Tucumán debe adherir, sin modificaciones ni dilaciones, a la "Ley Micaela"

Por Inés Palacios. Tucumana. Lic. en Ciencia Política (Universidad Torcuato di Tella).*

20 May 2020
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VÍCTIMA. El femicidio de Micaela García -la joven de 21 años, asesinada en Entre Ríos en abril de 2017- motivó la Ley que obliga a que los funcionarios de todos los poderes del Estado se capaciten en violencia de género. TÉLAM

En los últimos días, Tucumán estuvo en el centro de la agenda política y mediática nacional, debido a que es la única provincia argentina que no adhirió a la Ley Micaela. La norma, denominada así en conmemoración a Micaela García, una joven de 21 años víctima de femicidio en 2017, establece la capacitación obligatoria en género y en violencia de género a quienes se desempeñan en la función pública.

Si bien los legisladores expresan que desean aprobar una ley de capacitación para quienes trabajan en los tres poderes del Estado tucumano en cómo abordar la violencia contra las mujeres se niegan a que tal capacitación tenga perspectiva de género -alegan que se trata de ideología de género-.

Ricardo Bussi (bloque Fuerza Republicana) afirmó no conocer casos de mujeres que hayan sido assesinadas por el hecho de ser mujer. Su opinión refleja que está desactualizado en un tema que hace casi 30 años figura en la agenda internacional. Y Tucumán se encuentra en una situación muy crítica como para seguir ralentizando sus políticas.

Las alarmantes estadísticas de la violencia de género en la provincia y sus casos más recientes ponen sobre la mesa la importancia de contar con un abordaje integral de la violencia contra las mujeres, y que tal abordaje se realice con perspectiva de género.

La importancia de un abordaje integral

La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU, aborda la perspectiva de género mediante autonomías (posibilidad de contar con capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas). Hay tres tipos de autonomía: física, económica y en la toma de decisiones.

La autonomía física refiere a los derechos reproductivos y a la violencia de género. La económica se explica como la capacidad de las mujeres para generar ingresos a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que el hombre. La autonomía en la toma de decisiones refiere a la presencia de mujeres en distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su participación plena, en igualdad de condiciones.

Hablar de violencia de género no es ideología

En 1992 el Comité de la ONU contra la Violencia de las Mujeres incluyó en sus temas la violencia basada en género y la definió como aquella “dirigida contra la mujer porque es mujer”.

Casi 30 años después, en Tucumán mueren 14 mujeres al año por esta violencia. El dato, obtenido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), convierte a la provincia en el segundo distrito con mayor tasa de femicidios del país. Cabe precisar que la figura de femicidio fue introducida hace ocho años en el Código Penal Argentino, como agravante del delito de homicidio.

El Estado tiene la capacidad de evitar un femicidio; pero muchas veces falla. Según la CSJN, un 18% de las víctimas de femicidios del país presentaron una denuncia por violencia antes de que el homicidio ocurra. Alejandra Sarmiento, de 22 años, era una de las mujeres que denunció su situación, y el Estado falló en su deber de protegerla. Alejandra vivía en Las Talitas; y el domingo 29 de marzo denunció a su ex concubino, Luis Edmundo Martínez, de 55 años, por amenazas de femicidio.

La ley Nacional N° 26.485 ordena que las denuncias tienen 24 horas antes de llegar a la Justicia, y que el denunciante tiene derecho a obtener medidas de protección a partir de las 48 horas. Alejandra murió el 3 de abril a manos de Martínez. Pero él no fue el único responsable.

La negligencia estatal también mata. La denuncia de Alejandra llegó tres días después a la Justicia; es decir, se demoró 48 horas más de lo que exige la ley. Alejandra murió dos días después, sin que se hayan activado los mecanismos que debían protegerla.

Si los policías que recibieron la denuncia en Las Talitas hubiesen sido capacitados en violencia contra las mujeres y en perspectiva de género probablemente Alejandra no habría muerto.

La autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones también son importantes.

En estudio realizado junto a IPEC, se detectó como las diferentes estadísticas de Tucumán dan cuenta de la desigualdad de género en estas dos aristas.

Según la encuesta sobre usos del tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las tucumanas dedican el doble de horas a las tareas no remuneradas del hogar, respecto de los tucumanos. Estas tareas suponen el cuidado de personas dependientes -niños, adultos mayores, personas con discapacidades- y los quehaceres de la casa. Esta distribución desigual incide de forma directa sobre las tasas de empleo. Las tucumanas, según estadísticas provinciales, tienen una participación laboral asalariada menor a la de los hombres, y padecen una mayor tasa de desempleo.

Respecto de la autonomía en la toma de decisiones las mujeres sólo representan un 20%, a pesar de que el artículo 37° de la Constitución nacional insta a que se generen mecanismos de acción afirmativa para garantizar una participación igualitaria entre varones y mujeres. Ya 14 provincias sancionaron sus leyes de paridad, quedan sólo 10 y entre ellas Tucumán.

¿Cómo se relacionan estos argumentos con la Ley Micaela?

Es importante abordar la violencia contra las mujeres desde una arista integral para comprender su complejidad. A esto se refiere la perspectiva de género. Los especialistas afirman que las mujeres sin autonomía económica tienen menos chances de denunciar a un varón agresor que aquellas que sí cuentan con sostén económico propio.

Si el Estado no entiende esa trama de desigualdad no estará preparado para eliminar la violencia.  Si no miramos la violencia contra las mujeres con una mirada integral, entendiendo todos los determinantes -económicos, políticos y sociales-, el Estado tucumano seguirá fallando en evitar que ocurran femicidios. Es importante que la Ley Micaela se apruebe en Tucumán, sin modificaciones y respetando su espíritu, formulado por especialistas.

* En el Gobierno de María Eugenia Vidal en Buenos Aires fue jefa de gabinete del Instituto Provincial de Género. Hoy es gerenta operativa de proyectos estratégicos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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