12 Agosto 2020
Dirigentes de diferentes organizaciones políticas presentaron ayer un recurso de amparo en el fuero Federal de Tucumán contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020 del presidente, Alberto Fernández -2 de agosto-, “por sus vicios de inconstitucionalidad, el carácter arbitrario y unitario y por no contemplar las diversas realidades provinciales, conteniendo apartados contradictorios, y por significar un peligroso antecedente para la democracia”. Fue firmado por Sandra Manzone y Antonio Eduardo Riba (Coalición Cívica ARI) y por el ex legislador radical Eudoro Aráoz, con el patrocinio de la constitucionalista, Carmen Fontán.
La acción se formula en sintonía con presentaciones en otros distritos del país durante los últimos días conforme la estrategia judicial diseñada por Elisa Carrió en el orden nacional.
“La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los artículos 18 (inviolabilidad del domicilio) y 19 (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo”, reza la presentación. Entre las falencias señalan su inconstitucionalidad y de nulidad absoluta por pretender abarcar la materia penal, expresamente prohibida por la Constitución al Poder Ejecutivo y resguardada en forma exclusiva al Congreso, “así como que habiendo cesado los supuestos que impedían al Poder Legislativo su funcionamiento con la debida normalidad no existe motivo para la continuidad del dictado de DNU”.
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