Empresas de seguridad privada: “no se puede autorizar un trabajo que es informal”

El presidente de la cámara que nuclea a las empresas de seguridad dijo que este es un problema de años y que sigue sin solucionarse.

26 Mar 2020
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“Es correcto el procedimiento de la Policía, si no están autorizados deben volver a casa. Se trata de personas que llevan años funcionando clandestinamente y que no cumplen con los requerimientos que exige la actividad. No se puede dar autorización a un trabajo informal”, aseguró Víctor Aráoz, presidente de la cámara que nuclea a las empresas de vigilancia privada.

“Es personal que no tiene seguro, ni ART, ni obra social, en una clara violación a todas la normativas previstas por la Ley 7715 que regula la actividad de la seguridad privada en toda la provincia”, subrayó Aráoz.

El ex comisario destacó la tarea que realizan las empresas habilitadas que siguen brindando su servicio durante el periodo de aislamiento. “La seguridad privada es complementaria a las fuerzas de seguridad. Los vigilantes habilitados no tienen antecedentes judiciales, cumplen con los exámenes psicofísicos, y tienen las coberturas necesarias para cumplir con una tarea que se cataloga de alto riesgo”, añadió.

“El servicio de las agencias que están reglamentadas permanece al alcance de los vecinos para cualquier horario que deseen contratarlo. Por el contrario, todo aquel que consume al servicio de los ilegales pasa a ser cómplice de una actividad que saben que es clandestina”, manifestó el dirigente empresarial.

El presidente de Catesi aseveró que el conflicto con los rondines no es nuevo, sino que se trata de sino de una cuestión de mucho tiempo que hasta hoy no se resuelve.

“Hay personas que eligen a los servicios clandestinos justificándose por tratarse de algo más económico, pero la realidad es que no es tanta la diferencia. Además hay complicidad de las autoridades gubernamentales por permitir la convivencia de la actividad legal con la ilegal. La famosa ‘seguridad barrial’ contratada por algunos vecinos y comerciantes consiste en darle un arma a personas que no saben cuáles son las formas correctas de proceder y que muchos casos han convivido con la delincuencia”.

Sintetizó que la solución para los vecinos que perdieron la vigilancia en sus cuadras, es empezar a contratar a las empresas habilitadas. “Tucumán es una plaza donde podrían trabajar 10.000 personas dentro de la actividad, y sin embargo hay solo 2.000 que lo hacen de forma legal”, resumió.

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