Camaristas nacionales dicen que la reforma resentirá la administración de justicia

Los jueces detallaron los reparos técnicos y constitucionales de la propuesta del Presidente.

05 Ago 2020
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ENTRE LOS EXPERTOS. Sbdar, a la izquierda del Presidente, escucha la presentación del proyecto de Reforma Judicial. PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Un grupo de 12 jueces afectados por la reforma judicial que propone el presidente Alberto Fernández expresó su rechazo a esta iniciativa legislativa. En una reunión virtual, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional opinó que la remodelación resentirá la administración de justicia, y colisionará con leyes, garantías constitucionales, y sentencias de las cortes Suprema de Justicia de la Nación e Interamericana de Derechos Humanos.

El instrumento lleva la firma de los magistrados Alberto Seijas (presidente), Mariano González Palazzo, Juan Estaban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

El texto indica que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional será “desguazada” a partir del traspaso completo de sus competencias al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  y que ese movimiento perjudicará la persecución de los delitos por el elevado número de vacantes (75), y la pretensión de que 23 jueces se ocupen en simultáneo de sus unidades y de los nuevos juzgados federales. 

“Esto se agrava por la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia constituida por los actos ilícitos que afectan a los ciudadanos comunes en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como de la atención de los niños en conflicto con la ley penal y del resguardo de las personas detenidas contra los excesos que pudieren padecer”, dice el documento.

Los jueces nacionales advirtieron que su “fuero centenario” sería desmantelado sin precisiones sobre la suerte que sus autoridades iban a correr: “quedarán sin funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de competencias. Algo similar sucede respecto de los funcionarios y empleados porque el proyecto sólo habla de una reubicación sin especificación de destinos, ni consideración de un procedimiento de consulta individual o gremial”. Los magistrados observaron que esta dinámica ponía en riesgo el principio de estabilidad, y entrañaba posibles lesiones para derechos laborales y constitucionales.

El acuerdo afirma que carece de sostén jurídico la idea de “transferir” jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción y que esta podría vulnerar la inamovilidad de la judicatura, que es una de las garantías de la independencia judicial. También reprocha la intención de cubrir los 23 nuevos juzgados sin habilitación de la Corte de la Nación, y sin seguir el procedimiento para los subrogantes de la Ley 27.439 ni respetar la prohibición de nombrar interinos en despachos que nunca tuvieron un titular definitivo. 

En ese mismo sentido, los jueces nacionales cuestionaron que los candidatos sean elegidos por selección directa y no por sorteo, como dispone la Ley 27.439. Y recordaron que tal norma no podía ser alterada porque había acogido los estándares de transparencia, objetividad e imparcialidad fijados por la Corte en el fallo “Uriarte” al declarar la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias adoptado en la segunda presidencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El texto reprocha que la propuesta haya sido elaborada sin consultar a las instituciones afectadas, y sin estudiar los datos sobre desempeño, tiempo, volumen de causas, etcétera. “Esto ha llevado a postular una reforma que supone la dilapidación de recursos (...), y que prescinde de la experiencia, de las capacidades y de los aprendizajes de los integrantes de la Justicia Nacional”. Los jueces lamentaron este proceder porque, según dijeron, su institución jamás se había visto involucrada en la partidización que el Gobierno se proponía remediar.

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