Un letrado pide a la Legislatura la expulsión del fiscal Bonari

Claudio Bonari, el primer fiscal provincial designado por el gobernador Juan Manzur, enfrenta un pedido de destitución en la Legislatura. La solicitud lleva la firma del abogado Gustavo Morales, quien consideró que el funcionario incurrió en el mal desempeño de sus obligaciones por la supuesta comisión de actos de violencia primero contra su pareja y, luego, contra el fiscal encargado de investigar ese tipo de actos ilícitos, Ignacio López Bustos. Consultado al respecto ayer, el integrante del Ministerio Público Fiscal denunciado prefirió no hacer comentarios.

“Bonari despliega comportamientos incompatibles con la exigencia imprescindible de buena conducta prevista en la Constitución para permanecer en el cargo”, dijo el abogado en la denuncia que interpuso el miércoles en la comisión de Juicio Político que preside el oficialista Zacarías Khoder. Y expresó que Bonari había protagonizado “escándalos” que lo presentaban como un “sujeto violento”.

“Hace un par de meses, el fiscal demostró su enorme valentía en el ámbito familiar al golpear y amenazar a su pareja, lo que motivó que esta lo denunciara por violencia de género y la formación de una causa penal (62.830/19), expediente que ingresó en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género y Violencia Doméstica a cargo de López Bustos”, manifestó Morales. Su presentación añade que López Bustos comenzó a investigar los hechos perpetrados en la intimidad y siguió haciéndolo aunque la denunciante no ratificó la imputación. “Esto me parece correcto por el estado de vulnerabilidad de aquella y por haber recolectado ‘evidencias’ que abonan la sospecha”, dijo.

La petición de expulsión agrega que el 6 de julio aproximadamente a las 15 y en el área aledaña a la sede de la Justicia penal de la capital (intersección de la avenida Sarmiento con la calle Laprida), Bonari increpó a López Bustos: “lo agredió verbalmente y le auguró una paliza, e incluso le imputó que ‘estaba investigándolo ilegalmente’ (sic)”. El litigante consideró que ese proceder vulneraba la circunspección y la educación de un fiscal llamado a representar los intereses de la sociedad en la Justicia.