Este es uno de esos lunes donde las palabras no consiguen superar los significados de la imagen. Entonces hay que empezar por ahí y recrear la escena que captó Analía Jaramillo, fotógrafa de LA GACETA, en el quinto piso del edificio de la Justicia penal de San Miguel de Tucumán. En el pasillo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, el juez Enrique Pedicone está sentado de espaldas a la puerta de la sala de audiencias, justo atrás de un cartel blanco con la leyenda manuscrita “faja de seguridad” que ha sido pegado arriba del picaporte con cuatro bandas de cinta adhesiva. En un escritorio situado a la izquierda están Eduardo Marti, dueño del Bar y Billares Punto y Banca, y su -hasta ese momento- defensor Arnaldo Ahumada. A la derecha del camarista se ubican el comisario Ricardo Fresneda y el abogado Roque Yñigo. Al frente hay tres filas de butacas reservadas para el público. Complementado por los ruidos de muebles, ascensores e individuos que despreocupadamente van y vienen, ese paisaje predica con elocuencia sobre la precariedad y la devaluación del Poder Judicial. Es esta la “respuesta” que el sistema ha dado al comerciante que osó discutir uno de los miles de procedimientos preventivos de la covid-19 que llevó adelante el cuerpo al mando del fiscal Carlos Picón con la denominación estrafalaria de “Unidad de Enfermedades Sanitarias”.
La historia prosigue con una audiencia esterilizada por un juez que alimenta las sospechas sobre la actuación administrativa de la Corte que, con la disidencia de los vocales Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Posse, impidió el debate; un abogado que, después de apuntar que los supremos Antonio Daniel Estofán (decano), Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos carecen de legitimidad e imparcialidad, denuncia que el pueblo está siendo víctima de exacciones ilegales por parte del Ministerio Público Fiscal; un policía que se lava las manos respecto del operativo cuestionado, y un ciudadano, Marti, que, con la soga al cuello que representan cinco días de clausura y luego de asistir a ese acto judicial inverosímil, opta por deponer su búsqueda de justicia (y de entender cuál es el delito que se le imputa) y compra los lavarropas que le exige Picón para reabrir el local. Una lectora filosa sugiere que a este derrotero sólo le faltaban los chanchos colgados para emular al mercado de Villa Luján. ¿Cómo llamar a esa película acaecida durante la suspensión de actividades dispuesta para preparar la aplicación del vapuleado-nuevo Código Procesal Penal? A tono con la broma porcina, un príncipe del foro sugiere que nunca “la feria” había sido tan palpable y literal.
Lo que ha quedado expuesto en este intento frustrado de revisar los criterios inquisidores y retributivos de Picón -ni él ni su par de la Cámara, Alejandro Noguera, se presentaron a la audiencia de campaña- rebasa cualquier cálculo. Hay tela para cortar hasta dejar mota la tijera. Imprevisible como siempre, Pedicone acató para “evitar la eclosión de la institucionalidad” la Acordada 730 de Estofán, Leiva y Rodríguez Campos que ratificó su marginación, pero, después, no se privó de nada. Dijo que la propia Corte le había mandado el hábeas corpus de Marti mediante una oficina de su órbita, la Mesa de Entrada Penal. Y que su intervención en la miniferia había sido propulsada “en forma directa por el vocal Leiva en la persona de su representante directo en el fuero, el relator Andrés Garmendia”. Para mayor inri, Pedicone puso a disposición del público el intercambio de WhatsApp con Garmendia que empieza antes del 11 de agosto con una propuesta del relator para habilitarle la firma donde el juez le dice “que no quería abusar”; sigue con el relato de que la iniciativa circulaba sin inconvenientes en las vocalías del alto tribunal y termina el 19 con una promesa “de que a más tardar en media hora” podrá empezar a emitir decisiones. ¿Qué se interpuso en el camino, y llevó a Estofán, a Leiva y a Rodríguez Campos a cambiar de parecer?
Ahumada dijo que el alto tribunal había recogido la piola para bloquear adrede la audiencia luego de que trascendiera la presentación de su hábeas corpus. “Desconozco el motivo, pero es un movimiento infundado y tenebroso que obstaculiza el derecho humano al acceso a la justicia”, opinó el defensor. Su acusación de que hubo un comportamiento opaco y carente de independencia de parte de la mayoría de la Corte llamó la atención por la porción que atañe al vocal decano, con quien, en el auge del conflicto electoral de 2015, el abogado compartiera la excursión whiskera por las Scottish Highlands que enardeció al oficialismo. “Voy a pegarle al chancho hasta que salte el dueño”, prometió Ahumada en otra coincidencia de tinte ferial.
El muñequeo administrativo del 20 de julio en el alto tribunal sienta un antecedente decidor respecto de la reforma judicial aprobada a los empujones en la última sesión legislativa, que el gobernador Juan Manzur ya promulgó. Sucede que el nuevo artículo 53 autoriza a un órgano de la Corte, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), a “afectar temporariamente a los magistrados del Tribunal de Impugnación” para ejercer funciones de control de las investigaciones y de enjuiciamiento. Los zorros de los Tribunales advierten que este cambio se presta a cualquier manipulación. Con una simple disposición de la directora de la OGA, Mariana Merletti, Pedicone y sus pares de Impugnación (hasta aquí Eudoro Albo, Carlos Caramuti y Facundo Maggio), que son jueces de la Constitución y están por ley destinados a revisar las decisiones de los restantes magistrados penales de la capital, podrán ser incluidos y excluidos de los casos en función de vaya a saber cuáles necesidades. Y Merletti luce capaz de obedecer cualquier clase de instrucción luego de que Pedicone la sindicara como la responsable de la sala enfajada y de que él terminara en el pasillo, en una postal que incrementa las dudas sobre las promesas de transparencia y de celeridad atribuidas al cambio procesal penal. Según el camarista, la directora de la OGA lo desalojó aduciendo “una orden de la Corte”.
