Nadie los quiere, pero se habla de ellos

Nadie los quiere, pero se habla de ellos

A Julio Antonio Miranda se lo recuerda, principalmente, como el gobernador del escándalo de la desnutrición. Pero también como el que logró quitar de circulación los que ya parecían eternos Bonos de Cancelación de Deudas. Les puso fin a los “papeles pintados”, aunque su logro quedó opacado por su incapacidad para capear la crisis social, por sus propios errores y por diversas campañas en contra suya que terminaron de hundirlo.

¿Se lo recordará a Juan Manzur como al gobernador que reinstaló los bonos? En el oficialismo no quieren mencionar la palabra maldita y a quien la utiliza lo tildan de terrorista. Sin embargo, es una salida de última instancia para el ahogo financiero que se viene sufriendo desde el epílogo de 2019. En el año impar, la dupla gobernante se jactaba de estar con las finanzas saneadas, de pagar al día, de implementar la cláusula gatillo y de que todo eso había sido gracias al cuidado que habían tenido con los recursos provinciales y a que no habían adquirido deuda en dólares, como Córdoba, que se disparó con la devaluación. “Hay provincias que están pensando en la cuasimoneda: no tienen crédito, están endeudadas, no emiten pesos pero tienen que seguir pagando los sueldos. Si el Gobierno nacional sigue acorralando a las provincias, no hay dudas de que una medida así o similar van a tener que recurrir las provincias”, decía el vicegobernador Osvaldo Jaldo el 6 de septiembre del año pasado, para mostrar lo complicado de la crisis y lo bien que estaba Tucumán.

El año pasado todo era alegría tras los comicios. A esa supuesta tranquilidad financiera se sumaba la escalada a la cima de Manzur como gran armador del peronismo y facilitador del triunfo de Alberto Fernández. Se soñaba en grande: más de una decena de tucumanos en cargos nacionales, más recursos para Tucumán y un trato privilegiado para el hombre amigo de sindicalistas, barones del peronismo y empresarios.

Ahora, se habla de cuasimonedas. La versión que circula en el laboratorio que conduce Eduardo Garvich no suena descabellada. El Gobierno viene mostrando síntomas de desesperación financiera desde hace tiempo. Pasadas las elecciones de junio, avisó a los propios que no había dinero y comenzaron a retrasarse pagos que antes eran prioritarios. Luego, pidió permiso para tomar un crédito del banco Macro por $ 3.000 millones a la Legislatura y un par de meses después, en diciembre, amplió el margen del préstamo a $ 500 millones más. Por ese tiempo, la senadora Silvia Elías de Pérez venía advirtiendo que las cuentas públicas venían flojas y exhibió una planilla según la cual la provincia tenía un “descubierto” de unos $ 8.000 millones con la entidad financiera oficial.

A todo ello, se sumó la tormenta de verano que significó el ajuste, en especial para los estatales que se quedaron sin cláusula gatillo, para reparticiones públicas y para funcionarios en general.

Claramente, algo anda mal. Y las opciones son pocas. El salvavidas nacional no aparece, ya sea porque su situación financiera es igual de mala o porque alguien les puso un tapón a los supuestos privilegios de Manzur. ¿Será la vice? La otra opción, pedir deuda al mercado, es una tarea imposible por las tasas, los costos y porque nadie -o pocos, y muy caro- quieren prestar a las provincias.

De ahí que se vuelva a hablar de los malditos bonos. En el concierto de gobernadores peronistas se menciona la posibilidad. Alguno que otro operador sugiere una salida que licue el costo político que significará pagar con cuasimonedas: que sean todos -o varios- los que salgan al mismo tiempo a implementar ese salvavidas financiero. ¿Será de plomo?

Hay distritos -Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén (todos con alto nivel de endeudamiento en dólares), Chaco y Salta- que vienen oteando qué tan duro puede ser su horizonte político si vuelven a hablar de Lecops y Patacones, entre otras denominaciones. Peor, piensan algunos líderes políticos, será no pagar los sueldos y soportar estallidos gremiales-sociales. Apenas comenzado el gobierno de Fernández, ya no estaría alcanzando con tirar culpas a la herencia de Mauricio Macri. Se espera un “milagro” desde la Casa Rosada. ¿O llegará el momento de acudir al último y no deseado recurso?

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