A ajustarse el cinto...

“... Las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el Faraón”. En “José interpreta el sueño del Faraón”, libro del Génesis, capítulo 41.

La sesión que celebró el miércoles la Cámara de Diputados de la Nación puede considerarse la mirilla a través de la cual atisbar la complejidad de intereses políticos que se tejen y destejen en torno de la anhelada renegociación de la deuda externa.

En esa urdimbre, los opositores son críticos del Gobierno de Alberto Fernández y de los gobernadores afines a la Casa Rosada, pero hay momentos (y de los trascendentes) en los que también se comportan como aliados de las provincias. Y en los que el propio peronismo se encolumna tácitamente detrás de algunas banderas que enarbolan sus adversarios. Que el proyecto de “Sostenibilidad”, finalmente, obtuviera sólo una abstención y dos votos en contra de la izquierda, contra un masivo respaldo de peronistas, radicales y macristas, es la síntesis clara de ese proceso enmarañado.

¿Qué busca el Gobierno?

¿Por qué requiere el Gobierno de Alberto Fernández una ley? La primera respuesta ya es conocida: mostrar al mundo que la renegociación de los compromisos internacionales de crédito no son una política de gobierno sino una política de Estado.

Esto no sólo equivale a que hay un apoyo de los partidos mayoritarios, sino que hay un compromiso de que en 2023 se seguirá pagando, no importa quién gobierne.

Pero hay más. Sustancialmente, la norma que ahora debatirá el Senado amplía las facultades del Poder Ejecutivo Nacional, porque la Ley de Administración Financiera federal (24.156) lo faculta para “reestructurar” la deuda de manera directa, es decir, negociar con los acreedores un acuerdo que, al contraer un nuevo compromiso de deuda, extingue el que estaba vigente. Los mecanismos más usuales consisten convertir deuda (cambiar unos títulos por otros), consolidarla (tomar deuda de corto vencimiento e instrumentarla a mayor plazo) o renegociarla (modificar plazos e intereses, entre otras condiciones).

Pero la norma del Congreso también permitirá una reestructuración indirecta, que podría resumirse en la emisión de deuda nueva para cancelar pasivos anteriores. Entre las operaciones usuales para esto se encuentran las compras en el mercado, las operaciones de cancelación combinadas, las operaciones de pase de moneda o pase de tasas de interés, y acuerdos de recompra de obligaciones, entre otros procedimientos.

Esta laxitud de la norma es el primero de los reparos que generó la iniciativa. Figura en los “papers” de trabajo que los opositores barajaron durante la reunión que mantuvieron el martes, previa a la sesión. Allí, el tucumano José Cano planteó que, en buena medida, también los estaban invitando a votar “a ciegas” una autorización cuyo resultado es incierto en sus beneficios.

Aun así, había consenso para avalar la norma, cuanto menos en general. En definitiva, se argumentó, el kirchnerismo, en 12 años, llevó la deuda externa de 178.000 a 254.000 millones de dólares, pero no menos cierto es que Macri la dejó arriba de los 330.000 millones de dólares en cuatro años.

¿Qué necesita el Gobierno?

La renegociación de la deuda es una doble llave, que para el “fernandismo” destraba el inicio y el final de su gestión.

La puerta de entrada que se quiere abrir con la reestructuración es la que permite “volver al mercado”. Para ello, la Argentina necesita que el “riesgo país” se desplome. Este índice determina el interés extra que cada Estado debe afrontar adicionalmente a la tasa de rendimiento de un bono a 10 años de EEUU, que hoy es de 2,25%. Como el “riesgo país” de Argentina ronda los 2.000 puntos (20% de tasa de interés), tomar préstamos le representaría al país afrontar intereses del 22,25%, en dólares. Técnicamente, un disparate.

Para que el “riesgo país” caiga el Gobierno debe mostrar salud económica.

Esto es, por un lado, que haya un ajuste fiscal considerable. En eso consistió el hato de emergencias dictadas con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que le bajó los ingresos a los jubilados (se mida como se mida) y aumentó las retenciones a las exportaciones del campo (la actividad que aporta el 65% de los 60.000 millones de dólares anuales que ingresan al país por la venta de las riquezas de su suelo: más que el petróleo y la minería juntos). En total, un ajuste de 700.000 millones de pesos: equivale al 2% del PBI.

Por otro lado, la “salubridad” económica requiere bajar la inflación, pero eso, en este país (gobierne el signo que gobierne), es un albur.

¿A qué aspira el Gobierno?

La renegociación tiene como norte conseguir “años de gracia” para la cancelación de las obligaciones financieras, es decir, que se aplace el pago de intereses y de capital. Esta es la segunda alarma que sonó el martes en la reunión de los diputados opositores. La inquietud no radica en esa aspiración, sino en el plazo.

Específicamente, una postergación en los pagos representaría para el Gobierno nacional una bienvenida oxigenación, porque lo haría prescindir de financiamiento externo durante la “gracia”. Ahora bien, lo que los parlamentarios opositores barajaron es que “más” no será necesariamente equivale a “mejor”.

Si el plazo de gracia es por dos o tres años, entonces Fernández tendrá holgura para acomodar las cuentas públicas y saldar las cuentas sociales, con la finalidad de enfrentar hacia el final de su mandato el pago de la deuda externa renegociada.

Pero si el plazo de gracia es por cuatro años, el “fernandismo” se habrá desligado por todo el mandato de las obligaciones financieras con los acreedores internacionales: a los vencimientos los tendrá que pagar el que viene. Y eso hace temer en la oposición la vuelta de las políticas populistas: no hará falta que baje el “riesgo país”, así que tampoco hará falta el ajuste fiscal. Ya sea para quedar en el corto plazo como el Presidente que no ajustó, o para preparar el terreno para disputar la reelección.

Claro está, se trata de una especulación opositora. Pero, en cualquiera de las posibilidades (plazo de gracia corto o largo) hay una misma certeza: no habrá recursos para que el Estado brinde financiamiento al sector privado, indispensable para motorizar la economía. Y mucho menos habrá dinero federal para apalancar a las provincias. Ni a las opositoras. Ni tampoco a las oficialistas.

En este punto es donde la madeja termina de enredarse.

¿Qué persigue la oposición?

Los adversarios de la Casa Rosada, pese a todas estas alarmas, acompañaron el proyecto de “Recuperación de la Sostenibilidad de la Deuda Externa”. ¿La razón? Consiguieron algo a cambio. Y en esa concesión del “fernandismo” se vio al peronismo del interior haciendo señales de que ha sido olvidado.

Cuatro son los distritos gobernados por radicales y macristas: Mendoza, Corrientes, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los dos últimos son los que más dinero recibieron durante el gobierno de Cambiemos por medio de Aportes del Tesoro Nacional, como LA GACETA informó el domingo pasado. Al gobierno porteño el kirchnerismo lo tiene apuntado: Cristina Kirchner ha comparado públicamente su presupuesto ($ 350.000 millones) con el de La Matanza ($ 10.000 millones). Y a Jujuy, el Banco Central le mezquina la autorización para la toma de créditos. Todos esos distritos tienen deuda en dólares. Y también en pesos con la Anses. Frente a este panorama, el interbloque de Juntos por el Cambio le arrancó al oficialismo la creación de una “mesa de trabajo para analizar y proponer acciones para tender a la sostenibilidad de la deuda de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el sector público nacional”. Allí se sentarán Sergio Massa (presidente de Diputados); Máximo Kirchner (titular del bloque del PJ); las autoridades del interbloque de Juntos por el Cambio; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. El objetivo: garantizar que las administraciones opositoras recibirán un trato equitativo por parte de la Nación.

Lo sorpresivo es que esta comisión recibió luego una ampliación, promovida por la conducción de la Cámara Baja: sumaron a representantes de Salta, de Córdoba y de Neuquén, provincias que no están alineadas con el peronismo gobernante.

Lo llamativo ocurrió después: diputados peronistas que están fuera de la bancada oficial pidieron ampliar la comisión para que haya un representante por cada provincia. La iniciativa no prosperó en esta sesión, pero expuso que los gobernadores del PJ se consideran a la intemperie en plena la crisis, sin paraguas del “fernandismo”.

Los del centenario partido no dejaron escapar la oportunidad para pasar factura. Para el caso tucumano, Cano le pidió al peronismo que el “federalismo” que se reclama sea “responsable”. Entonces cuestionó a la Casa de Gobierno porque, mientras Mendoza coparticipa a los municipios el 100% de los impuestos provinciales, en Tucumán no se coparticipa Ingresos Brutos, que equivale al 80% de la recaudación. Pero, de inmediato, el radical le apuntó al resto de los poderes: “no se entiende que el gobernador ande pidiendo préstamos cuando hay organismos que tienen excedentes financieros”, remachó.

¿Que ven unos y otros?

La mirada de los “correligionarios”, cuya jugada terminó siendo abrazada por los “compañeros”, es que la Nación encara una política económica que se desentiende de los problemas de las provincias. Si las gobernaciones tienen problemas financieros, el camino de la Nación es invitarlas a que se endeuden. Le ha pasado a Tucumán: Juan Manzur ha requerido a principios de mes una asistencia de $ 1.000 millones de la Nación, que le facilitó los fondos pero como anticipo de coparticipación. Léase, hay que devolverlos. Y con intereses. Largamente peor es el caso de la provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof planteó la postergación del pago de un bono de 2011, por módicos 277 millones de dólares, y la Casa Rosada lo ha dejado solo con su suerte, que hasta ahora no ha sido mucha.

Por toda compensación, en la misma sesión, Diputados aplazó hasta el año que viene el “Consenso Fiscal”, que obliga a las Provincias a bajar impuestos como Ingresos Brutos y Sellos. Así que la ayuda es “raspar la olla” local, que en todas partes está al borde de desfondarse. En Tucumán, por caso, el Gobierno subió los tributos provinciales en 2018, como medida “preventiva” ante la baja que debía encarar este año. Y quedaron “arriba”, nomás. ¿Cuánto más margen de presión fiscal queda?

Esa mirada radical es “optimista” en comparación con la mirada de los peronistas. Uno de los diputados tucumanos que estuvo en la cocina de las discusiones sostiene que, teóricamente, las provincias peronistas “pueden” endeudarse tomando créditos. Pero en los hechos, advierte, no será así porque la Nación “a la larga o a la corta termina siendo solidariamente responsable con las provincias y afrontando sus endeudamientos”.

Así que los “compañeros” respiran hondo, contienen la respiración, y comienzan ceñirse el cinto.

Como si llegara la temporada de vacas flacas...

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