Historias detrás de la Historia: el crimen del tenista

El crimen de Pablo Aiziczon, profesor de tenis de 40 años, parecía resuelto. Los investigadores habían indagado hasta detener a los autores del hecho y sumaron las pruebas necesarias para, en principio, condenarlos. El fiscal Carlos Albaca tenía todo en sus manos. Hasta la confesión del autor material del hecho. Pero en Tucumán todo puede pasar. Cuando estaban por cumplirse tres años del homicidio, el Tribunal que debía enjuiciar a los sospechosos, pidió con razón que se realizara una nueva investigación. Sí, leyó bien: lo que debería haberse resuelto en un simple trámite, debía volver a foja cero. Por eso, en la provincia nunca se debe decir nunca.

Aiziczon fue asesinado el 21 de marzo de 2011 en la casa que Linda Martínez tenía en barrio Ciudad Parque. De acuerdo a la teoría, Jorge Luis Borges, pareja de la acusada, reconoció que mató al profesor de tenis porque había intentado propasarse con su pareja. La víctima se habría contactado con ella a través de un chat, ya que la mujer ofrecía servicios de masajista. Pero en el requerimiento de elevación a juicio que realizó Albaca no se distinguió cuál fue el rol que tuvo cada uno de los integrantes de la pareja, según planteó la defensora oficial Marta Contreras Cuenca, quien asistió a la mujer. El fiscal de Cámara, Manuel López Rougés, se adhirió al pedido de su colega, considerando que el fiscal debía subsanar todos los errores. De lo contrario, la causa tendría un mal futuro, es decir, terminaría con una absolución por un tecnicismo legal.

El camarista Eduardo Romero Lascano fue el primer vocal de la sala que emitió su voto. “Se considera físicamente imposible que ambos imputados hubieran cometido la misma conducta, en el mismo lugar e idéntico momento”, consideró el juez. Pedro Roldán Vázquez se adhirió a la declaración de nulidad. Emilio Piedrabuena, en tanto, creyó que el defecto de la requisitoria de elevación a juicio “no ha reunido las características que le otorga entidad para la afectación del derecho fundamental garantizado constitucionalmente, de la defensa en juicio de la persona y sus derechos”, afirmó en su voto disidente. Si los magistrados hubieran integrado una mesa de exámenes en cualquier facultad, habrían aplazado con creces a Albaca.

Después de esa resolución, el expediente debía retornar al fiscal y volver a citar a Borges y a Martínez para realizarles una imputación más clara y detallada. Sólo entonces, pedir que la causa se elevase a juicio oral. Pero no sucedió eso. El defensor oficial César Picón, que representaba a la querella iniciada por la familia Aiziczon, no tardó mucho para solicitar al ministro fiscal Luis De Mitri que separara de la causa a Albaca porque estaba contaminada por los errores que se habrían cometido durante la instrucción. En el camino, los acusados recuperaron la libertad, ya que habían pasado más de dos años detenidos sin ser enjuiciados, tal como estipulan las normas.

Cambios

Normalmente, las fiscalías, durante todo el año, se recalientan por la cantidad de causas que reciben, pero llegan a temperaturas infernales cuando los casos conmocionan a la opinión pública. Son los casos mediáticos. Pero en tribunales hubo una que era considerada como un freezer, ya que muchos de los expedientes que llegaban ahí se congelaban: la fiscalía II, de Albaca. Ocurrió con el del crimen de Juan Salinas, el oficial de policía asesinado cuando se encontraba charlando con Ángel “El Mono” Ale. Por el hecho fueron acusados varios miembros del Comando Atila, pero nunca llegaron a juicio porque la causa terminó prescribiendo por el paso del tiempo.

Ese mismo destino corría la investigación de la desaparición y el posterior crimen de Paulina Lebbos, pero eso no sucedió porque le quitaron la causa a tiempo. Después, llegaría el grosero error cometido con el crimen de Aiziczon. Los tres hechos, que ocurrieron con algunos años de diferencia, tenían un denominador común: las personas que debían ser investigadas eran poderosas o, al menos, influyentes. Por su actuación en el caso del homicidio de la estudiante, que aún sigue impune, debe enfrentar un tribunal.

De Mitri decidió sacarle la causa del crimen del profesor de tenis a Albaca. Tampoco titubeó mucho: eligió al fiscal Diego López Ávila para que hiciera la nueva investigación. Había tomado la misma decisión que en la causa Lebbos. En otras palabras, este investigador se transformó en una especie de bombero que apagaba las llamas de las polémicas que encendía su cuestionado colega.

La madre es la madre, en toda la vida y en cualquier ámbito. Pero en la Justicia, una madre es una especie de heroína. Son esas mujeres, sin importar que sus hijos sean imputados o víctimas, que no se cansan de recorrer los pasillos de tribunales averiguando el estado de las causas, golpeando puertas y llamando a conocidos para acelerar los trámites. Las que discuten con los empleados por cualquier cosa y hasta poniéndose frente a cualquier marcha de reclamos. Y eso sucedió con Susana Napadenski, la madre de Aiziczon. “Teniendo todas las herramientas para elevar rápido a juicio, el fiscal hizo todo mal. Pasaron tres años y aún no pudo hacerse el juicio”, afirmó en una entrevista publicada en LA GACETA.

A los días de haberse hecho cargo López Ávila de la causa, Napadenski se presentó en el mostrador de la Fiscalía IV y pidió entrevistarse con su titular. El investigador la hizo pasar y, según contó en una entrevista con LA GACETA, comenzó a explicarle algunos detalles sobre la resolución de los jueces y qué se estaba haciendo. “Me paré para mostrarle unos gráficos que estaban dibujados en el pizarrón del despacho. Ella también se incorporó y, después de tomarme la mano, me dijo: ‘Pablo era muy especial, muy alegre y siempre me decía muchas cosas lindas. Necesito cerrar esta etapa de mi vida. Quiero cuidar de mis hijos, mis nietos y viajar a Israel. No quiero mirar atrás y ver que no hubo una sentencia en el caso’. Después de eso se marchó”, relató López Ávila.

Para la familia y para los investigadores, el cambio de fiscal abría una nueva oportunidad. Profundizar una de las hipótesis que se manejó en el inicio de la investigación: Aiziczon había sido víctima de un crimen por encargo. Un empresario, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales, le habría pagado una importante suma de dinero para que Borges acabara con la vida del profesor de tenis. Las razones: la víctima habría mantenido un romance con su esposa y, pese a las advertencias, no habría cortado la relación. Como antecedente existía una amenaza que fue denunciada. Albaca nunca le prestó demasiada atención, como tampoco lo hizo cuando solicitó que los acusados fueran enjuiciados.

López Ávila analizó el expediente y dio la orden de que se profundizara la investigación. Pero en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, como sucedió en el caso Lebbos. Los más de tres años que habían pasado hasta que reabrió el expediente se transformaron en el principal enemigo. Y no hubo caso. No surgieron indicios para probar esa teoría.

Antes de que se cumplieran ocho meses de haber recibido el caso, el fiscal pidió que los acusados fueran enjuiciados. Según su teoría, Aiziczon estaba acostado boca arriba y en ropa interior en la cama matrimonial de Martínez, cuando Borges le pegó en la cabeza con el caño de una pistola, dejándolo indefenso y sin capacidad de reacción. Luego siguieron los dos disparos mortales, y en vano intentó borrar los rastros del crimen. A él lo acusó de homicidio agravado por alevosía y a ella, de encubrimiento agravado.

El juicio

En noviembre de 2015 comenzó el juicio en contra de los acusados del homicidio del profesor de tenis. Las jornadas de debate transcurrieron sin sobresaltos. Ninguno de los dos imputados quiso hablar. El tribunal, integrado por Eduardo Romero Lascano, Juana Juárez y Pedro Roldán Vázquez, decidió que se leyeran las declaraciones que habían realizado en la etapa de instrucción. Borges confesó haber sido el autor material del hecho y Martínez negó cada una de las acusaciones en su contra.

La teoría del homicidio por encargo también sobrevoló por la sala. Fue la misma madre de la víctima la que aportó un detalle crucial. Antes de ir a la Policía, la mujer llamó a una conocida. “Quería saber si Pablo seguía con una relación que era muy peligrosa”, afirmó. “¿A qué se refiere con eso”, le preguntó la defensora Nosetti. “Era una relación con una mujer casada, pero que ya había terminado hace mucho tiempo”, aclaró la madre de Pablo. Cuando descartó que su hijo haya retomado ese amorío, hizo la denuncia.

Nada más se habló del tema en el debate. El rumor de que la vida de Borges había mejorado considerablemente después de cometer el crimen. En la cárcel, sus compañeros de encierro lo envidiaban porque tenía las mejores “pilchas” y era uno de los pocos internos que nunca dejó de contar con un celular. “Nos llamó la atención. Antes era un laburante más, pero después de haber sido detenido, es como si hubiera mejorado. No pudimos probarle nada sobre su crecimiento”, confió un investigador.

El fiscal de cámara Carlos Sale pidió prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía para Borges y cinco años de prisión por encubrimiento agravado para Martínez. La abogada defensora, Rosa Ana María Nosetti, quien representaba a Borges, había pedido que el caso fuese considerado un homicidio en estado de emoción violenta. La defensora de la única imputada solicitó la absolución.

Cuando llegó el momento de las réplicas, antes de conocerse el veredicto, el acusado pidió perdón a la familia de la víctima. “Él tenía un proyecto de vida y se lo quité. Es muy duro y muy difícil para mí estar aquí sentado. En todas estas jornadas he permanecido con la cabeza gacha porque siento vergüenza, yo soy el único responsable de esto”, manifestó en una nueva y poco común confesión.

Los jueces terminaron condenando a Borges a 24 años de prisión, ya que consideraron que durante la audiencia no se había logrado probar que actuó con alevosía. Martínez, en cambio, fue absuelta, ya que los jueces determinaron que no se podía acusar de encubrimiento a su concubina. Después de escuchar el fallo, Napadenski se dirigió a la fiscalía de López Ávila. Pidió hablar con él y, cuando le recibió, según contó el investigador, sólo le dijo: “ya está. Ahora me voy a cuidar a mis nietos y a mis hijos. Después veré si me voy de viaje”.