Idas y vueltas sobre la violencia de género

20 May 2020 Por LA GACETA

Tucumán volvió a estar por estos días en el centro de la escena a propósito de la Ley Micaela, ya que hubo hubo desinteligencias e indecisiones a propósito del tema. Es tan así que quedó como la única de las 23 provincias argentinas sin adherir a esa norma, que prevé la capacitación obligatoria en materia de género en los tres poderes del Estado.

La Ley se llamó así en homenaje a Micaela García, la joven entrerriana de 21 años que fue violada y asesinada por un hombre que debía estar en la cárcel por otros dos ataques contra mujeres, pero había recibido el beneficio de la libertad condicional. El Congreso la aprobó en 2018 y entró en vigencia a inicios de 2019. A partir de entonces, las provincias fueron oficializando su adhesión. Pero Tucumán no se pronunció al respecto. En la anterior conformación de la Legislatura hubo intentos de legisladores oficialistas y opositores por avanzar con el proyecto, que había llegado a ser incluido en el temario para su tratamiento. Sin embargo, en plena sesión, el texto fue retirado y hubo legisladores que reclamaron por supuestas presiones externas a la Cámara.

La semana que pasó, las declaraciones de algunos legisladores de la oposición generaron polémica; incluso presentaron proyectos alternativos a la Ley Micaela para evitar “el adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres”, según argumentaron. Esa postura provocó la reacción de organizaciones feministas, de funcionarios nacionales y de los propios padres de Micaela. “Impedir que las personas puedan asistir a una capacitación para que les cuenten cómo se ven las cosas desde otro punto de vista, impedir eso, sí me parece un apriete ideológico fuerte. Porque en definitiva lo que esta ley ofrece es una mirada, y las personas que se capaciten la tomarán o no”, afirmó Néstor García, padre de la víctima, a LA GACETA. Funcionarios y legisladores nacionales oficialistas remarcaron que Tucumán es la única provincia sin adhesión. “Ningún operador estatal puede decir: ‘yo no quiero que me capaciten sobre los derechos que la Argentina reconoce en su constitución’”, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en una entrevista concedida a este diario. “Quizás el punto sea que hay quienes no entienden de qué se trata la Ley Micaela. Justamente, es sobre sensibilización en violencias por razones de género y en temáticas de género”, aclaró.

Lo cierto es que en lo que va de 2020 ocho tucumanas han sido víctimas de femicidio. Tres de esos casos ocurrieron durante la cuarentena obligatoria. Hablamos de una provincia donde el sistema de emergencias 911 recibe entre 50 y 100 llamados diarios por casos de violencia de género, según la Policía.

En los últimos días declararon estar a favor de la iniciativa el gobernador y el vicegobernador, quien aseguró que mañana se tratará en el recinto. La presidenta de la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer explicó que el dictamen de mayoría “establece el Programa de Capacitación Obligatoria en violencia contra la mujer y la familia, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial”. Las miles de mujeres que sufren violencia de género en la provincia, los familiares de las víctimas de femicidio y una buena parte de la sociedad esperan que así sea. Convendría reflexionar en las idas y vueltas que se han dado en Tucumán por un tema que tendría que haber sido debatido razonablemente, en tiempo y forma.

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