Volver al futuro

19 Sep 2020 Por Roberto Delgado
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La decisión del Consejo Superior de la UNT de hacer estudiar el acuerdo minero por el futuro yacimiento de Agua Rica que firmó Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) abre una perspectiva fuerte sobre el destino de la Universidad como socia en la extracción y venta de mineral. Al mismo tiempo, la estrategia de llevar las cosas al principio de la ley de creación de YMAD en 1958, que esgrime el delegado de la UNT en YMAD, José Roberto Toledo, abre dos caminos. Por un lado refresca la utopía del descubridor del yacimiento, Abel Peirano, y del ex rector Horacio Descole, de cumplir el sueño de la Ciudad Universitaria. Por otro, va a generar una ucronía: imaginar qué hubiera pasado si los hechos históricos hubieran sido de otro modo.

Disputas zanjadas con la ley

YMAD es un ente en el que participan la UNT (dos delegados), la provincia de Catamarca (otros dos) y la Nación (uno). Se creó en 1958 por ley 14.771, después de muchas disputas con Catamarca, que reclamaba que la UNT no tenía nada que hacer en ese yacimiento de 350 km2 de Farallón Negro. Pero la rica cantera minera había sido descubierta a mediados de los años 40 por Abel Peirano con exploraciones pagadas por la UNT, que se extendía al NOA. Precisamente las disputas entre Catamarca y la universidad se zanjaron con la ley 14.771, que establece claramente que el destino de las utilidades de la minería debía ser 60% para Catamarca y 40% para la UNT, y que este porcentaje debía destinarse a la creación de la Ciudad Universitaria. Sólo cuando esta estuviera concluida se dividiría ese 40% en una mitad para la UNT y otra para las restantes universidades nacionales.

Esa ley se sancionó en 1958, cuando Eugenio Flavio Virla era rector de la UNT. Cuenta el geólogo Florencio Aceñolaza (ex decano de Ciencias Naturales y ex delegado en YMAD) que en los 80, le preguntó a Virla por qué en la ley de YMAD se establecía que debía repartirse a las otras universidades una vez que se cumpliera el objetivo, le respondió que era por el apoyo que habían dado en las duras negociaciones para lograr la ley de YMAD. “Quédese tranquilo porque la Universidad nunca dejará de construir un aula o un edificio y que estos no puedan ser considerados como parte de la Ciudad Universitaria”, le aseguró.

Pero la UNT minera no tuvo significación durante décadas excepto como sueño de Peirano, que se imaginaba una universidad sustentada por la minería. En los finales de los 40 y principios de los 50, la idea de la Ciudad Universitaria se concretó con enormes obras surgidas de dineros nacionales: las instalaciones y viviendas de San Javier y de Horco Molle dieron forma al corazón del gran proyecto, cortado por la revolución de 1955 pero mantenido en la ley de creación de YMAD.

No obstante, las obras que se hicieron posteriormente –como la Quinta Agronómica- fueron financiadas con otros fondos. La “epopeya de un sueño minero” –como llamó Aceñolaza a la gestión universitaria en esta cuestión desde Peirano- reapareció en los 90, cuando se permitió la explotación minera con las grandes compañías multinacionales y surgió el gran yacimiento de Bajo la Alumbrera. El proceso de preparación duró 12 años, desde 1994 hasta 2006, hasta que empezó el flujo de dinero, que se mantuvo hasta 2014.

No habían pasado dos años de regalías cuando el entonces rector Juan Cerisola firmó con YMAD un acta en la que se señalaba que se daba por concluida la Ciudad Universitaria, conforme a lo hecho por una Unidad Ejecutora de Programas de Obras, y determinaba que el 40% de utilidades de YMAD debía dividirse en una parte de libre disponibilidad para la UNT y otra parte para las universidades. En 2014 Aceñolaza denunció que la UNT había dejado de percibir 500 millones de pesos a causa del acta, la cual fue posteriormente declarada nula por el Consejo Superior. La misma Universidad, que hasta había nombrado a Cerisola delegado en YMAD tras su rectorado, denunció por nula el acta ante la Justicia federal de Catamarca y hace pocos meses la Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón en cuanto a la legitimidad del reclamo y ordenó que hasta que se resuelva la cuestión de fondo cualquier dinero correspondiente al 40% de regalías debía mantenerse depositado en un plazo fijo.

Esta compleja historia derivó en la gran denuncia contra Cerisola y tres ex subordinados por presuntas maniobras irregulares y sobreprecios en obras realizadas con los fondos mineros. Las preliminares del juicio se van sustanciando lentamente: acaban de entregarse a los peritos de la Corte Suprema nacional los expedientes originales por pedidos de pericias de parte de la defensa de Cerisola. Tal vez el juicio se lleve a cabo el año que viene.

Sacudón a la conciencia

Además, el comienzo de la gran explotación minera fue un sacudón brutal para la conciencia de la UNT. Por un lado, la inyección de dinero; por otro, la sombra de la contaminación ambiental, que fue creciendo en reclamos permanentes y derivó en sospechas constantes que parecían corroborarse con cada derrame en el país y con las denuncias de las poblaciones cercanas a los yacimientos.

En la sesión del 5 de noviembre pasado del Consejo Superior, cuando se ordenó crear las comisiones para investigar todo lo realizado con el acuerdo de YMAD para avanzar hacia la futura explotación de Agua Rica (un yacimiento enorme, en un lugar distante 30 km del área de Farallón Negro) se plantearon todas las inquietudes: saber si YMAD entregó fuera de norma y mal la infraestructura (valuada en unos 1.000 millones de dólares), si el acuerdo por Agua Rica es desventajoso y si se puede explotar la minería sin contaminar el ambiente. En un mes se ha de saber y la UNT volverá a tomar un rumbo en este asunto, que la ha tenido a los tumbos en los últimos 10 años y que ha llevado a ese enorme juicio por corrupción que involucra a Cerisola y compañía.

Entonces aparece el planteo de José Roberto Toledo, que no sólo dice que el acta de 2008 es nula, sino que hay que volver a lo que dice la ley 14.771: “…El 40% por ciento restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados…”. ¿Qué sigue? ¿Una querella para la restitución del dinero de regalías gastado en otras cosas que no fueron las obras para la Ciudad Universitaria, o entregado a otras instituciones? En caso de que el Consejo Superior determinara que procede avanzar o renegociar el acuerdo por Agua Rica, o incluso renunciar a la participación de la UNT en minería, ¿cabe pensar en un impacto económico? La misma infraestructura que le quedó a YMAD de la explotación en Bajo la Alumbrera es enorme –instalaciones en Andalgalá, mineraloducto, instalaciones en el puerto de Rosario- y forma parte de uno de los puntos conflictivos del acuerdo.

De cualquier modo, el argumento de Toledo –que, se supone, es compartido por la gestión del rector José García y por el otro delegado en YMAD, Domingo Marchese, quien había considerado en su momento que el acuerdo por Agua Rica era beneficioso- reinstala la utopía de Peirano y de Descole de la Ciudad Universitaria. Y surge la ucronía: ¿qué hubiera pasado si Cerisola no hubiera firmado el acta y hubiera destinado las regalías a concluir ese sueño? Por lo menos estaría funcionando el edificio abandonado de San Javier y los quonsets y las viviendas de San Javier y Horco Molle se destinarían a un pujante campus universitario unido por el funicular, entre otras cosas. Una ucronía que hace imaginar un sueño probable.

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