TRIBUNALES. El ingreso al Palacio de Justicia, con controles sanitarios. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Una acción de amparo con solicitud de medida cautelar judicializó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que suspendió la fijación de la feria de julio.
Con el patrocinio de los letrados Gustavo Morales y Luis Romero Abadie, la gremialista Alejandra Martínez solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que revise la Acordada 321/20 que emitieron los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
Según la demanda, el alto tribunal carecía de facultades para poner en suspenso este año una de las dos ferias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). “La Corte se erigió en legislador. Si pretendía suspender el receso invernal, debió haber enviado un proyecto a la Legislatura para modificar el inciso 2 del artículo 163 de la LOPJ”, dice la petición.
Martínez consideró que la disposición dejada sin efecto era imperativa para los vocales puesto que la norma no establece excepción ni distinción alguna: “la Corte pretende abolir, cual si fuera un bando castrense, un derecho fundamental del trabajador, en este caso del empleado judicial”.
Más allá de que el Colegio de Abogados de la Capital había pedido que no haya receso en julio, los vocales consideraron que esta medida era una forma de paliar los efectos del asueto de casi 70 días establecido con motivo de la pandemia.
