Varias localidades españolas se vieron forzadas a restringir la movilidad de sus habitantes para intentar frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que crece día a día, mientras los distintos niveles gubernamentales lidian con jueces que consideran que las medidas de confinamiento vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En la pequeña localidad madrileña de Tielmes, de 2.600 habitantes, el Ejecutivo regional optó por recomendar a sus ciudadanos un confinamiento voluntario, después de que un juez rechazara la limitación del ocio y la prohibición de fumar en público que había aprobado la Comunidad de Madrid.
Varios ejecutivos regionales notificaron ayer cifras que marcan un aumento de contagios, como es el caso del País Vasco, Cataluña o Andalucía, lo que hace que tanto sanitarios como responsables de la administración hablen ya de la segunda oleada de la pandemia. (Télam)
