Panorama Tucumano: un juez como la Torre de Pisa

15 Jun 2020 Por Irene Benito

Cuando el catálogo de disfuncionalidades de la Justicia de “Trucumán” parecía completo, un suceso vino a recordar que, como cantaran los poetas Vinicius de Moraes y Tom Jobim, la tristeza não tem fim. El autor de esa proeza del derrumbe tribunalicio es Juan Francisco Pisa, juez insaciable en su vocación de prestar servicios a los que mandan. Tan conocida resulta su propensión a quedar bien con los poderosos que a nadie le extrañó que descartara la conjetura de presunto enriquecimiento ilícito y sobreseyera al gobernador Juan Manzur. Lo que llamó la atención en el peor de los sentidos no fue el fallo -si su autor se mostrara independiente, comenzarían a tronar las alarmas del denominado lawfare-, sino el hecho de que este permaneció guardado tres años. Ese tiempo habla por sí solo: si el ámbito llamado a investigar las denuncias penales fue capaz de cajonear una sentencia cuya sensibilidad y altísimo interés público están fuera de discusión por tratarse del patrimonio del mandatario, ¿cuántos otros secretos cobijará? En una oscuridad viscosa de este tipo puede chapotear cualquier monstruosidad: la reproducción de las operaciones pestilentes es lo que termina por convertir a una institución del Estado en un sótano de la democracia.

El desenlace del caso de Manzur exhibe contornos excepcionalmente perturbadores. A Pisa le quedó pequeño el mote de “Oyarbide tucumano”, como lo llamó la senadora radical Silvia Elías de Pérez, desde el momento en el que ni siquiera reaccionó cuando en noviembre de 2017 la Nación anunció que había designado veedores para acceder a una serie de casos urticantes, entre ellos las actuaciones abiertas en 2013 para esclarecer el origen del incremento de los bienes del gobernador en el período en el que aquel se desempeñó como ministro de Salud y vice de José Alperovich, además de presidente de la Convención Constituyente. Para entonces, el juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de esta capital ya había sobreseído al jefe del Ejecutivo y la decisión había adquirido el estatus de cosa juzgada. Pisa ni se inmutó ante la veeduría que podría haber revelado la verdad sobre ese proceso: no se le dio por rendir cuentas ni por informar que no había qué observar porque tanto él como el en ese momento fiscal Washington Navarro Dávila -luego superior de los defensores oficiales- habían encontrado un enriquecimiento “claramente” justificado.

Quienes sí se levantaron contra los veedores y militantes políticos Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia fueron el Poder Ejecutivo de Manzur; el Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez y la Asociación de Magistrados que preside Marcela Ruiz. Con matices, todos ellos esgrimieron que la gestión de Cambiemos pretendía inmiscuirse en “la independencia del Poder Judicial de Tucumán” y en la autonomía de esta jurisdicción para organizar su institucionalidad. La iniciativa nunca prosperó: la tormenta cambiaria se interpuso en su camino y los observadores acabaron renunciando por la falta de apoyo de la Nación, quien se echó para atrás cuando Jiménez les indicó elípticamente que sólo entrarían a las fiscalías sobre su cadáver. La veeduría reveló, a poco de andar, la torpeza del macrismo y su incompetencia para introducir reformas institucionales creíbles, pero también el arraigo del secretismo y de la indivisión del poder que corroe al Estado vernáculo, y explica su similitud con el califato. Harían falta otros dos años más para comprender el porqué de la resistencia de ciertas autoridades hacia algo tan irrefutable como la transparencia. Así como al juez Nº3 no se le ocurrió divulgar su tarea judicial, a Manzur tampoco le interesó comunicar al pueblo al que sirve esta nueva declaración de inocencia.

¿Qué incentivos tienen los ciudadanos para denunciar las irregularidades en el manejo de la cosa pública si los Pisa de la Justicia luego se encargarán de que los procesos desaparezcan? Esta opacidad fue una de las razones que, en términos generales, llevaron a impulsar la reforma procesal penal en marcha en Concepción desde 2019, que entrará en vigor en toda la provincia el 1 de septiembre, si es que no hay más accidentes. Quizá esa remodelación acentúe la tendencia a perseguir y a condenar marginales adictos -léase motoarrebatadores y mojarritas del hampa-, pero es difícil que logre reducir la impunidad de las denuncias de corrupción, fenómeno comprobado en la provincia. El sobreseimiento sin investigación propiamente dicha otorgado en febrero a tres ex funcionarios concepcionenses, Ariel Mendelek, Sergio Muro y Duillio Guzmán, acredita la persistencia de las antiguas debilidades en el nuevo sistema. En el resultado de la impugnación al fallo del juez Guillermo Acosta, y en el destino de la acusación contra el ex intendente y legislador oficialista Osvaldo Morelli se juega la credibilidad del Código que pretendía extirpar las prácticas de Pisa y de Navarro Dávila. Morelli y sus ex colaboradores arrastran desde 2015 una imputación por la hipotética fuga de U$S 800.000 ($ 8 millones de ese año) del erario municipal.

Hay razones para sospechar que un cambio de esquema procesal no será suficiente para cambiar la desigualdad existente ante el Código Penal. Oscar López, el peronista disidente y denunciante de Manzur, relató que peregrinó y peregrinó hasta que un alma caritativa que atendía un mostrador le entregó bajo el poncho una copia de la resolución de Pisa, que ni siquiera identificaba a los funcionarios firmantes. Esta realidad de ninguneo, humillación y desgaste aguarda a quienes enfrentan al poder. Del otro lado existe una estructura de protección que luce infranqueable. La historia del titular del Juzgado Nº3 refleja esa impenetrabilidad. Nombrado en 2004 por la dedocracia que aplicaron Alperovich y su entonces ministro Jiménez, cerró las causas “PIBE”, “Gasnor” y “Teves”, y llevó adelante actuaciones cuestionadas en los expedientes “Marchese”, “Funsal” y “Albaca”, por mencionar algunos casos polémicos. Ladeado como la Torre de Pisa, el juez se mantiene impasible: su “edificio” realiza la metáfora perfecta de la sombra que ahoga la luz de la justicia.

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