Un médico denunció que Mamaní le impidió entrar a El Mollar y lo amenazó con desplazarlo

Otra declaración policial refiere que la indigenista profirió intimidaciones por la radio a una vecina que había cuestionado su rol de guardiana de la ruta.

12 May 2020 Por Irene Benito
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EL 29 DE ABRIL. Margarita Mamaní sostiene el cuaderno donde registraba el movimiento de la ruta 307 y fiscalizaba el acceso a los Valles. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll

Dos nuevas denuncias incrementan las sospechas sobre la actuación que la dirigente indigenista Margarita Mamaní desarrolló en el control del ingreso a los Valles durante la cuarentena. Un médico manifestó a la Policía que la comunera le había negado el paso a El Mollar, donde trabaja desde hace una década, y advertido que iba a bregar para que le sacaran el cargo. Luego, una asistente odontológica expresó que, por reproducir un audio que informaba que “en el corte de la ruta 307 cobrarían” para autorizar la entrada, Mamaní llamó a la radio FM Calchaquí y comunicó que iba a tomar represalias contra su persona. Ambas denuncias ingresaron al Ministerio Público Fiscal de Monteros el 5 de mayo, tres días después del desalojo de la ruta, y de la detención domiciliaria de la indigenista por transgredir el aislamiento obligatorio y otros cuatro supuestos delitos.

El médico Javier Eduardo Moreno relató que el 26 de marzo, mientras se dirigía en su automóvil particular para hacer la guardia en la Policlínica de El Mollar, advirtió que la dirigente “cortaba” el camino a la altura del kilómetro 48, en el punto conocido como “Puente Ing. Roberto Robles Mendilaharzu”. “La ciudadana Mamaní, autoproclamada cacica, rol que dudo que cumpla, me impidió el paso hacia mi trabajo. Esta señora aparentemente desconoce el decreto presidencial 297/2020 que permite la libre circulación al personal de la salud”, relató Moreno, según la declaración que tomaron el oficial principal Ángel Tejeda y la agente Belén Romano. El denunciante añadió: “Mamaní me amenazó con que no me iba a dejar ingresar a los Valles. Y a viva voz me gritó: ‘te voy a hacer desplazar del cargo como profesional si no te retirás ya’”.

El 30 de marzo, la asistente odontológica y vecina María Fernández Villafañe se presentó ante la Comisaría de El Mollar, y contó que fue amedrentada por sugerir que habría “un peaje” en el “Puente Ing. Roberto Robles Mendilaharzu”. “La cacica dijo en FM Calchaquí que iba a tomar represalias contra mí. Luego, me empezaron a llegar mensajes al celular con amenazas de que romperían los vidrios de mi casa y de mi auto, y envenenarían a mi perro. Si esto llegara a pasar, hago responsable a la señora Margarita”, dijo Villafañe, según la declaración que tomaron el oficial subayudante Jorge Luis Arias y la agente Verónica Cruz.

Las denuncias del médico y de la asistenta adontológica tardaron más de un mes en “bajar” hasta los Tribunales de Monteros, donde fueron agregadas al expediente que instruye la fiscala Mónica García de Targa. Durante todo ese tiempo, específicamente desde el 19 de marzo hasta el 2 de mayo, Mamaní y sus compañeros fiscalizaron el movimiento de la ruta con el objetivo, según dijo la primera, de defender al pueblo del nuevo coronavirus, y ahuyentar a los turistas y veraneantes que pretendían aislarse en las localidades vallistas. Pero otros testimonios indican que la dirigente se puso al mando del control y que impartía órdenes a los policías que la acompañan. Es lo que refirieron las denunciantes Lucía Terán, quien intentaba ingresar a Tafí del Valle porque había sufrido un robo en su propiedad, y María Estela Taboada. Esta última comentó que un policía le había comunicado que tenía que pedir autorización a la indigenista para bajar a esta capital: según su relato, Mamaní le permitió irse con la advertencia de que no podría regresar. A ellos se unió Enrique Cruz, quien disputa a la dirigente el cacicazgo de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar. Este manifestó que Mamaní violaba la cuarentena y hacía abusos de poder.

Posible vuelta a la ruta

Como consecuencia de las versiones sobre posibles irregularidades, un equipo de la Fiscalía de García de Targa intentó disolver el campamento de Mamaní el 3 de abril, pero los comuneros lo impidieron. El personal del Ministerio Público Fiscal constató allí que la denunciada era quien daba las órdenes. El 29 de abril, la indigenista estaba sola al frente de las vallas instaladas en el “Puente Mendilaharzu”, y registraba en un cuaderno todos los datos personales de quienes se acercaban hasta allí. Mientras hacía esa tarea, Mamaní dijo a LA GACETA que no incumplía la cuarentena puesto que el “Gobierno la protegía” y mencionó que la noche anterior había recibido la visita del ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley. Al día siguiente, la fuerza policial a cargo de esa cartera fracasó en el intento de desalojar a los comuneros y de privar de la libertad a la indigenista: la orden judicial había sido dictada por el juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, Mario Velázquez.

Según el acta del operativo frustrado, los seguidores de Mamaní se agolparon en la ruta y amenazaron con que “iba a correr sangre” si ejecutaban las medidas coercitivas. El documento consigna que el intendente de Tafí, Francisco Caliva (PJ), incluso se colocó al lado de la dirigente y que las fuerzas de seguridad federales no se presentaron al procedimiento, como había ordenado Velázquez. El 2 de mayo y en medio de una gran tensión, la Policía despejó la ruta y llevó a Mamaní a su casa -además, ejecutó dos aprehensiones-. Al día siguiente, Maley, Caliva, el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga y otros funcionarios convinieron con representantes de las comunidades indígenas su participación en los controles, pese a que Velázquez dispuso que sólo podían estar allí oficiales públicos. Ese convenio permitiría a Mamaní regresar a la ruta a partir del 15 de mayo, cuando vence su arresto domiciliario.

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