jueces destinados a concluir los conflictos del antiguo sistema.
3.351 causas están en manos de los dos jueces de Instrucción.
12.625 casos aguardan el juzgamiento en las tres salas de tres jueces de la Cámara Penal.
256 procesos tienen al menos una persona privada de la libertad de manera preventiva.
4.700 de los conflictos corresponden a delitos graves: homicidios, delitos contra la integridad sexual y robos agravados.
16.000 expedientes más habría en las fiscalías, según los cálculos del legislador Vargas Aignasse.
