Seguridad a contramano

05 Sep 2020 Por Roberto Delgado
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La discreta presentación de las estadísticas criminales en el país que hizo la ministra de Seguridad Sabina Frederic hace cuatro días dejó a Tucumán en un piadoso manto de silencio. El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que da cuenta de las cifras de 2019, pone a nuestra provincia en el tercer lugar en cantidad de homicidios dolosos (141), por detrás de Buenos Aires (878) y de Santa Fe (340), y en el segundo lugar en cuanto a la tasa de asesinatos cada 100.000 habitantes: primera está Santa Fe (9,7), seguida por Tucumán (8,4), lo cual sitúa a estas provincias en niveles de epidemia de violencia, mientras que el país registra índices no epidémicos (5,1) que permiten a las autoridades nacionales mostrar que desde 2014 a 2019 han bajado las cifras de violencia homicida. Lo decían los funcionarios del macrismo y ahora los del fernandismo.


Las peores de todas

Tucumán, al igual que Santa Fe, que está asediada por el narcotráfico, es una isla de violencia en la que las cifras van creciendo sin pausa. Bordeando el centenar de homicidios en lo que va de 2020, en Tucumán ya se avizora que el año próximo el informe sobre la criminalidad violenta en el país de la pandemia mostrará datos muy diferentes entre las dos peores de todas y el resto del territorio nacional.

El informe del SNIC da cuenta de que hubo un repunte de un 13,6% de los delitos contra la propiedad (ocupan el 55,5% de las denuncias) en comparación con 2018, que fue especificado por el diario La Nación como que en el país hubo 1.291 robos cada 24 horas. A diferencia del informe del año pasado, cuando el delito más denunciado en Tucumán eran las amenazas, ahora la cifra de denuncias en la provincia es encabezada por el robo, seguido por amenazas y por hurto.


Contra la integridad sexual

También hubo en el país un aumento significativo del 28,9% de los delitos contra la integridad sexual, explicado en el informe en función de que acaso hubo más denuncias por cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, aunque es difícil por ahora establecer precisiones. “Por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subrregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas”. El informe promete que se harán (¿en breve?) encuestas de victimización que indiquen el nivel de no denuncia (la última se hizo en 2017). En Tucumán se denunciaron 498 delitos contra la integridad sexual y 273 violaciones, contra las cifras de 2018, 336 contra la integridad sexual y 208 violaciones. En el informe nacional no se hacen mayores consideraciones sobre femicidios, aunque se aclara que se está trabajando en comisiones al respecto. Se menciona que se registra por primera vez datos sobre sexo de las víctimas y así se detalla que en los últimos tres años la mayoría de las víctimas de lesiones fueron mujeres. En el caso de la violencia de género, Tucumán en 2020 está en los primeros lugares desde que se difundió que a mitad de este año, con 13 femicidios, registraba la tasa más alta del país, junto con Salta y con Misiones.


Cazando consumidores

Otro aumento llamativo a nivel nacional ha sido el de infracciones a la ley 23.737 (drogas) de un 58.8% de 2018 a 2019, producto de la política de detenciones masivas y secuestros de droga generada en el macrismo. No obstante, el informe menciona que el crecimiento se explica mayoritariamente por el incremento de 84% de la tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes. Esto es, detenciones masivas de consumidores y en escaso porcentaje de narcotraficantes. La quietud del Gobierno nacional en cuanto a la política que se va a seguir al respecto –que va a ser diferente a la del macrismo- explica de algún modo la quietud que hay a nivel provincial con respecto a la ley local de desfederalización del narcomenudeo, que debería haber entrado en vigencia el 1 de septiembre y que sigue suspendida.


Accidentes, la otra pandemia

También ocupan un lugar llamativo, aunque no se trata de delitos, las cifras sobre accidentes de tránsito y de suicidios. En accidentes, Tucumán ha tenido un crecimiento de los 300 registrados en 2018 a 320 en 2019, mientras que hubo un descenso a nivel país (de 4.796 a 4.292). Los suicidios, tema del que se habla poco, registran aumento en nuestra provincia (120 contra 116 del año anterior) y son un inquietante fenómeno en el país. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué registros dejará para el informe 2021 este mundo de encierro por la pandemia?

Mientras tanto, la provincia está como paralizada, arrastrada por la inercia de la situación que se vive por la emergencia de salud, y que ha llevado a la fuerza de seguridad a seguir los protocolos de control de la población. Así, se da una circunstancia especial de choque de responsabilidades. En las últimas semanas se han difundido las normas que el poder político ha propuesto para mejorar la seguridad y que no se aplican (sistema de cuadrantes, Ley Antimotochorros, Ley provincial de lucha contra el narcomenudeo, Ley de Policías municipales), como si éstas fueran la panacea que va a cambiar las cosas. Lo cual no está probado; en su momento, cuando fueron propuestas, generaron varias objeciones que no han sido solucionadas. ¿Pueden funcionar? El mismo gobernador no parece tener en claro qué se va a hacer con las propuestas de sus funcionarios: estos pidieron hacer una cárcel en Benjamín Paz y ahora se anuncia que se hará una penitenciaría chica en Banda del Río Salí.


Echando culpas

No obstante, la difusión de estas normas que no se aplican en seguridad ha dado pie para que el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse culpe a la Justicia de que libera presos y fomenta la inseguridad. “Le hemos dado (a la Justicia) las leyes necesarias, el gobernador de la Provincia destina recursos que no tenemos y que tendremos que devolver para mejorar comisarías, para comprar armas, para incrementar la cantidad de policías que mes a mes están ingresando a la fuerza para enfrentar el delito. Pero desde la Justicia no encontramos eco”, dijo. No explicó si todos los detenidos que abarrotan las cárceles y las comisarías son liberados por la justicia. La mirada sobre casos denunciados no nos deja ver el bosque para entender cómo está funcionando el sistema. Por su parte, en la Justicia confían en que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que acaba de entrar en vigencia, aliviará la sensación de inseguridad, al resolver con más celeridad las causas. Pero no se han dado a conocer informes estadísticos sobre los resultados que ha tenido el sistema en Concepción, donde rige desde 2018. ¿Mejoró la seguridad en “La perla del Sur”? Conocer esto permitiría saber claramente si el problema de la seguridad –específicamente, la prevención- es cuestión del Ejecutivo o del Judicial. Esta inercia provincial da lugar a la frustración y el enojo que se percibe con cada hecho violento de inseguridad.


Mirar más allá

¿De qué sirve el informe del SNIC? Según refiere la Nación, se está coordinando entre todas las provincias la recolección de datos (pese a que Tucumán sigue con el poco confiable registro manual de denuncias en las comisarías) y para 2022 ya habría más confiabilidad en la carga de denuncias. Tres distritos han dado pasos importantes al respecto. Buenos Aires incorporó la denuncia on line; la Ciudad de Buenos Aires estableció un sistema de auditorías sobre los sumarios policiales, que ha mejorado el registro; y Mendoza cambió en 2018 el Código Procesal Penal y eso incluyó que las denuncias y no pasan por las comisarías sino por oficinas del Ministerio Público Fiscal. Tucumán puede mirarse con esos casos y decidir qué hacer, más allá de los anuncios y las frustraciones. Los datos del SNIC muestran una radiografía. Lo importante es saber qué hacer con ellos para salir de esa curva ascendente que va a contramano del país.

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