La burocracia de la quema

22 Ago 2020 Por Roberto Delgado
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Al escritor Robert Louis Stevenson (autor de “La isla del tesoro”) casi lo linchan en una visita a California en 1879, porque encendió un fósforo junto a un pino en tiempo de sequía. “El árbol estalló como si hubiera sido un cohete. Al cabo de unos segundos, se había convertido en una columna de rugientes llamas”, cuenta en “El emigrante aficionado”. A partir de entonces Stevenson puso especial atención en las frecuentes quemas que arrasan anualmente con los bosques de California y aprendió la lección.


Dañosa cultura “ancestral”

El mundo está lleno de incendiarios ocasionales como él y eso se está viendo en este sequísimo invierno tucumano, que está por alcanzar el récord de 1.325 focos de quema denunciados en 2013, año que seguía al ardiente 2009, plagado de incendios de campos. 2013 fue tiempo de catástrofe para poblaciones que padecen anualmente el humo, las cenizas y el fuego, como Los Ralos y Bella Vista, y para el tractorista Enrique Soria, de Yerba Buena (Monteros), que el 27 de julio de 2013 encendió las cañas de su campo junto a la ruta 325 y el viento las llevó contra su propio tractor.

Él era un caso de productores chicos, llamados “cañeros ancestrales”, que tienen la cultura del fuego como método de cosecha, según los describió hace días el abogado Facundo Moreno Majnach, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo dijo a propósito de la cultura de la quema, que atañe a cañeros pero también a la gente en general, puesto que se queman rastrojos, banquinas, ramas, basura y cualquier tipo de sobras. “Si las banquinas de las rutas estuvieran mantenidas, la gente que debe caminar por allí no les prendería fuego. Aquí hay fallas oficiales”, describió.


Partículas concentradas en el aire

Este año las quemas han arreciado, sobre todo en julio y agosto, y se prevé que a medida que se acelere la zafra hacia su fin en octubre o noviembre, si continúa esta sequía –como está pronosticado-, el problema crecerá. Ya se han cosechado 156.850 hectáreas, cerca del 60% del total. Este año, a diferencia de 2013, hay, por un lado, informes que agravan la inquietud, porque se advierte que las partículas en suspensión en alta concentración generan problemas respiratorios y también tendrían incidencia en la mortalidad de enfermos de covid-19. Esa es la conclusión de una investigación de la Universidad de Harvard, recientemente difundida. Son datos de EEUU, por cierto. En Tucumán no se hacen registros de la concentración de esas partículas y de los niveles altos de dióxido de carbono, según explicó el biólogo Juan González, del Instituto de Ecología de la Fundación Miguel Lillo. De lo que sí hay registro es de la localización de las quemas: lo hacen cuatro satélites que indican en el acto dónde están los focos de fuego, lo que permitiría a las autoridades actuar de inmediato.


Multas sin efecto

Pero poco es lo que se puede hacer con apenas un vehículo y 10 inspectores para toda la provincia, dicen en Medio Ambiente. Además, como se relata en la publicación del 9 de agosto (“Humo en el aire: en Tucumán la quema es un delito poco castigado”), la tremenda burocracia anula las pocas multas que se hacen: se descubre una quema; se va a Catastro para identificar el padrón; se va con el dato al Registro Inmobiliario y se ubica al dueño para notificarlo; pero podría ocurrir que el terreno esté en sucesión o que esté alquilado, con lo que la notificación sufre demoras… hasta completar el proceso puede pasar un año o más. Eso lo permite la ley 6.253, supuestamente para prohibir la quema. “¿Por qué no se cambia la ley y se hace expeditiva la multa en 48 horas?”, pregunta el biólogo González.

Por el lado de la acción penal, la situación también encierra trampas y burocracia. Hay una resolución del Ministerio Público Fiscal de 2014 que establece que es competencia de los fiscales de instrucción ocuparse de este asunto (hoy le compete a la fiscalía de Delitos Complejos). Pero nadie se ocupa de oficio, y las denuncias tienen su trámite. Hubo excepciones, como la del entonces fiscal V, Washington Navarro Dávila (hoy bajo el escrutinio público por los ascensos discrecionales a su hija en su área como ministro público de Defensa). Cuando estaba en la fiscalía, en 2014, atendió la denuncia contra el cañero Adrián Mamaní, de Bella Vista, acusado de quemar su campo y poner en riesgo las casas de sus vecinos. Se descubrió entonces que en el libro de actas de la comisaría de Bella Vista había hojas en blanco en las que, supuestamente, se podían poner antedatadas denuncias de propietarios de quema de sus campos por manos anónimas.

Con una denuncia de ese tipo se puede entregar la caña quemada en el ingenio. Lo permite la ley. Se sospechó entonces que había un negocio ilegal de venta de actas de denuncias policiales. También el fiscal ordenó en ese momento que hubiera un policía en la puerta del ingenio para identificar a camioneros que llevaban caña quemada y a los dueños de la caña. Pero eso sólo se hizo en el proceso de investigación de esa denuncia penal de Bella Vista.

Este año acaso sea peor en quemas que 2013, aunque los funcionarios y los integrantes de la Mesa de Gestión Ambiental –que ya lleva más de una década de trabajo- destacan como hecho muy positivo que la concientización para la producción limpia de caña –sin quema- ha ido creciendo.

Al comienzo eran pocos cañeros y pocas hectáreas; en 2016 ya eran 10.000 ha y ahora se dice que son 45.000 ha. Habrá que ver si el agravamiento de las condiciones económicas derivado de la emergencia por el coronavirus genera una vuelta atrás. Igualmente, al paso que vamos, hasta lograr que la totalidad de las 260.000 hectáreas de cañaverales de la provincia sean cosechadas sin quema podrían pasar al menos dos décadas. Acaso la salud y el medio ambiente no puedan esperar tanto.

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