Por Marcelo Aguaysol
09 Mayo 2020
La semana que transcurrió no ha sido fácil para el Comité de Operaciones de Emergencia, ese organismo que define qué actividad se flexibiliza y cuáles seguirán en cuarentena. Algunos de ellos han sugerido, lisa y llanamente, que se cierren las fronteras de la provincia durante los próximos 15 días, para establecer si puede llegar a presentarse casos de circulación viral comunitaria. El razonamiento en este sentido fue que hay casi 600 pedidos de retorno de viajeros, y gran parte de ellos vuelven de zonas donde la covid-19 sigue expandiéndose. El planteo llegó, incluso, hasta el despacho del gobernador Juan Manzur. “No podemos hacer eso. Mejor es afianzar los controles y hacer más testeos”, fue la respuesta del mandatario.
En el gabinete hay margen para el disentimiento, pero no para las internas. Así se resolvieron las excepciones que se tomaron, particularmente, las vinculadas con el comercio. La realidad le marcó el rumbo al Gobierno. La procesión de empresarios y de profesionales por los despachos oficiales, al borde del llanto, ha sido una escena cotidiana en la Casa de Gobierno. Tucumán cuenta con una masa de trabajadores en blanco (públicos y privados) estimada en 300.000 personas. Al menos el 30% de esos puestos estaban y están en riesgo. Son de aquellos empleados mercantiles que no saben con qué se encontrarán cuando vuelvan a sus tareas; también los obreros de la construcción y hasta los profesionales e independientes. Ni hablar de aquellos que están en negro y que superan los 120.000 obreros sólo en el Gran Tucumán. Es un ejército que se cae, permanentemente y en períodos de crisis, en la pirámide social. Por eso el uso de la persuasión más que de la sanción; por eso, el reclamo general de responsabilidad colectiva. Hay que construir un presente para saber dónde hay que pisar, porque el futuro sigue siendo incierto.
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