Por Gustavo Rodríguez
21 Agosto 2020
PASANDO REVISTA. El gobernador Juan Manzur revisando a uno de los chalecos antibalas adquiridos.
Hubo un proyecto para mejorar la seguridad que fue solicitado por el Poder Ejecutivo y apoyado dos veces por la Legislatura. La aprobación de la compra de equipamiento para la Policía se hizo en tiempo récord. El Gobierno presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para pedir apoyo en la cámara el 18 de diciembre de 2018. Tres días después fue aprobado con cuestionamientos de la oposición y se promulgó el 26 de ese mes y año. Pero velocidad no es sinónimo de efectividad. La inversión prevista era de $361 millones, pero la provincia terminará desembolsando más de $652 millones, casi el doble de lo previsto. Queda otro detalle: el plan de pago que suscribieron las autoridades finaliza en diciembre, pero a Tucumán no arribó ni la mitad de los productos adquiridos, según pudo establecer LA GACETA, pese al silencio de los funcionarios del ministerio de Seguridad.
1- Detalles de una compra millonaria
La Provincia, mediante la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico, firma de Buenos Aires que se especializaba en la compra y venta de software y que recién en febrero de 2018 se había inscripto para actuar como operador en el negocio de armas, adquiriría a una fábrica de Israel el equipamiento. Según el DNU, la provincia invertiría en la operación más U$S 9 millones para adquirir 4.000 chalecos antibalas; 4.000 pistolas Jericho 9 milímetros; 100 escopetas calibre 12/70; 20 ametralladoras UZI; 20 lanzagranadas; cuatro equipos para francotiradores; cuatro equipos para detectar vidas a través de paredes y 50 equipos de miras.
Se acordó abonar en seis cuotas hasta diciembre de 2020. Ya se entregaron, según fuentes del PE, cuatro pagos: en diciembre de 2018 $126.368.107 (equivale al 35% del total), en enero de 2019 $39.371.458 (un 11%), en junio de 2019 $63.365.822 (un 15%) y en diciembre de 2019 $113.202.558 (un 15%). En total, ya se abonaron $342.307.945 (con el IVA asciende a $414.192.614).
Aún quedan afrontar dos pagos más que se vencen el 5 de diciembre. Supuestamente, esos desembolsos deben producirse cuando todo el equipamiento se encuentra en la provincia. Si eso sucede, la Provincia tiene que cancelar dos documentos: uno de $147.439.002 y otro de $49.146.156, lo que hace un total de $538.893.103. Pero a ese valor hay que agregarle el IVA y otros aranceles a los que el Gobierno accedió a hacerse cargo. En total, sólo teniendo en cuenta el primer gravamen, el gasto total superaría los $652 millones, más de $221 millones que el Estado había estimado invertir.
Pero si la entrega se dilata, lo mismo ocurrirá con el pago, por lo que podría encarecerse aún más, ya que es muy poco probable que la cotización del dólar baje en los próximos meses.
2- Quedan por llegar varios productos
Según el acuerdo de la empresa intermediaria y el Gobierno, el equipamiento debería haber comenzado a llegar en el primer semestre de 2019. Sin embargo, eso no ocurrió. Fueron apareciendo a cuentagotas y fuera de los plazos establecidos. El retraso era tan largo, que en noviembre pasado, a través de otro DNU, los responsables del Ministerio de Seguridad, con el acompañamiento del gobernador Manzur, otorgaron una prórroga hasta marzo, pero tampoco alcanzó.
Pese a los intentos de LA GACETA de obtener información, los responsables de la cartera de Seguridad no confirmaron qué material se había recibido hasta el momento. Sin embargo, extraoficialmente se supo que ya cuentan con los 4.000 chalecos antibala, los equipos para francotiradores y los equipos de miras que se habían adquirido. Unas 1.000 pistolas; y que otras 1.050 se encuentran en la aduana a la espera de que concluyan los trámites para poder traerlas a la provincia. No se informó detalles sobre cuándo estaba previsto el arribo del resto del equipo.
La compra se realizó de manera directa, ya que al encontrarse la provincia en estado de Emergencia, el PE puede realizar compras de este tipo sin hacer comparación de precios y no tenía necesidad de hacerlo a través de una licitación pública. La empresa intermediaria no informó los motivos de la demora de la entrega del equipo.
En septiembre pasado, cuando arreciaban las críticas en contra de la firma, el ministro Claudio Maley le había asegurado a LA GACETA: “Se encuentra autorizada explícitamente para la venta y coordinación de la provisión de estos elementos a la Provincia de Tucumán”.
Las fuentes consultadas informaron que también estaban esperando la llegada de más chalecos antibalas. Maley había informado sobre el interés del PE para adquirir estos elementos, pero nunca se confirmó que una compra estaría suspendida por falta de pago.
3- Frustrado intento de que se investigue
“Al escandaloso negocio de la compra de las pistolas israelitas, a la falta de uso racional del dinero del Estado, o sea de todos los ciudadanos, se le suma ahora la inexplicable falta de entrega de las pistolas que eran de urgente adquisición y que motivaron la compra directa”, explicó el ex legislador Eudoro Aráoz, uno de los parlamentarios que más cuestionó la inversión realizada. El abogado, que junto a su ex par José Canelada fracasaron en su intento de que la Justicia investigara esta operación, sigue insistiendo en que se cometió una grave irregularidad en la adquisición del equipamiento. “Esas pistolas eran comercializadas por Bersa en el mercado local a U$S 395, la provincia las compró a una firma intermediaria que debía traerla del exterior a U$S950, es decir, casi al doble. Además, la empresa argentina vendía sus armas a U$S290 que ya habían sido adquiridas anteriormente por la provincia. Ofrecía garantía de por vida y se las produce en el país, por lo que la entrega es casi inmediata”, agregó.
“El Gobierno debe informar en forma inmediata si ya pagó la suma escandalosa con las que compró las armas. Si no lo hizo debería rescindir el contrato y evitar pagar más de $220 millones y comprar armas de buena calidad y económica, ayudando así a reactivar el mercado interno y la producción nacional, sin contar que generará un ahorro para la provincia”, concluyó. El ministo Maley, cuando era atormentado por las críticas opositoras, afirmaba: “¿Por qué no vamos a dotar al personal con las mejores herramientas de trabajo? ¿Por qué no vamos a darles la posibilidad de defenderse y proteger a los ciudadanos? No sé qué opinan ustedes, pero la decisión del Gobierno es entregarles los mejores elementos de protección y defensa, siempre para el servicio del ciudadano”.
4- La polémica financiación en dólares
Sin contar la demora de la llegada de la mercadería, la inversión realizada por el Gobierno se encareció porque firmó un contrato en dólares. Empezó a abonar el acuerdo con un billete norteamericano a $39, se vio beneficiada con una baja de $38 en la segunda cuota pactada y después la moneda ex jamás detuvo su carrera alcista. La tercera la abonó con un billete verde cotizado en $44; la cuarta, con uno de $82 y las dos últimas podrían a llegar a $89, según la cotización a futuro.
Meses atrás, Maley reconoció: “Es cierto que hubo un encarecimiento importante por la variación de la moneda, pero no es una cuestión nuestra. Pese al incremento, no se aplicaron intereses por financiación. Si hubiéramos aceptado los planes de otras (firmas), estaríamos hablando de $ 350 millones más en financiamiento. Entonces, la provincia se ahorró unos $ 200 millones”, explicó Maley. Si se mantienen estos números, el ahorro sería casi inexistente.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo también habló de la polémica compra el año pasado. “Fue una muy buena decisión haber invertido más de U$S 9 millones. Si hoy quisiéramos hacer lo mismo, no podríamos comprar ni la mitad de ese material. Este no es el momento de hacer una compra así. Hay que analizarlo bien”, señaló. En Seguridad no volvieron a hacer compras en dólares.
Opinión
Julio Silman
Legislador oficialista
“Este es un problema que requiere una rápida solución. Voté en contra de la compra de estos equipos en otro país porque consideraba y considero que la marca Bersa es de primer nivel y con garantía de por vida. Toda demora en el suministro del equipamiento para las fuerzas es insostenible”.
Federico Masso
Legislador Libres del Sur
“No sólo fue un grave error por los precios elevados que se pagó comparado con un producto nacional de calidad similar, sino haberla hecho en el exterior. La logística complicó los tiempos. Esos elementos, que son necesarios para la lucha contra el delito, siguen en espera. El PE debe pedirle disculpas a la sociedad”
Nadima Pecci
Legisladora FR
“El Ejecutivo y sus legisladores no quieren ningún control y como consecuencia la provincia sufre perjuicios económicos. Además se generan en la población sospechas de sobreprecios y la policía sigue sin equipamiento. La Ley de Emergencia se usa para eludir controles y no para brindar más seguridad”.
Ricardo Ascárate
Legislador radical
“Nada de lo prometido por el PE en seguridad se cumplió, salvo la provisión de armamentos. Se contrató a una intermediaria para que le comprara a una empresa estatal. Nos hizo cargo del pago de los impuestos, tasas y trámites de importación, como si estos no estuvieran contemplados en el precio”.
Javier Morof
Legislador oficialista
“De aquí en más, si se dispone una compra tiene que efectuarse rápido la entrega. No sirve comprar algo en 2018 y que en 2020 todavía no lo tengamos. También hay que buscar el mejor precio. En este caso perdimos económicamente por la subida del dólar y perdimos en seguridad porque el equipo no llegó”.
Detalles de una polémica compra de equipamiento para la policía
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