Mario Juliano: “el nepotismo tomó la Justicia de Tucumán por asalto”

Mario Juliano (1955, Tres Arroyos [provincia de Buenos Aires]) previene que no está en su ánimo ser fiscal de terceros, sino honrar su convicción de que un juez está obligado a atender las consultas periodísticas. El juez penal de Necochea hace un alto en su quehacer -incluye la preparación del primer juicio por jurados durante la pandemia- para comentar el brote de nepotismo detectado en la organización judicial de Tucumán. Es una voz autorizada para ello puesto que este juez dedicó su carrera a tender puentes con la ciudadanía mediante la Asociación de Pensamiento Penal y, también, las redes sociales. Juliano no esquiva los temas espinosos, aunque es consciente de que sus palabras puedan disgustar porque conoce el foro local, que visitó en numerosas ocasiones. Con firmeza, opina: “las prácticas nepotistas han tomado el Poder Judicial de Tucumán por asalto”.

Juliano considera que aquí hay una expresión exponencial del fenómeno de nombramientos de parientes de las autoridades que existe en el resto del país. “Honestamente he estado informándome por medio de LA GACETA de determinados episodios que muestran el favoritismo en la designación de integrantes de los círculos íntimos de funcionarios judiciales y no he podido menos que inquietarme. Da toda la impresión de que hay en desarrollo un proceso que está cobrando dimensiones significativas y muy preocupantes para la calidad de las instituciones”, refiere en un diálogo telefónico mantenido el viernes. Y agrega que, si bien el nepotismo no es nuevo, el nivel que está adquiriendo en Tucumán “es alarmante”: “he escuchado que la designación en puestos claves y relevantes del círculo íntimo o de familiares suele ser fundada en razones de confianza o de idoneidad. No dudo que muchos de los designados en estas condiciones son desde ya confiables, pero la idoneidad no es un valor que pueda ser administrado de un modo discrecional”.

-¿Esto implica que un progenitor no está habilitado para decir si su descendiente es idóneo?

-El acceso a los cargos públicos es universal: esto no está a disposición de una persona en particular, sino para el conjunto de quienes reúnan los requisitos para cubrir un puesto en la estructura burocrática del Estado. El argumento de la idoneidad de los beneficiarios de estas designaciones choca contra el principio republicano de la igualdad de oportunidades y de trato ante la ley.

-¿En qué medida este mal mancha a los Tribunales?

-No es un tema menor en orden a uno de los poderes del Estado más cuestionados en términos generales y no sólo en Tucumán, sino en la Argentina. Los datos estadísticos dan cuenta que la Justicia es una de las instituciones que menos confianza inspiran en la ciudadanía. Es algo que nos hemos sabido ganar por nuestras prácticas y nuestros modos de concebir la administración de justicia muy alejados de lo que espera la sociedad. No por ser antiguo el nepotismo puede justificarse porque contribuye al desprestigio del Poder Judicial. Creo que los funcionarios públicos y, sobre todo, los de jerarquía deben hacer el esfuerzo de autolimitarse en el ejercicio de sus potestades: es su obligación legal. De lo contrario, estamos en el terreno del ejercicio autocrático del poder. Y hay países que califican a las prácticas nepotistas como corruptas.

-Pero otros las ven “normales”.

-Espero y deseo no ofender a nadie en particular con este punto de vista: sé que hay personas muy valiosas en la Justicia de Tucumán, inclusive algunas de las personas involucradas en la investigación de LA GACETA. Pero me parece que se impone una revisión de los actos: la sociedad exige la autocrítica y la remoción de ciertos comportamientos. Esto hace a la calidad institucional que debemos a nuestras sufridas sociedades que están esperando de nosotros cosas mucho mejores. Probablemente los actores involucrados en estas revelaciones de nepotismo no piensen que aquí exista una cuestión ética, sino que lo vean como algo natural. Esto nos pone ante la concepción que tienen muchos funcionarios que, cuando llegan a determinados sitios de poder, creen tener el derecho de apropiarse de ellos. Lo que se ve en la Justicia es una tendencia refractaria a cambiar y a dar publicidad, e, insisto, una retroalimentación de prácticas que pueden ser caracterizadas como corruptas. Esto ha sido definido en muchas oportunidades como “la gran familia judicial”. En ese contexto se genera toda una endogamia y una corriente de favores que, por supuesto, se pagan, y que afectan decididamente la imparcialidad e independencia de los magistrados.

-¿Qué puede decirnos de las renuncias que implica ser juez?

-Ha cambiado mucho la visión del juez como un personaje aislado y carente de contacto con la realidad. En alguna medida se comenzó a ver en los jueces a actores sociales que se reconocen como funcionarios públicos y que rinden cuentas frente a la sociedad. Hoy eso ocurre a través de los medios de comunicación y es lo que tenemos que hacer: no se trata de algo gracioso donde charlamos con los periodistas en función de nuestras ganas. La prensa es la cadena que los jueces y las juezas tenemos para darnos a conocer a la comunidad. En este sentido, debemos ajustarnos a las mismas limitaciones del resto de los funcionarios: ser honestos, que es la regla implícita, y rendir cuentas. Veo con preocupación la reticencia o negativa de las personas involucradas en los casos de nepotismo a dar razón y a admitir si se han equivocado.

-Usted trascendió en 2016 por haber expresado que su hija cultivaba cannabis para su consumo personal. ¿Por qué publicitó este aspecto de su vida familiar?

-Fue un episodio muy importante por la repercusión que tuvo. Está vinculado con esto que decía antes: como funcionario público de la provincia de Buenos Aires me considero un actor social con un compromiso con el trabajo que hago. Yo no soy consumidor de sustancias estupefacientes de ninguna clase, pero estoy involucrado con la causa de despenalización y los procesos de legalización porque apuesto al Estado de derecho. No estoy diciendo para nada algo distinto a la posición muy ortodoxa que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1986 y que quedó plasmada en el famoso caso “Bazterrica”. Para mí esta postura forma parte de la lucha por el ejercicio de las libertades y para que las personas puedan desarrollar sus propios proyectos de vida con el límite que establece la Constitución: la afectación a los derechos de terceros. Esto es así desde 1853 y el Estado debe ser respetuoso de ello.