Panorama Tucumano: la vuelta revuelta de la Justicia

A las 22.22 del viernes llegó el mensaje que oficializaba la marcha atrás de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: la normalización de los Tribunales provinciales no ocurrirá hoy, sino -quizá- dentro de una semana. Fue un día frenético de correveidiles. El desasosiego general dio paso, fuera de la institución, a la bronca y a la exasperación. Muchos proyectos de vida dependen de la salida del asueto judicial extraordinario declarado el 17 de marzo. Y la impaciencia recalienta los ánimos. La cuarentena enfermó de internas al Colegio de Abogados de la Capital, donde el sector disidente comandado por los dirigentes Amancio Petray y Felipe Rougés llegó incluso a pedir la intervención de la entidad. Es que la crisis sanitaria agravó el estado calamitoso del desempeño de la abogacía. No en vano los profesionales se desviven por trabajar en el esquema tribunalicio privilegiado contra el que despotrican. En los pasillos imaginarios de Zoom y de WhatsApp truenan los reproches. Más de un letrado plantea que, con los sueldos que perciben, los jueces podrían exhibir mayor sensibilidad respecto de la sociedad a la que sirven. No imaginan, claro está, que en algunos ámbitos de la Justicia la mayor preocupación pasa por destrabar el pago de la cláusula gatillo.

Los reclamos colocan a la Corte en una posición más que incómoda mientras que, por ejemplo, Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, sonríe: de entrada él anunció que las dependencias de su órbita iban a esperar hasta después del 24 de mayo -sería 26 por el feriado de la Revolución-. Sobre esta tensión sopla un abanico de contradicciones. A la objeción obvia de haber creado la expectativa de la reactivación del 18 y de, luego, dejarla de lado se suman las dudas que generó la consulta tardía del alto tribunal al Comité Operativo de Emergencia (COE) que configuró el Gobierno con motivo de la pandemia. Los abogados Marcelo Billone y Carlos Casal, respectivos presidente y vice del Colegio de la Capital, dijeron que los sorprendía que la motivación de la nueva prórroga del asueto proviniera de “opiniones sin fundamento comprobable emanadas de otro poder del Estado”. Un príncipe del foro dijo que “todo le cerró” tras leer el análisis que el periodista Federico Türpe publicó en la edición del sábado de LA GACETA. Ese trabajo periodístico consigna que el vocal Daniel Leiva comió de la misma parrilla que el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y otras autoridades políticas sin que a nadie le inquietara ni la transgresión al aislamiento ni el déficit de división de poderes, como deslizaron Billone y Casal.

La Justicia habría quedado enredada en una maraña de inconsistencias. El mismo COE que desaconsejó la reapertura tribunalicia habilitó el ejercicio de las profesiones liberales, el comercio, y hasta las ferias y las peluquerías. Es cierto que la prevención del coronavirus depende de cuánta gente circule en la calle, pero, por alguna razón que cuesta descifrar racionalmente, la gestión de Juan Manzur dio vía libre a los abogados, mas no a la institución donde aquellos desarrollan su tarea. En el Colegio dicen que esa posición expone una visión pobre del Estado de derecho. Y consolida la sensación de que la Justicia, órgano de control por excelencia en la democracia republicana, no presta un servicio esencial, como si, por ejemplo, fuese una bagatela el dilatado enjuiciamiento del ex fiscal Carlos Albaca por el supuesto encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos acaecido en 2006.

La descoordinación observada en la Provincia contrasta con la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de reanudar la tarea a partir de hoy, aunque, desde luego, el caudal de juicios y la concurrencia allí sean menores que los de los Tribunales locales. Los jueces federales trabajarán también en el horario vespertino; el personal rotará; habrá turnos para la atención de las partes; las audiencias serán reprogramadas de oficio y los contactos físicos se atendrán a un protocolo anti-covid-19. Muchos de estos pasos y previsiones fueron considerados por la Corte tucumana, donde incluso dispusieron la colocación de mamparas de acrílico en los mostradores. Pero esos preparativos sólo alimentan el malestar con el delay. El descontento también alcanza a un número significativo de los jueces, funcionarios y empleados activos durante la prestación acotada, pero estresante, de la cuarentena. Esa fracción del staff carga con la imagen negativa de los que fueron desafectados, con el juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot, a la cabeza. Se hace cada vez más intolerable que los justos paguen las facturas de los pecadores y en la magistratura comienzan a barajar estrategias de diferenciación. Pareciera que la primera es transparentar y sistematizar las estadísticas de productividad para que esos números hablen por sí mismos. La Corte difundió cifras globales llamativas acerca del movimiento en el asueto (más 1.200 sentencias dictadas y más de 24.000 actuaciones generadas en alrededor de 8.200 expedientes), pero esos datos a bulto son insuficientes para discriminar quién es quién y, fundamentalmente, para premiar a los que se esforzaron más que en tiempos regulares, la fórmula de vida durante la crisis que propone el sabio Noé Jitrik.

Por el lado de los abogados, a la vista está que no supieron no ya prepararse para una pandemia, sino actualizar su sistema operativo y abandonar los papeles de los que ahora son rehenes. El tiempo perdido en la modernización está pasando una cuenta astronómica, máxime si se considera que el 13 de abril cumplió 10 años de vigencia la ley que estableció el expediente digital en el Poder Judicial, y que, como acotó el promotor de la tecnología, Bernardo Carlino, la ley nacional de firma digital y documento electrónico data de 2001. La dirigencia de la abogacía no priorizó esa reforma decisiva e, incluso, este año pidió la postergación de su implementación. Es una lección durísima: la está padeciendo también el vocal decano Antonio Estofán, quien pidió licencia por estar cumpliendo el aislamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pareciera que en esta fase cuatro escasean las opciones intermedias que asomaron en la gestión previa del confinamiento. Como se ve, hay tela marinera para cortar en esta vuelta revuelta de la Justicia.