Contradicciones: las objeciones de ayer son las medidas de hoy

Alberto Fernández, que ahora impulsa la reforma judicial, se opuso ferozmente a que se hicieran cambios estando los “K” en el poder.

06 Ago 2020 Por Álvaro José Aurane
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Alberto Fernández TÉLAM

La reforma judicial que ha lanzado el presidente Alberto Fernández encuentra, respecto de la naturaleza de la modificación, un crítico tan feroz como incisivo. Un objetor que no sólo expone la voluntad de manipulación política que esconden las iniciativas kirchneristas de cambios en la estructura y funcionamiento de los tribunales, sino que además denuncia sin pelos en la lengua que una transformación judicial, con los “K” en el Gobierno, no se encara en beneficio de la sociedad. Por el contrario, sólo busca apañar ilícitos perpetrados desde el Gobierno durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. El opositor no es otro sino el mismísimo presidente, Alberto Fernández. Y con ello, la reforma judicial es otra cuenta en el rosario de contradicciones que viene rezando el primer mandatario, entre sus discursos y sus acciones.

“Como Presidente de la Nación, ante esta asamblea legislativa vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. En este tiempo de la Argentina en que nos toca gobernar venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, expuso Fernández el 1 de marzo, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Ratificaba, de esa manera, un puntal en su discurso como político: la defensa irreductible de la independencia judicial y la crítica feroz contra los intentos kirchneristas por reformar ese poder del Estado.

En una entrevista con La Nación, en 2015, Fernández no tenía concesiones con la gestión de su actual compañera de fórmula. “Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la Justicia es deplorable: lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la Justicia... Todo eso es deplorable”, sentenció.

El año pasado, en Córdoba, discrepó con los kirchneristas que “estaban hablando de que hay que cambiar la Justicia”. Ante la pregunta del periodista Mario Pereyra, de Cadena 3, fue tajante: “No voy a hacer eso. Grábelo. Lo va a guardar de recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Guárdelo porque yo no miento...”

Estaba siendo coherente consigo mismo. En una disertación del 23 de abril de 2013 en la Facultad de Derecho de la UBA, donde es docente, el ahora Presidente renegó de la reforma judicial que impulsaba el kirchnerismo ese mismo año.

“Esto es una enorme ficción. Una enorme mentira. Y lo único que estamos facilitando con toda esta reforma (...) es retroceder 20 años, a los tiempos en los que la componenda política definía los jueces. (...) A mí no me asombra porque Cristina tiene estas tendencias”, aseveró al auditorio.

Allí cuestionó los cambios que impulsaba la entonces Presidenta en el Consejo de la Magistratura, respecto de la mayoría necesaría para remover magistrados. “El juez que debe resolver la situación de (Amado) Boudou, ¿cómo va a resolver si sabe que la mitad más uno de los consejeros peronistas lo puede echar? ¿A quién beneficia esto? ¿Al ciudadano que está pagando ‘Ciccone’ o a Boudou, que zafa? ‘Vamos a seguir exigiendo que las dos terceras partes del Consejo de la Magistratura deban votar parar echar un juez’ -parafraseó-. No lo digo yo: lo dijo ella. Y ahora manda esto. ¿Qué le pasó a Cristina? ¿Saben qué le pasó? La que se beneficia con el crimen es Cristina”.

Aquella vez, el ex jefe de Gabinete (2003-2008) se permitió una reflexión: “Yo les pregunto: ¿para qué tenemos que correr detrás de la locura del poder? Porque después, el poder desaparece, pero nosotros nos quedamos con todas estas normas”.


Idas y vueltas con Vicentin

Con un decreto anularon la intervención que había sido dispuesta por otro decreto

El lunes pasado se oficializó la marcha atrás del Gobierno nacional con la expropiación de Vicentin. Ese día, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo avaló el decreto del presidente Alberto Fernández que deroga la intervención de la agroexportadora, dispuesta por el jefe de Estado el pasado 9 de junio, también por decreto. La intervención, que se había judicializado, era el primer paso hacia la expropiación de la empresa, que había duplicado su deuda con el banco nación durante la gestión macrista y que, en noviembre recibió 28 préstamos de la banca oficial, para declararse en cese de pagos el 5 de diciembre.

La disposición se tomó mediante un decreto de necesidad y urgencia (522/2020). Sin embargo, la firma ya estaba en concurso de acreedores, de modo que intervenía un juez, con lo cual la decisión reñía con el artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual debe haber “circunstancias excepcionales” para justificar un DNU. A la vez, el artículo 109 dice que el presidente, en ningún caso, puede ejercer funciones judiciales. Fernández invocó “soberanía alimentaria”. Pero en julio dio otras razones. “Me equivoqué con el tema Vicentin. Creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa iban a salir todos a festejar”.



El memorándum con Irán

Del calificativo “deplorable” a la defensa de un “acuerdo” para hallar una “solución”

“Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán sólo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní”. Esto escribió Alberto Fernández en una columna publicada por el diario La Nación el 16 de febrero de 2015. Se tituló “Hasta que el silencio aturda a la Presidenta”.

El “Memorándum de Entendimiento” fue cuestionado por los opositores y por la comunidad judía: sostuvieron que su “Comisión de la Verdad” reemplazaba la causa que investiga el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos. La Justicia lo declaró inconstitucional en 2014. Alberto Nisman (foto) era el fiscal de esa causa y apareció muerto el 18 de enero de 2015.

“Lo que hizo con el tratado con Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable”, sentenciaba Alberto Fernández también durante 2015, en una entrevista televisiva, también con ese medio porteño.

Pero este año, el Presidente defendió el pacto. “Cuando se buscó un acuerdo, que yo critiqué mucho, en el fondo fue un intento de destrabar y encontrar una solución”, declaró el 16 de julio pasado.



El superior tribunal

De la Corte intocable a una modificación con el abogado de Cristina como asesor

Mantener a la Corte Suprema de Justicia con su conformación actual fue uno de los baluartes en el discurso político de Alberto Fernández, luego de su paso como jefe de Gabinete de la Nación entre 2003 y 2008. “La Corte es una institución del país. Nació con cinco miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a cinco miembros, para que no se juegue con el número de jueces para tener jueces adictos... La Corte tenía cinco miembros, y debe tener cinco miembros. El resto es todo una fantasía”, sentenció durante una entrevista en la TV Pública, en el programa “La quinta pata”.

Pero ya antes, en una disertación en la Facultad de Derecho de la UBA el 23 de abril de 2020, había colocado la manipulación del máximo tribunal argentino durante el menemismo en el plano de los peores capítulos judiciales de la historia. “Vivimos en un país democrático donde la Corte tuvo una mayoría automática que sólo resolvía lo que el poder político le exigía. Y nosotros íbamos a reclamar por las tarifas y nos mandaban de vuelta a casa”, rememoró.

En contraste, el Presidente anunció la semana pasada un proyecto de reforma judicial y creó una comisión de 11 expertos que lo asesorará en la modificación de la Corte y del Consejo de Magistratura. Entre sus miembros está Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner.


El gabinete presidencial

“Nadie que haya sido ministro volverá a ser ministro” y Cristina no tendrá injerencias

Las contradicciones del primer mandatario nacional respecto de sus propios dichos no sólo se han dado en planos temporales diferentes, es decir, no todas han sido contraposiciones entre un ex funcionario kirchnerista distanciado de Cristina Fernández de Kirchner y el ahora Presidente de la Nación, compañero de fórmula de la ex jefa de Estado. Alberto Fernández también dijo y se desdijo en su actual condición de socio político de la ex presidenta.

“Nadie que haya sido ministro volverá a ser ministro”, afirmó el año pasado, ya en campaña presidencial, para reforzar su compromiso de que integraría un Gabinete con figuras nuevas.

En los hechos, no fue así. Por partida doble. Por un lado, nombró a Ginés González García (foto) como ministro de Salud, el mismo cargo que había desempeñado durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Cuando oficializó el anuncio, Fernández reconoció que había propuesto otra cosa, pero elogió las condiciones del médico. Pero por otro lado, nombró a Agustín Rossi para que sea nuevamente ministro de Defensa: el santafesino era titular de la bancada peronista de Diputados, cargo que pasó a ocupar Máximo Kirchner. Este último hecho fue contradictorio con otro de los compromisos de Alberto en la campaña: “Cristina va a tener cero injerencia en mi Gabinete”.

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