Caso Lucía ARCHIVO
“El Estado no cumplió con ninguna de las medidas que había ordenado la Justicia para proteger el bienestar y cumplir las medidas de reparación a favor de la niña”, aseguró Emilio Guagnini, representante legal de la familia de “Lucía”, la menor que fue víctima de un abuso sexual.
En marzo, los jueces de la Sala III, Fabián Fradejas, María Alejandra Balcázar y Juana Juárez, además de condenar a 18 años de prisión a Eliseo Víctor Amaya, ordenó al Poder Ejecutivo de la provincia una serie de medidas a favor de la niña. Entre otras, disponía que “Lucía” reciba un tratamiento psicológico gratuito; que se le brinde una beca para que pueda continuar con sus estudios y se le otorgue una ayuda económica y sanitaria a toda su familia.
En diciembre de 2019, la jueza de Familia y Sucesiones V Valeria Brand que intervino en el caso a favor de la menor, había ordenado al Gobierno que se le entregue una vivienda a la familia de la niña (le dio un plazo de 30 días hábiles); que se le entregue mobiliario, enseres domésticos, vestimentas y calzado a toda la familia (fijó un plazo de 10 días hábiles luego de la entrega de la casa); y que a la madre se le consiga un puesto de trabajo.
“Nada de eso se cumplió. Hemos exhortado y realizado reiteraciones de las exhortaciones y nada se consiguió hasta el momento”, aseguró Guagnini en una entrevista que se emitió ayer por el programa “Buen Día” de LG Play.
- ¿Cuál es la realidad de “Lucía” actualmente?
- Está al cuidado de sus tíos. En ambas sentencias se tomaron medidas de protección para que no vuelva a 7 de Abril. Pero ella está en la capital, lejos de su madre y de sus hermanas. Recién ahora pudo viajar su mamá. Ni siquiera pudo acceder a la beca de estudios que la Justicia ordenó que se le diera.
- ¿Cómo se educa en estos tiempos de pandemia?
- Lamentablemente en la casa donde vive no hay una computadora y las tareas le llegan por un celular. Por el aporte de varias personas, se logró que una vecina le dé clases particulares. Pero no debe ser así; hay una orden judicial en que se ordenó que se le otorgue una beca para que continúe con sus estudios.
- ¿Qué otra orden no se cumplió?
- La de entregarle la vivienda. Por esa razón, la madre y los hermanos de “Lucía” no se pueden instalar en la capital, siguen viviendo en 7 de Abril. En principio se había informado que le entregarían una casa en el barrio Manantial Sur, pero no se concretó porque usurparon la vivienda. Pidieron una prórroga, pero todos saben que un juicio de desalojo demora años.
- ¿Cree que haya intencionalidad?
- No creo que sea intencional; me parece que hay inoperancia, negligencia e impericia. No hay que olvidarse de que este es un caso que está siendo observado a nivel nacional e internacional y no cumplir con ciertas medidas puede ser problemático para Tucumán. Que la Justicia haya ordenado una serie de medidas que el Estado no cumpla, es al menos preocupante.
