Agenda en espera

La pandemia de enfermedad por coronavirus y la situación sanitaria local mantienen a las autoridades provinciales en vilo y ocupadas. Por estas horas es prácticamente el único tema en la agenda de la gestión que encabezan el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Aún es incierto durante cuánto tiempo la situación permanecerá así, pero las previsiones del primer mandatario provincial, médico sanitarista que fue ministro de Salud nacional, no dieron la sensación de que se resolverá rápidamente. Hay, sin embargo, asuntos que quedaron pendientes de resolver por parte del Gobierno provincial y que lógicamente se pospusieron.

Los funcionarios de diversos ámbitos esperan poder retomarlos apenas haya más certezas en relación a cómo seguirá la actividad y la vida de los ciudadanos en relación al Covid-19.

La economía es sin dudas el aspecto más preocupante para el Gobierno. Conseguir el dinero para afrontar los salarios y los gastos del Estado se ha vuelto un desafío constante y cada vez más trabajoso. Hace pocos días, el periodista de este diario Luis María Ruiz dio a conocer que el Ejecutivo tomaría por segunda vez en cinco meses a un crédito para poder sostener algunos gastos. En esta ocasión, serán $1.300 millones prestados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En noviembre, se había tomado un crédito de $3.000 millones del Banco Macro. En paralelo, los fondos nacionales no llegan en la magnitud que se esperaba y la situación sanitaria también demoraría los envíos para áreas que no sean sanitarias o no estén relacionados con la emergencia.

La cuestión gremial también desvela. La cláusula gatillo se convirtió en la pesadilla del Gobierno, primero por el rechazo que generó entre los empleados públicos la suspensión del pago de la última cuota de 2019 y luego porque los sindicatos también cuestionan que se haya anunciado que se abonará, pero como sumas no remunerativas.

Las paritarias vienen demoradas por el conflicto docente. Sucede que los trabajadores del sistema educativo suelen ser los primeros en pasar por la mesa de negociaciones porque el inicio del calendario escolar apremia y solían marcar el porcentaje de incremento salarial para el resto de los sectores públicos. Con esas conversaciones trabadas, el resto tampoco avanzó.

El viernes se desarrolló la tercera audiencia de conciliación obligatoria, que marcó un inicio de clases con aulas vacías en los primeros días y con docentes manifestándose en la plaza. Según los gremios no hubo nuevas propuestas y se pasó a un cuarto intermedio también por la emergencia sanitaria. A fines de mes vence esta medida planteada por la Provincia. En la Casa de Gobierno apuestan a mantener el diálogo y así, la “paz social”.

La inseguridad también urge en tierras tucumanas y parece no menguar, por más que los índices que se exhiben dicen lo contrario. El Ministerio de Seguridad pondrá en marcha nuevas medidas, que no dejaron conformes a los opositores en la Cámara cuando fueron expuestas por el ministro Claudio Maley.

El transporte está inscripto en la lista de las situaciones que quedaron al margen. El paro por motivos salariales recordó que la crisis del sector sigue latente, después de un 2019 con una quincena de huelgas. El proyecto del Gobierno para provincializar ese servicio público de pasajeros avanzará en la Legislatura. La Municipalidad de la capital ya levantó la voz porque considera inconstitucional que la Provincia se inmiscuya en los recorridos urbanos.

Mientras la enfermedad COVID-19 acapara -acertadamente- la atención de la Provincia, estos asuntos quedan pendientes en la agenda.