Sacudón para el árbol de la Justicia

24 Feb 2020 Por Irene Benito

Hay quienes sostienen que la manera más rápida de hacer que los membrillos maduros caigan es arremeter con fuerza sobre el árbol que los cobija. Basta un par de sacudones impetuosos para que las ramas suelten los frutos y estos se precipiten newtonianamente hacia la tierra. La imagen sirve para ilustrar la coyuntura del Poder Judicial argentino: todo juez, fiscal o defensor oficial en condiciones de acceder a la regulación actual de la jubilación con el beneficio del 82% móvil (Ley 24.018) está tratando de irse ante la perspectiva de que el Congreso de la Nación reduzca los haberes pasivos, encarezca los aportes y endurezca los requisitos del régimen especial. La feria de retiros tribunalicios vista esta semana ha sido tan elocuente que, desde el punto de vista político, podría decirse que la cosecha de “membrillos” superó las expectativas. A partir de tales resultados, los diputados oficialistas incluso podrían, con cualquier excusa, anunciar la postergación de la reforma promovida por la Casa Rosada y, para congraciarse con los jueces en actividad, hacer algunas concesiones: total, el objetivo de “limpiar” el árbol ya está cumplido.

En “Trucumán”, la campaña de vaciamiento sería capaz de poner a disposición de los gobernantes alrededor de 50 cargos de los Tribunales ordinarios y una decena de la espectral Justicia de Paz. La primera cifra equivale a casi el 20% de los puestos jurisdiccionales existentes. Es un “botín” comparable al que tuvo el ex gobernador José Alperovich a partir de 2006, cuando convino con el ex presidente Néstor Kirchner y hoy presidente de Diputados, Sergio Massa (entonces comandaba la Anses), la incorporación de la familia judicial local al sistema especial de jubilaciones en vigor para la Justicia Federal y Nacional desde 1991. Ese acuerdo eliminó el tope de $ 3.100 -U$S 1.000 de ese momento- que regía para los retiros de la judicatura. Los números que dan vuelta indican que, en el presente, el haber “especial” promedio ronda los $ 235.000, es decir, U$S 3.800, según la cotización oficial de la divisa.

La instalación del esquema del 82% móvil y las numerosas renuncias que estimuló permitieron a Alperovich “armar” la Justicia actual: si no cubrió más cargos fue porque se enzarzó durante tres años en la pelea con el Colegio de Abogados de la Capital por el método de cobertura que derivó en el establecimiento del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en 2009. Muy poco queda de ese organismo original que prometía la moderación del amiguismo y del acomodo, y la prevalencia del mérito y de la idoneidad. “Sólo el nombre”, resume un príncipe del foro. Durante estos 10 años, el Gobierno se encargó de mellar el límite impuesto a la discrecionalidad del hoy senador. El presente dramático de Alperovich, quien se dice víctima de un plan delictivo funesto, debería recordar que los caudillos terminan siendo rehenes de las monstruosidades institucionales que crean. Es una regla constante de la historia y el castigo para quienes desprecian la independencia judicial. ¿Otro ejemplo? Los Tribunales desprestigiados de Jujuy.

Esta segunda ola de renuncias encuentra a Tucumán con -¡ay!- un hilito de institucionalidad. En términos rigurosos, a las autoridades del Estado nunca les interesó cubrir por completo las acefalías desatadas a partir de 2006 hasta el punto de que hay 40 concursos en trámite. El CAM se abatató o fue abatatado -en particular cuando le quitaron los concursos múltiples-, y, además, al gobernador Juan Manzur se le dio en su primer mandato por aplazar hasta el hartazgo el cumplimiento de su obligación constitucional de nombrar jueces hasta el punto de que la entidad intermedia de los letrados tuvo que judicializar esta procrastinación: es un juicio que boya por la Justicia desde octubre de 2017. Nada más apropiado para una administración con ínfulas de califato que la existencia de un Poder Judicial raquítico y carcomido por las vacancias: sólo que lo que el califa desea es precisamente lo que mata a la democracia, la falta de justicia o la justicia que en llegar tarda más que las obras para evitar las inundaciones.

En definitiva, la persistencia de las acefalías autorizó a invocar la “emergencia”, a esta altura una de las palabras más pisoteadas del léxico político vernáculo, y al CAM lo fueron llenando de atajos. A la obligación irracional de celebrar un concurso por unidad acéfala le siguió la sanción de la ley que crea la magistratura precaria o subrogante, cuya fecha de vencimiento -léase inestabilidad- altera una de las garantías constitucionales de la independencia. Después vinieron los auxiliares de fiscal y de defensor oficial designados a dedo y en secreto por sus jefes, los ministros públicos Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila, que, según el Colegio de Abogados, son veros fiscales y defensores oficiales encubiertos. Por último, el año pasado los que mandan jubilaron las ternas del CAM con una reforma legislativa que habilita toda clase de ajedreces y especulaciones para subir y bajar concursantes de las propuestas de jueces remitidas al Poder Ejecutivo. La conclusión es obvia: nada conviene más al oficialismo que disponer de unos Tribunales agujereados, ora porque esa circunstancia por sí misma debilita el control, ora porque hay múltiples formas de asegurar que las vacantes sean ocupadas por candidatos afines.

Si el Congreso ratifica el incremento de los años de aportes y de la edad en la reconfiguración del régimen especial, la otra consecuencia será la “gerontocratización” del Poder Judicial. Se acabará el plan de jubilación premium con el que cada vez más abogados pretendían terminar su carrera. Para algunos jueces que acaban de asumir o con escasa antigüedad, el cambio implica una “condena” a trabajar hasta casi los 80, si no hasta la muerte. En suma, nadie está exento del sacudón neokirchnerista, cuyos artífices se empeñan en restringir un régimen de excepción que antes alimentaron, y en ese “nadie” cabe fundamentalmente el pueblo al que le prometieron que una Justicia bien retribuida iba a dar frutos abundantes de equidad, paz y prosperidad general.

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