El oficialismo se plantó y logró que el tsunami judicial quede afuera

La Legislatura sancionó -por unanimidad- una ley para regular el uso y la comercialización de pirotecnia en Tucumán. Con ello, se busca reducir el impacto de las explosiones en personas, animales y medio ambiente, bajo la premisa de que debe haber muchas luces y pocos estruendos. Esa consigna, casualmente, también sirve para describir el clima que hubo en la sesión de ayer.

Todo el mundillo político-judicial apuntó sus reflectores a “la caja de resonancia” del pueblo, en medio de la crisis institucional que brotó del escándalo “Leiva-Pedicone”. Pero no hubo estrépitos; el oficialismo hizo prevalecer lo acordado en Labor Parlamentaria -antes de conocerse la denuncia- para suspender las manifestaciones generales por la pandemia. De todos modos, se vieron chispazos entre las bancas y se filtraron algunos estallidos, pero fueron contenidos y no llegaron a elevados decibeles.

De movida, antes de que se llegara a aprobar el orden del día, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) efectuó una moción de orden para que se deje sin efecto el acuerdo de postergar para la próxima sesión las manifestaciones generales y homenajes. “Creo que desde la última Labor (Parlamentaria) a la fecha se han producido acontecimientos institucionales que merecen ser tratados. Es un tema muy grave y hay algunas opiniones que merecen ser vertidas en la ‘caja de resonancia’, que es este Recinto. No podríamos mirar para otro lado en vista de la gravísima situación que estamos atravesando”, encendió el legislador, cuya causa penal por presunto abuso sexual quedó en el medio del enfrentamiento entre el camarista Enrique Pedicone y el vocal de la Corte, Daniel Leiva. Sin embargo, esa “mecha” se apagó ya que no hubo aval mayoritario.

Entre lapachos y cañas

Ante la ausencia de Osvaldo Jaldo, que ayer tuvo el Poder Ejecutivo a cargo, el debate fue inaugurado por Regino Amado. El primero de una treintena de temas aprobados fue la modificación de la Ley de Medio Ambiente (N° 6.253), para reducir la burocracia judicial y castigar efectivamente a quienes comentan delitos ambientales, como la quema de caña. En el orden del día, también figuraba una iniciativa del bancario Eduardo Bourlé -aprobada posteriormente- para que el lapacho rosado sea declarado “Árbol Oficial de la Provincia”.

La legisladora bussista Nadima Pecci pidió la palabra en el primer debate y provocó algunas chispas. “Se hace difícil sentarse en la banca y empezar a hablar de la caña y del lapacho como si nada pasara en la provincia. Creo que no podemos soslayar la crisis institucional que estamos viviendo”, dijo, e hizo subir la temperatura: “¿de qué multa podemos hablar si no tenemos la más mínima credibilidad? Se han atacado las instituciones bases del Estado. Los tres poderes están siendo cuestionados. No podemos pasar por alto como si nada pasara”. La bancada oficialista levantó la voz para sofocar el discurso de la republicana, y el presidente subrogante la advirtió por salirse del tema.

La alusión al lapacho no fue bien recibida por Bourlé, que posteriormente se lo enrostró a Pecci. “Es una lástima haber escuchado a la legisladora desacreditar este proyecto; una jovencita que recién comienza a caminar en el campo de la política”, dijo.

Bussi salió en respaldo de su compañera, y aprovechó para insistir con la causa “Leiva-Pedicone”. “Lo que la legisladora Pecci seguramente quiso decir, y comparto plenamente, es que da vergüenza ajena estar tratando el lapacho rosado y no decir nada de las inmensas repercusiones inconstitucionales que tuvo el desprolijo accionar, por decirlo suavemente, del doctor Leiva, en la causa que me involucra. Es una vergüenza”, encendió el discurso, pero fue extinguido por un cúmulo de voces oficialistas que lo superaron en decibeles.

Contra la Justicia

La Cámara se mostró dividida en los votos pero unida en las críticas hacia la Justicia por no poner en vigencia de la Ley de Narcomenudeo (N° 9.188). La nueva fecha aprobada -por mayoría- será el 1 de junio de 2021. “Nos genera irritabilidad tener que tratar este proyecto. Parece que para el Poder Judicial muchas de las leyes que aprobamos acá para ellos no son ley”, disparó Gerónimo Vagas Aignasse, presidente de la comisión de Seguridad. Y aumentó: “si los jueces no cumplen la ley, ¿qué les podemos pedir a los ciudadanos? Ni siquiera nos dicen: ‘perdón, esto ha pasado’”, cuestionó.

Horacio Vermal (FR) y Raúl Albarracín (PJS) firmaron un dictamen de minoría en contra de la prórroga. “El flagelo crece a un ritmo preocupante. No podemos meter en el freezer un tema que ya debería estar cocinado, analizado y aprobado, dijo Albarracín, que votó en contra de la prórroga, al igual que toda la oposición.

El radical José María Canelada cuestionó que sea la Justicia la que incumpla leyes, pero consideró que también hace falta decisión política para cumplir. En ese sentido, recordó que aún no tiene número una norma para sancionar a empleados públicos vinculados al narcotráfico.

Bussi opinó que en materia narcotráfico Tucumán “está off side” con respecto a otras provincias del norte. Federico Masso consideró que no hay razón para la mora. “Dinero tienen. Si necesitan infraestructura para combatir el narcomenudeo hubieran hecho un edificio menos inteligente”, chicaneó, y pidió que no se haga costumbre que ganes los narcos. Mientras que Walter Berarducci (PJS), resaltó que lo que la gente más reclama es seguridad y que se combata la droga. “El mensaje que damos es que la droga no nos importa”, criticó.

Del extenso temario, 19 iniciativas -aprobadas por unanimidad- fueron para favorecer a droguerías que se abrazaron al artículo 7° de la Ley “Suizo Argentina” (N° 9.258), que otorga exenciones de Ingresos Brutos -por hasta cinco años- a cambio de realizar inversiones. En total se volcarán más de $820 millones y se crearán al menos 150 empleaos.

El jefe de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez, que encabezó junto a Juan Ruiz Olivares titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto) el trabajo, opinó que se dio equidad a las firmas locales. Además, se comprometió a ir a Casa de Gobierno para que se promulguen las leyes.

Álvarez, a su vez, remarcó que con estas normas se da un gran paso para convertir a Tucumán en un polo de medicamentos en el norte. Posteriormente, sin embargo, la Legislatura sancionó una ley para derogar el artículo séptimo y “cerrar la puerta” del beneficio impositivo. “El agua bendita les llega al que está en la procesión, no al que está en su casa”, argumentó el taficeño.