“Si liberé seis, ¿quiénes liberaron los otros 229?”

La discusión por la liberación de los presos fue central ayer en el escándalo que se desató por la grabación de un pedido que le hizo el vocal de la Corte Daniel Leiva al juez Enrique Pedicone, según consta en la denuncia que éste le hizo al primero. Ayer, por la tarde ingresó en la Legislatura una carta para el vicegobernador y presidente de la Cámara, Osvaldo Jaldo. La misiva lleva la firma de Pedicone, en su calidad de juez y de los abogados Fernanda Battig y Arnaldo Ahumada. En ese escrito le ofrecen a Jaldo los datos de los expedientes en los que intervino Pedicone durante el lapso solicitado por la Cámara y además notifica al Poder Legislativo de que bajo la designación de “Leiva gate” varias embajadas y el Congreso de la Nación fueron alertados sobre “la gravedad institucional” por la que atraviesa Tucumán.

Dirigiéndose a Jaldo, el trío de letrados dice que ha notado que “el legislador Gerónimo Vargas Aignasse y su persona (el vicegobernador) están preocupados, repentinamente, por la seguridad de la sociedad y los presos liberados”. Señala además que Vargas Aignasse expresó que consideró insuficiente el informe recibido de la corte sobre la liberación de 235 presos entre marzo y julio “al no informar el nombre y antecedentes de esos presos liberados, causa y juez interviniente y que esa información jamás llegó a la legislatura”.

“Pese a que tal pretensión era una intromisión inconcebible hemos decidido proporcionar los datos que busca por el noble propósito de proteger a la dama de la Justicia y a nuestra presidenta, Claudia Sbdar, de iracundos arranques que presumo tiene como destinatario atemorizarme como juez de la República”. Pedicone, Battig y Ahumada dicen justificar esos temores porque el vicegobernador afirmó: “exijo como segunda autoridad de la provincia que el juez presente las pruebas en la Justicia” y “la Legislatura pide a la Corte las sentencias de Pedicone que revocaron prisiones preventivas”.

A continuación la nota detalla seis juicios en los que intervino Pedicone y los letrados les hacen una advertencia al vicegobernador: “el código antiguo permitió negar el acceso a víctimas como Paulina Lebbos, Roxana Teves, entre otros y que, gustoso, concurriría a explicarles los amaños que tiene ese código que intenta hacer valer la fiscal Mariana Rivadeneira en el caso Leiva Daniel sobre tráfico de influencias.

Pedicone además puso en conocimiento de la Legislatura la nota que envió a diferentes embajadas (Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, entre otras) y al Senado y la Cámara de Diputados de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Específicamente, le adjuntó la misiva que está escrita en inglés para anoticiar a la Cámara de aquellas notificaciones a otros países.

Por último, la nota que comienza diciendo “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, (frase de Montesquieu), concluye diciendo: “¡Pues bien!, ahora que nos entendemos, porque nos entendemos, ¿no es así? Si de 235 presos liberados, liberé seis, entonces, ¿quiénes liberaron los 229 restantes?”