07 Febrero 2020
30 DE ENERO. En la Legislatura le entregan a Iriarte la respuesta a su requisitoria. Según el abogado, está incompleta. PRENSA LEGISLATURA
Como la Legislatura de Tucumán no ha dado a conocer a través de su página web cuál es su planta de personal, identificando a los empleados, consignando su condición y a qué área de la Cámara o legislador están asignando, el constitucionalista Luis Iriarte acudirá a la Justicia para que una sentencia obligue al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a brindar esos datos, solicitados como información pública.
Así se lo anticipó Iriarte al propio presidente de la Legislatura mediante una carta documento en la cual reiteró su rechazo a los fundamentos del informe que el vicegobernador le entregó el 30 de enero, en respuesta con el requerimiento de información que había interpuesto dos semanas antes.
El 16 de enero, Iriarte había solicitado que la presidencia de la Cámara “informe y publique, mes a mes, por el período de su gestión entre 2015 y 2019, y hasta enero de 2020 inclusive, por internet, en la página web de la Legislatura de Tucumán, el total de empleados permanentes, transitorios, de bloque y por legislador que se desempeñaron o se desempeñan en ese órgano de poder en ese lapso, precisando nombre y apellido, documento de identidad y remuneración mensual percibida por todos los empleados y por todos los legisladores a los que cuales fueron asignados”.
Iriarte reniega de la respuesta de Jaldo, a la que considera indebidamente fundada en los artículos 41 y 42 del Reglamento de la Legislatura. La contestación de Jaldo sostivo que la Presidencia del cuerpo “no tiene facultades para intervenir ni difundir las decisiones o solicitudes de designación de personal que corresponden a los legisladores. La Presidencia se limita a recibir las propuestas de los vloques políticos y de cada legislador y procede a la designación.
Según Iriarte, se trata de una “negativa de dar transparencia y publicidad a las designaciones del personal permanente, transitorio, de bloque y por legislador”.
“Constitucionalmente, usted preside la Legislatura, siendo su facultad exclusiva nombrar empleados, fijar sus remuneraciones y proveer a las necesidades funcionales del poder y de los sectores que integran el cuerpo”, le plantea el letrado al vicegobernador.
Precisamente, el especialista puntualizó que de acuerdo con el Reglamento de la Legislatura, en el artículo 20, “el vicegobernador atiende el gobierno de la casa, proveyendo sus necesidades y designando a los miembros de las comisiones, estando a su cargo todo lo necesario para el funcionamiento de la administración del cuerpo, ordenando y aprobando esa administración, invirtiendo y manejando fondos y recursos asignados, autorizando rendiciones de cuentas, presentando el presupuesto de la Legislatura, y nombrando y removiendo a los empleados”. Consecuentemente, considera que no puede Jaldo eludir la respuesta al pedido de informes que formuló.
Iriarte también le recuerda a presidente de la Legislatura que él cesanteó en 2016, mediante los decretos 3.179, 3.180 y 3.181, a asesores del entonces legislador Luis Brodesersen, “evidenciando toda la potencialidad manipulativa de las facultades que le otorga constitucionalmente el reglamento legislativo”.
Los argumentos
“La respuesta que dio el vicegobernador fue la de no acceder a que se publicara en la página web de la Legislatura los datos personales de los empleados”, afirmó Iriarte a LA GACETA.
“Todas estas designaciones, todas sin excepción, son según el texto constitucional de exclusiva responsabilidad y decisión del vicegobernador. A eso hay que sumar las facultades extraordinarias que el Reglamento de la Legislatura le otorga al presidente del cuerpo, que son una suerte de suma del poder público. Frente a todo ese cúmulo de normas y atribuciones, la respuesta de Jaldo alegando que él no puede dar a publicidad los nombres de los integrantes del personal de la Legislatura, porque son peticionados por los propios legisladores y a ellos les corresponde brindar la información, carece de todo sustento”, argumentó el docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.
El catedrático reconoce que en el informe que brindo la Legislatura a fines del mes pasado se brindaron “determinadas precisiones en lo relativo al monto presupuestario, que era desconocido por la población”. Como se informó (LA GACETA 31/01), el presupuesto del Poder Legislativo para este año es de 6.591 millones de pesos.
“Pero no supo contestarme un tema fundamental: el número total de empleados de la Legislatura, los permanentes, los temporarios, los empleados de bloque y los de cada legislador. Porque el rumor público era de que en la Legislatura hay más de 30.000 empleados, y eso es preocupante porque está en juego un manejo de fondos públicos muy gravitantes. Todo ciudadano obligado por la Constitución a pagar los impuestos, tiene todo el derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos. ¿A quién nombra el vicegobernador? ¿Con qué criterio? ¿Esa discrecionalidad tiene algún sustento?”, ejemplificó.
El aviso
En la carta documento, Iriarte plantea que “la transparencia en el manejo de los fondos públicos y en la publicidad de los actos del poder político resulta sustancial para participar en los procesos electorales y evaluarlos, de manera informada, dimensionando el accionar del oficialismo y de los opositores”.
“Mi reclamo en estos temas esenciales fue arbitrariamente denegado por usted, por lo que recurriré a la Justicia buscando el dictado de una sentencia republicana que ponga fin a este ocultamiento deliberado y pernicioso en el manejo de los fondos públicos y las designaciones discrecionales”, le dijo el constitucioanlista a Jaldo.
Voluntad
“Asalariados del vicegobernador”
En la carta documento, el constitucionalista Luis Iriarte sostiene que no le parece que el vicegobernador sea un mero convalidador de la voluntad de los legisladores (Osvaldo Jaldo dijo que se limita a designar el personal que piden los parlamentarios), sino más bien lo contrario. “Como presidente de la Legislatura, se le otorgó la facultad para fijar el monto de la dieta de los legislares, potestad inconstitucional y lesiva del orden republicano, que transformó a los legisladores en asalariados del vicegobernador, sin potestad de reclamo alguno, condicionando groseramente su voluntad política”, argumentó.
Opinión
“Quiero evitar que esta oscuridad informativa sobre los fondos públicos siga sin resolverse y por eso le he comunicado al vicegobernador que acudiré a la Justicia por una sentencia de sustancia republicana”.
Luis Iriarte
Abogado constitucionalista
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