Se derrumba el abismo - LA GACETA Tucumán

Se derrumba el abismo

28 Sep 2020 Por Irene Benito

Hay en el conflicto que envuelve al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, una vocación genuina por la destrucción total de la institucionalidad. Da la impresión que Leiva no es el ocupante circunstancial de un cargo público sino el sistema en sí mismo, o, por lo menos, uno de sus símbolos más conspicuos. Pasan los días y, lejos de perder intensidad, la crisis se expande: si hasta la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) que lidera el santafesino Ariel Ariza comienza a verse interpelada por asistir en silencio a la crucifixión de los jueces responsabilizados por “la inseguridad” imperante en la provincia, reacción que estimuló el vocal denunciado. Enrique Pedicone, el magistrado denunciante con licencia, encabeza una tabla de pedidos de destitución de “porteros de la puerta giratoria” que ya incumbe a otros seis colegas ligados al crimen previo de uno de los presuntos homicidas de Ana Dominé: Carlos Caramuti, Rafael Macoritto, Dante Ibáñez, Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Eduardo Romero Lescano. Ante esta cacería, Marcela Ruiz, la titular de la Asociación de Magistrados de Tucumán, calla como callan los compañeros de Leiva en la Corte respecto de las peticiones para que aquel se aparte y sea investigado. Ruiz es vicepresidenta primera de la FAM y, desde esa posición, parece estar imponiendo a Ariza la receta de la ajenidad y la especulación que enloda a tutiplén.

La violencia con la que se precipitan los acontecimientos acrecienta la perspectiva de que ninguna autoridad está exenta de la mancha venenosa que destila el caso “Leiva”. A despecho de El Quijote, que dice que “somos hijos de nuestras obras”, algunos se entusiasman con la idea de que sus acciones y omisiones carecerán de consecuencias. A diferencia de otros escándalos, aquí todo sigue la suerte de “los audios de Pedicone” y queda al descubierto. Lo corrobora la acusación que el propio vocal y su defensor Esteban Jerez articularon contra Carlos Díaz Lannes, aspirante a juez y presidente (con licencia) del Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus), que ilustra sobre cómo los ternados se acomodan con el poder político para llegar a la judicatura. Mario Velázquez, el único juez penal provincial que se animó a enfrentar a los “cazadores de porteros”, usó la palabra “luminol” para describir este exhibicionismo grotesco de disfuncionalidades institucionales.

El héroe cervantino habla al oído de la fiscala Mariana Rivadeneira y del juez Juan Francisco Pisa. En sus respectivas funciones de investigar y de controlar las investigaciones, ambos han dado muestras probadas de su desinterés por incomodar a los que mandan: esa característica los colocó en la posición de decidir el destino de la denuncia de Pedicone. Rivadeneira dio esta semana la señal de que no se moverá del libreto que ha derivado en la inefectividad del 100% de las acusaciones contra funcionarios públicos con fueros. En lugar de inclinarse por las audiencias orales y públicas vigentes desde septiembre de 2017 aún para el régimen procesal penal fracasado de 1991, la fiscala optó por el esquema escrito y cerrado. Es justo lo que Leiva y su defensor Esteban Jerez pretendían. La pregunta es de qué les sirve obtener una declaración de inocencia con unas reglas tan desacreditadas por dar la espalda a la sociedad, que el mismo Leiva vituperó. Hace un año, el vocal se revelaba como el promotor número uno de las audiencias. “Esto debe transformarse en una realidad para dejar atrás procesos que antes tenían un tratamiento eterno, que llevaba a prescripciones y a indefiniciones casi generacionales”, proclamó en una entrevista con Telefe Noticias disponible en YouTube.

La posición de Rivadeneira traslada los riesgos de autodetonación de la denuncia penal explosiva a las manos de Pisa, cuya última hazaña fue haber guardado durante casi tres años el sobreseimiento que otorgó al gobernador Juan Manzur respecto de una acusación de supuesto enriquecimiento ilícito. A menos que se excuse, Pisa tendrá como primera medida que resolver si admite o no querellantes contra Leiva. Hay tres en la fila: Pedicone; el Cedjus y Salvador Iovane (h), representante de la denunciante del legislador Ricardo Bussi. Estos acusadores particulares podrían aportar pruebas y argumentos, además de impedir el secretismo del proceso. Pero el vocal y Jerez anticiparon que no permitirán ojos indiscretos. El tiempo para resolver estas cuestiones se agota. Está al caer el pedido de per saltum (planteo para saltear los carriles procesales corrientes) que exigirá una posición a los vocales Claudia Sbdar, Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, siempre con Leiva observándolos desde su despacho. Sería un modo de alinear a la Corte local con la tensión que acecha a la Corte de la Nación respecto del per saltum que incoaron los jueces federales reubicados por el Senado y el presidente Alberto Fernández.

La debacle institucional de “Trucumán” va, en realidad, un paso adelante si se considera que una senadora, Silvia Elías de Pérez, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este distrito carece de independencia judicial. Con eje en los procesos “Leiva” y “Lebbos”, la presentación denota un estado de cartuchos y de libros quemados. Elías de Pérez y los demás peticionarios manifestaron que la provincia desconoce de facto los tratados internacionales vigentes. Para colmo el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, lugarteniente de Manzur en el Poder Legislativo, acaba de alertar que Tucumán está ante un agujero negro de impunidad en referencia a la opacidad de la estructura judicial encargada de terminar los casos del viejo Código. Es el ámbito donde Rivadeneira, Leiva y Jerez quieren esclarecer los delitos expuestos por Pedicone. Si algo le faltaba a este desmán era que Alberto Binder, el jurista que pensó, organizó y enseñó la reforma procesal local con un mes de antigüedad, dijera que la politización de la Justicia advertida en el tratamiento de la causa del vocal conspira contra la gobernabilidad democrática y pone en riesgo la promesa de unos Tribunales republicanos. Binder y su discípulo Alberto González dieron a entender que el caso “Leiva” está fagocitando esa expectativa. Es un llamado de atención mayúsculo para una comunidad sometida a una decadencia desbocada, que luce decidida a derrumbar el abismo.

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