Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 19 Febrero 2020

Diez días para la rendición de cuentas del primer año del segundo mandato. Los mensajes de apertura del período ordinario de sesiones legislativo suelen tener ese cariz, el de detallarle a la sociedad lo que el Gobierno vino haciendo y lo que promete ejecutar. Juan Manzur va por la quinta vez que dará ese discurso. La diferencia respecto de los anteriores es que en esta oportunidad el escenario será de restricciones financieras. A la actual gestión no le sobra dinero; le faltan recursos. Tal vez esos $ 3.000 millones que el propio Manzur le solicitó el sábado, en la Quinta de Olivos, al presidente Alberto Fernández, contribuya a brindarle a la administración provincial un tubo de oxigeno de mediano plazo, hasta llegar al segundo semestre. Esa es la meta del equipo económico. Históricamente, mayo y junio son considerados meses bisagra. ¿Cuál es la razón? Los vencimientos del impuesto a las Ganancias, particularmente, alimentan las transferencias de recursos coparticipables, de tal manera de proyectar otro año a partir de julio.

Pero, a diferencia del pasado reciente, el cruce de un período a otro es menos significativo. Ahora se trata de sobrevivir fiscalmente y, apuntalar con ingeniería financiera, la recaudación local. Una vez que el déficit se instala en las cuentas públicas, es difícil salir de ese esquema. En cualquier hogar, cuando faltan recursos –y no hay posibilidades de obtenerlos a través de otro empleo en el grupo familiar- se apela a la tarjeta de crédito, con el consabido alto costo que ese tipo de financiamiento implica en tiempos de crisis. En el caso de Manzur, la tarjeta tiene nombre: Alberto. ¿Y cuál es el costo? Tan elevado como el de las emisoras de los “plásticos”, nada más que eso se paga en términos políticos. Nada es gratis.

Las deudas comienzan a tapar, con efecto cascada, a la administración de gobierno, en todos sus niveles. De la misma manera que el agua sigue tapando a la capital, en particular, y a la provincia, en general, cada vez que se desata una tormenta. No hay soluciones estructurales. No hubo prioridades; ni ayer, ni hoy y tal vez tampoco mañana si las mezquindades políticas siguen flotando en medio de tantas necesidades sociales. Para todo se requiere plata. Pero también voluntad política para hacerlo. Ahora todo es cuesta arriba. Cuando hubo fondos, era más sencillo. Cuando no los hay, la única herramienta disponible es rezar, para que la inundación no se lleve todo. De un día para otro. De la noche a la mañana.

La Casa Rosada da pocas señales acerca de un financiamiento más amplio para los gobernadores más comprometidos en el manejo de las finanzas públicas. Manzur y el resto de sus pares saben que tendrán que esperar, con suerte, hasta abril. Hasta entonces, el país sabrá si los acreedores le aceptan la propuesta de reestructuración de la deuda y, por ende, si habrá fondos para repartir. Hasta entonces, también, se redefinirá el Presupuesto 2020 para la Argentina. Hoy no existe esa base de proyecciones de recursos que llegan por ley y también de los discrecionales, de esos que cada gestión nacional gira a las provincias más afines que otras.

La provincia, en tanto, ha proyectado gastos por unos $ 156.000 millones para todo este año. Y esa cifra le resulta escasa para solventar todas las erogaciones proyectadas. En particular, la Casa de Gobierno hace foco en el gasto en Personal, que le insume el 60% del total, de acuerdo con los cálculos oficiales. Se destina menos del 10% de esas partidas a la ejecución de obras públicas. Faltan una docena de días para la fecha en la que el Gobierno ha propuesto que se inicien las clases. Las paritarias aún están verdes. El Ejecutivo se monta en las negociaciones salariales nacionales con el sector docente; no las abrirá a nivel local sin esas pautas. El resto de los gremios estatales esperan señales.

La cláusula gatillo se aleja. Vive en el reclamo sindical, pero desapareció del diccionario gubernamental. La Casa de Gobierno se plegará a la ola nacional, esa que le dio el certificado de defunción a la cláusula gatillo, y que ahora promueve acuerdos trimestrales o semestrales, con porcentajes fijos.

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