Urge transparentar los ministerios públicos, según el legislador Canelada

Dos proyectos de ley elaborador por el legislador opositor José María Canelada (UCR) procuran transparentar las patas de la organización judicial: el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa que respectivamente conducen Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila. Canelada pretende conseguir su objetivo mediante la creación de una comisión legislativa de seguimiento de los ministerios públicos que obligue a estos a rendir cuentas de sus actos. “Hay que encender las luces apagadas de estos dos ámbitos y salir del oscurantismo porque allí siempre habitan la impunidad y las irregularidades”, dijo el legislador ayer en el parte de difusión de las propuestas.

Canelada manifestó que sus iniciativas tenían como contexto el “problema gravísimo del nepotismo que se había colado en el Poder Judicial”. Y añadió que las nuevas ideas se sumaban al pedido de acceso detallado a la planta de personal que había enviado a Navarro Dávila este mes luego de la revelación de que aquel había ascendido a su hija, la auxiliar Magdalena Navarro Vitar, dos veces entre diciembre y julio.

Uno de los proyectos emula el sistema de control vigente en Santa Fe y en la Nación. “La intención es que los ministerios públicos -órganos encargados de representar los intereses de la sociedad en la Justicia- rindan cuentas una vez al año sobre cómo han administrado el patrimonio e informen sobre sus metas”, explicó. Los ministerios recibieron incrementos presupuestarios inéditos para adecuar sus estructuras a las necesidades del nuevo proceso penal cuya implementación total está prevista para el 1 de septiembre. “Tucumán ha tomado de la reforma procesal penal todo lo que le convino al oficialismo, pero dejó de lado lo que ponía transparencia, traía luz y democratizaba el acceso a la información”, cuestionó Canelada.

El segundo proyecto obliga a los organismos de Jiménez y de Navarro Dávila a garantizar la apertura de los datos acerca de sus actividades y funcionamiento (hoy carecen de mecanismos para publicitar la información). Además, dispone que los integrantes de aquellas organizaciones deben prestar “declaración jurada de bienes” dentro de los 10 días de asumir en el cargo, y que sus titulares serán responsables por los daños y perjuicios que provoquen los actos ilegales y arbitrarios de los agentes y funcionarios a su cargo.