“Los controles institucionales no deben desaparecer nunca, ni siquiera en la crisis”

La pandemia puede exigir una respuesta excepcional de parte del Estado, pero no autoriza a descartar el esquema de separación y equilibrio de poderes gestado para impedir los abusos. La jurista porteña María Angélica Gelli defiende esa idea básica del Estado de derecho durante una entrevista telefónica. Catedrática, ensayista y autoridad del Derecho Constitucional, la abogada Gelli reflexiona sobre los peligros que entrañan las emergencias y el comportamiento de las instituciones nacionales durante la irrupción del nuevo coronavirus, además de anticipar sus temores respecto de la reforma judicial pretendida por la Casa Rosada. “En un sistema constitucional, los controles no deben desaparecer nunca, ni siquiera en la crisis sanitaria”, afirma.

-El temor al impacto de la covid-19 ha incrementado el presidencialismo. ¿Es razonable esa concentración?

-Esta situación es de una emergencia indubitable y no podemos cuestionarla. Las medidas que el Gobierno tomó al comienzo con decretos de necesidad y urgencia fueron necesarias, el punto es cuánto van a prolongarse y si se ajustan a la Constitución. Por ejemplo, este último decreto 457 que emitió el Poder Ejecutivo Nacional que modifica el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, según mi opinión, da muchísimas atribuciones al Presidente en manos del jefe de Gabinete. El artículo 37 reservaba al Congreso de la Nación las decisiones que afectaran el monto total del presupuesto, de modo que la facultad otorgada a la Jefatura del Gabinete es muy amplia: me parece que ahí habría que poner algunos límites. Ahora, todas las otras medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio generan problemas porque limitan derechos constitucionales, aunque es cierto que las restricciones estaban justificadas. Los decretos de necesidad y urgencia que emitió la Casa Rosada también deben ser examinados, y, para mi gusto, el Congreso ha demorado demasiado en reunirse.

-¿Le preocupa que las decisiones tomadas con motivo de esta emergencia adquieran estatus permanente, como ha sucedido tantas veces en el pasado?

-Es cierto y me alegra que usted me lo señale porque me estaba olvidando de mencionar un decreto de necesidad y urgencia que prorrogó y amplió una ley de emergencia dictada por el Congreso el año pasado. Inmediatamente después de que asumió la nueva administración, el Poder Legislativo hizo concesiones amplísimas por un año al Poder Ejecutivo: casi no dejaron ningún rubro afuera. Después vino la crisis sanitaria y la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y el Presidente extendió todavía más aquella ley por medio de un decreto. Esto siempre es inquietante porque habíamos vivido cuatro años sin emergencias en términos generales y lo que está ocurriendo me parece delicado. En un sistema constitucional, los controles no deben desaparecer nunca, ni siquiera por la pandemia. Y esperemos que estas potestades excepcionales cumplan su plazo porque la práctica argentina, salvo en el período anterior, fue vivir en permanente emergencia y eso no es bueno para las instituciones.

-¿Cómo evalúa el comportamiento del Poder Judicial durante la cuarentena?

-Creo que la Justicia debiera funcionar en plenitud. Hubo ferias prorrogadas al ritmo de las decisiones que adoptó el Gobierno nacional y hace casi dos meses que estamos en esta etapa, aunque hubo habilitaciones para atender las cuestiones que no admitieran demoras, pero esa consideración depende de los jueces. Hay que buscar una solución más amplia porque el Poder Judicial no puede dejar de funcionar tanto por los ciudadanos como por la abogacía, que es un ámbito de defensa de los derechos y garantías. Los Tribunales tienen que encontrar la manera de reactivarse con las limitaciones propias del aislamiento. Pero paulatinamente hay que disponer de una organización judicial que funcione para todos los casos: entiendo que esto es esencial. La pandemia puso de manifiesto la demora en la modernización general del Estado, aunque ha habido avances en algunos ámbitos. Pero, por ejemplo, las audiencias electrónicas no pueden ser la excepción: hay que encarar esta modalidad remota como algo regular.

-En este contexto, ¿cómo le han sentado las noticias de que el Gobierno avanzará con la llamada reforma judicial prometida para regenerar los Tribunales Federales de Comodoro Py?

-Todo lo que se haga para mejorar y transparentar la administración de justicia es bienvenido. Dicho esto, los magistrados que no merezcan ese título deben ser destituidos con los mecanismos institucionales disponibles porque para eso están los jurados de enjuiciamientos y los juicios políticos. No se puede, por una vía indirecta, vaciar los Tribunales. La reforma judicial es bienvenida si se sabe por qué, cómo, para qué y si se la somete a un amplísimo debate. No puede resolverse velozmente y menos en un momento como este donde estamos viviendo tantas limitaciones para el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero, insisto, el único medio para prescindir de jueces que incurren en mal desempeño es la destitución prevista en la Constitución. No querría sorprenderme con una propuesta que busque atajos: supongo que la oposición, como es su papel, hará oír su voz crítica, al igual que la ciudadanía.

-Pareciera que el problema de la corrupción es nuestro gran cuco y el motivo de fondo de este tipo de iniciativas para la Justicia. Hemos pasado un tiempo concentrados en el virus, pero el fantasma volvió a aparecer...

-La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 36, que plantea cuestionamientos muy serios a la falta de transparencia administrativa y a la corrupción. Tenemos el mandato constitucional de atender este asunto en dos líneas: la prevención y la sanción. Para lo primero es fundamental que haya eficiencia y transparencia, y que conozcamos cómo negocia y contrata el Estado. El segundo punto es el castigo para quienes han usado la función pública para enriquecerse, por supuesto sin abusar de las prisiones preventivas y con la independencia debida. Con pandemia o sin pandemia, hay que atender este problema prioritario para nuestro país. Sinceramente pienso que si tuviéramos un Estado eficiente y eficaz, y si estuviésemos convencidos de la importancia de la meritocracia, sería más sencillo combatir la corrupción.

-¿Cuán lejos estamos de eso?

-Es fundamental que, mientras tanto, tengamos una prensa libre: su papel es esencial para que haya progresos. Debemos evitar cualquier intento de controlar la opinión pública mediante la interferencia en la libertad de los medios de comunicación. Los ciudadanos siempre podemos elegir de dónde informarnos, pero, para que ello suceda, es fundamental que haya tal diversidad de opciones. Lo que no debemos hacer es desanimarnos nunca en el camino de construcción del Estado de derecho.