Llegó la hora de despedir al sistema que rigió la persecución del delito desde 1991. A partir de mañana habrá otras reglas, aunque las mejoras lucen abolladas antes de su debut integral gracias a las “reformas judiciales” sin consenso que el oficialismo impulsó desde la sanción del nuevo Código en 2016. El cambio no pudo escapar de la tendencia acentuada a bloquear la independencia judicial y hay dudas sobre si servirá para devolver credibilidad a los Tribunales o si, como dice un conocedor de las manías del poder, los antiguos vicios seguirán latiendo en el nuevo formato.
La realidad indica que el Código Procesal Penal del 91, que en su momento fue considerado el más innovador del país, dio resultados catastróficos para la ciudadanía y espectaculares para los poderosos. El esquema produjo una burocracia eficaz para prolongar los procesos hasta el absurdo y niveles generales de impunidad estratosféricos en términos de condenas firmes. En particular, exacerbó el blindaje de los fueros. No puede sino llamar la atención que ninguna de las investigaciones jurisdiccionales atinentes a denunciados con inmunidades constitucionales haya sido debatida en un juicio oral y público en los últimos 30 años. En paralelo y a caballo de la estampida de la inseguridad, los Tribunales se dedicaron a justificar su existencia mediante el procesamiento de marginales adictos. Esta “selectividad manifiesta” o desigualdad ante la ley penal implica que hay una Justicia -muy débil- para los ricos y otra -muy implacable- para los pobres. Por algo crecieron como lo hicieron las organizaciones criminales de toda clase y, específicamente, la mafia de la droga, que tantos vasos comunicantes tiene con la política y la Policía.
La Justicia penal dará vuelta la página agria en condiciones diferentes a las imaginadas hace cuatro años. La inquietud mayor reside en la estructura que hasta 2023 deberá atender el cúmulo de las causas pendientes de resolución. La preocupación obedece a que, a pocas horas de activar la reforma, todavía no hay un inventario preciso y público de los casos remanentes. El problema es que ese tren carga con la deuda pesada y pasada de la esfera más sensible de los Tribunales. ¿Cómo podrán 11 jueces y 10 fiscales finiquitar lo que no finiquitó la institución entera durante todo este tiempo? La respuesta es que seguramente la energía se concentrará en los expedientes donde haya víctimas voluntariosas y aguerridas, y actos ilícitos aberrantes. La contracara de esa perspectiva lógica es el peligro de postergación de las denuncias de corrupción, que carecen de querellantes (la ley no habilita esa opción), pero siguen “vivas” por la circunstancia de que el plazo de la prescripción de la acción penal permanece interrumpido mientras los imputados ejercen la función pública.
Los militantes del “piensa mal y acertarás” temen que esta modificación de procedimientos acabe en una autoamnistía para la dirigencia, sustantivo que desde luego incluye a las autoridades judiciales, cuyas causas históricamente han supuesto el mayor desafío porque si ya es arduo investigar a los miembros de los restantes poderes, mucho más lo es el supuesto de que la Justicia se investigue a sí misma. Algunos sospechan que está servida una oportunidad magnífica para “limpiar y borrar” con sigilo el historial de acusaciones. Las opacidades comprobadas abonan aquella hipótesis. En junio, por ejemplo, quedó a la vista que el juez Juan Francisco Pisa había sobreseído en 2017 al gobernador Juan Manzur por el presunto enriquecimiento ilícito detectado en el período que se desempeñó como ministro de Salud y vicegobernador de José Alperovich. El denunciante Oscar López recién accedió al pronunciamiento en marzo de este año por una vía completamente extraoficial. El detalle más escalofriante es que este estado de hermetismo ni siquiera cedió cuando en noviembre de 2017 el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri incluyó al caso de Manzur en un programa de veeduría para la Justicia provincial que pereció sin lograr acceder a los procesos. Pisa por cierto forma parte del staff a cargo de concluir las causas residuales.
Los días finales del antiguo paradigma procesal contribuyen al pesimismo. La postal del camarista Enrique Pedicone en una audiencia “estéril” celebrada en el pasillo y en ausencia del Ministerio Público Fiscal resulta elocuente para ilustrar la decadencia institucional. Máxime cuando Pedicone solicitó a la Corte el “esclarecimiento del bochorno”, y a cambio obtuvo una sanción de apercibimiento de parte de los vocales Antonio Estofán, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. En paralelo, el virus de la parentela, como lo denominó el periodista Federico van Mameren, tritura la imagen de los Tribunales y trasciende las fronteras provinciales. Al final y al cabo eso consiguió el vocal Daniel Posse cuando intimó por carta documento al juez bonaerense Mario Juliano que diagnosticó que el nepotismo había tomado a la Justicia tucumana por asalto. La reacción de Posse no hizo más que ampliar la difusión de la familia judicial que contribuyó a reproducir: Juliano incluso dijo que iba a dar cuenta de la intimidación recibida a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si hasta el Día del Abogado sin festejos ni actos conmemorativos oficiales del prócer de la institucionalidad, Juan Bautista Alberdi, hace juego con este clima sombrío. ¿Podrá el nuevo Código Procesal elevar la moral? Muchos se entusiasman, pero para moderar las expectativas basta con recordar lo que esta “transformación” generó en Concepción de la mano del juez Guillermo Acosta y del fiscal regional Mariano Fernández en el ámbito de las denuncias contra el legislador oficialista Osvaldo Morelli. Si no cambian de actitud los actores, el cambio legislativo resultará impotente para conseguir resultados que finalmente incrementen el prestigio del organismo de control elemental de la república. Como dijo el intelectual Alberto Manguel, nuestra especie es genial y estúpida: no aprende de la experiencia.
