Nuevo intento para que entre en vigencia la Ley de Narcomenudeo

Por una causa por abuso de armas y amenazas agravadas, el fiscal Mariano Fernández del Centro Judicial de Concepción ordenó un allanamiento en el barrio Alvear, de Alto Verde, en el sur de la provincia. Los policías se presentaron en el domicilio y encontraron un quiosco de drogas. Este procedimiento habría sido el primero en realizarse con la Ley de Narcomenudeo. Pero no, la norma por cuarta vez en seis años, no entró en vigencia. Y es muy poco probable que se la pueda utilizar, pese a que desde la Legislatura intentaron darle oxígeno implementando una nueva prórroga.

En 2014, con José Alperovich como gobernador se aprobó la primera norma. A meses de que se pusiera en marcha, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia una medida cautelar para evitar su aplicación, ya que consideraba que no estaban dadas las condiciones para que se pusiera en marcha. El máximo tribunal le dio la razón y frenó su aplicación.

En agosto de 2019, por iniciativa del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se insistió con la promulgación de una norma que serviría para que la Justicia ordinaria se hiciera cargo del microtráfico de drogas. “Tenemos una deuda y es la de sacar la Ley de Narcomenudeo”, dijo. Un mes después su proyecto se cristalizó, pero se sancionó otra para evitar la traba legal que le había impuesto la Corte. Supuestamente, debería haber entrado en vigencia el 1 de enero, pero por diferentes problemas no se puso en marcha y, días antes, la cámara prorrogó su aplicación para el 1 de septiembre.

La nueva norma tenía un punto clave. En el artículo 14 disponía la creación de una Comisión Interpoderes. Es grupo debía ser integrado por un vocal de la Corte, el ministro fiscal, el ministro de la Defensa, los ministros de Seguridad y de Gobierno, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y tres parlamentarios (dos por la mayoría y uno por la minoría). Ese grupo, según la norma aprobada en diciembre, debería haberse constituido una vez que fue promulgada, pero eso nunca ocurrió.

La Comisión, según el proyecto aprobado por mayoría en la Legislatura, con un plazo de 15 días hábiles (tres semanas) debía crear una Mesa de Coordinación Ejecutiva, para que cada uno de sus integrantes propusiese un cronograma de actividades, reformas, adquisiciones y acciones que corresponda realizar en sus respectivas áreas para que la Ley entrase en vigencia. Pero todo quedó en la nada.

Al estar próxima en entrar en vigencia, en una resolución firmada el 28 de agosto por los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse, la Corte frenaba su aplicación por ser una norma inconstitucional. “El cambio de la norma en cuestión no modificaba en lo más mínimo la situación de fondo que generaba la aplicación de esta norma”, explicó una alta fuente del máximo tribunal.

Reunión en la Corte

Mientras tanto, y sin saber lo que pasaba en la Corte, el lunes se reunieron los miembros de la Comisión de Seguridad. Alli resolvieron pedir una nueva prórroga de entrada en vigencia de la norma. “El estado de emergencia epidemiológica declarado en el marco de la pandemia, de conformidad a la Ley N° 9.226 y sus normas complementarias hizo imposible el cumplimiento de las tareas preliminares que debían llevarse a cabo para efectiva implementación de la Ley”, argumentaron al solicitar un nuevo aplazamiento para el 1 de junio.

El penalista José del Río sostuvo que se debe concebir una norma que realmente aplicable. “Antes de que se dicte una prórroga, es importante que se sepa cuál es la realidad y qué es lo que se tendrá para aplicarla. Es imposible hablar de lucha contra el microtráfico de drogas si no se nombran nuevos fiscales y jueces que deben ser especialistas en la materia”, analizó.

“La ley de Narco menudeo en nuestra provincia es muy importante si es planificada con un trabajo conjunto y articulado entre los tres poderes”, explicó el abogado Patricio Char. “La desfederalizacion, supone un trabajo codo a codo, capacitación policial en el tema, y una gran estructura del MPF, que hoy se encuentra dando pasos importantes mejorando su sistema en medio de una pandemia”, agregó.

Los cambios

1- El ex gobernador José Alperovich decide adherirse en  2014 a la provincialización de la lucha contra el narcomenudeo. La Legislatura lo apoya con una ley.

2- En 2015, por pedido del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, la Corte Suprema frena la aplicación de la norma.

3- En 2019 se sanciona otra ley para luchar contra el microtráfico de drogas que debería haber entrado en vigencia el 1 de septiembre.

4- En diciembre, con una norma se prorroga para el 1 de septiembre su aplicación. Ahora, la Legislatura decidió aplazarla hasta el 1 de junio.