Otro golpe para el espacio público de los Valles

El incumplimiento de las reglas hace peligrar el patrimonio preciado de Tafí del Valle, que pertenece a los lugareños y residentes, pero también al resto de la humanidad. Lamentablemente la corriente de destrucción de este ámbito natural y cultural privilegiado continúa en marcha, pese a las voces de alarma que han advertido sobre la necesidad de frenar la degradación y a la sanción de una ley sin precedentes para suspender la construcción irracional en el cerro El Pelao. La ausencia de mecanismos de prevención y de sanción del daño posibilitan el arraigo del desorden y la caotización del espacio público. La ocupación de la ruta 307 por parte de particulares durante la cuarentena demuestra hasta qué punto se ha perdido la idea de que la convivencia demanda límites y regulaciones que no pueden ser traspasados.

Días después de la experiencia traumática del desalojo de los accesos a las localidades vallistas, la Municipalidad tafinista prodigó otro revés a la posibilidad de cuidar los bienes comunes mediante la frustración de la designación de la jueza de Faltas. Esta figura deviene central para hacer cumplir las ordenanzas que, en especial en la época de las vacaciones cuando la ciudad se llena de visitantes, intentan organizar desde el manejo de los residuos hasta la venta informal, que en la última temporada literalmente tomó las calles principales de la villa turística y obligó a los peatones a usar la calzada, con peligro para su integridad. Está de más mencionar las infracciones cometidas por los conductores de autos, motos y cuatriciclos, y el hecho de que un boliche decidió en enero abrir las puertas sin la habilitación municipal, pese a los cuestionamientos que su instalación había generado. Los excesos, que están a la vista, no fueron suficientes para persuadir a la Intendencia de Francisco Caliva y al Concejo Deliberante que domina la oposición sobre la necesidad de tomar en serio la puesta en funcionamiento del Juzgado de Faltas. Otra vez la mala calidad de la política golpeó a los vecinos, veraneantes y turistas, quienes, a cambio de los impuestos que tributan, mínimamente merecen que sus representantes se ocupen de cuidar el espacio público. La paradoja es que tanto Caliva como los opositores, con la concejala Jéssica Yapura Astorga a la cabeza, cuestionan los destrozos que su pueblo sufre. Pero, al momento de empezar a enderezar ese desmadre mediante la cobertura del organismo que debe aplicar las sanciones a los infractores, unos y otros negaron con sus decisiones las intenciones que habían pronunciado. Ninguno consideró, por ejemplo, que una manera efectiva de hacer un cambio era organizar un concurso público de antecedentes y de oposición que aumentara la probabilidad de que el puesto sea ocupado por el postulante con mayor preparación para una tarea tan compleja.

El intendente y sus concejales aliados fallaron al designar discrecionalmente para el cargo a una abogada sin incluir sus antecedentes ni estimular el involucramiento del Concejo mediante la realización de entrevistas con la candidata. La oposición falló al permitir que este procedimiento defectuoso iniciado el 10 de febrero avanzara hasta la sesión del 12 de mayo, donde expuso sus vicios y lo rechazó con el agravante de que, en virtud del reglamento, el tema recién puede ser tratado de nuevo el año próximo. Ello quiere decir que Tafí del Valle afronta la posibilidad cierta de otra temporada estival sin capacidad para multar y penalizar las transgresiones. Es una situación penosa, que incrementa las dudas sobre la conservación de un paraíso que ya muestra señales de un desgaste más que preocupante.