Vamos por partes...

Juan Manzur volvió de sus vacaciones para encarar la renegociación de las paritarias de 2019 con los gremios de trabajadores estatales. Antes de partir, el gobernador había suspendido por decreto el último tramo de la indexación por inflación de los salarios públicos, que suponían un incremento del 10,5% en los haberes de diciembre. Ahora regresó para decir que dará una compensación, pero también para dejar en claro que la “cláusula gatillo” ya es historia, cuanto menos en lo referido a la voluntad política del Poder Ejecutivo.

“Veremos cómo podemos generar la mejor solución posible ante esta situación”, anunció el mandatario, que no desempacó las maletas porque hoy viajará a Buenos Aires a gestionar recursos para la “solución posible”. Aunque sin audiencias agendadas, no es un martes antojadizo: es el día previo a que el presidente Alberto Fernández emprenda su gira por Europa; y, también, la jornada en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, retornará de su breve viaje a Nueva York, donde Susan Segal le organizó un desayuno de trabajo con los empresarios del gravitante “Council of Americas”, tal como convidó a Manzur en agosto.

La ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, estará a la cabecera de la mesa de diálogo con gremios. Antes de que comiencen las charlas, la posibilidad que gana fuerza en los pasillos oficiales es ofrecer a los gremios el importe de la recomposición salarial que correspondía a diciembre en cuotas. Unos $ 800 millones (la planilla salarial es de $ 7.000 millones), en partes.

No va a ser una negociación sencilla. Los sindicatos se van a sentar con las actas paritarias del año pasado, a demandar su aplicación. Agregarán que, con independencia de querer colaborar a paliar la crisis, las “bases” están en en pie de guerra en reclamo de que los aumentos se respeten. Es decir, cumplimiento o huelga.

El Gobierno acudirá haciendo hincapié en que vino cumpliendo con la paritaria mientras las condiciones económicas lo permitieron; en que ya otorgó una suba del 40%, mayor a la de la mayoría del sector privado provincial; y ofrecerá una propuesta que demuestre su “voluntad de pago”, que tendrá como límite las “posibilidades reales” del erario provincial.

Entre esos dos extremos se dirime el debate judicial en torno de los recursos de amparo que plantean la inconstitucionalidad de la suspensión de la “cláusula gatillo”. Por un lado, el derecho de negociación de los sindicatos está reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de modo que es complicado desconocer lo pactado con ellos. Por el otro, si el Gobierno alega el “cumplimiento imposible” de los acuerdos, será complejo que la Justicia condene a pagar lo que la administración provincial dice no poder pagar.

Con independencia de la evolución de las causas judiciales, en su retorno del Caribe al subtrópico, Manzur se encontró con una “mano política” por parte de la cúpula judicial: el pronunciamiento por el cual la Corte Suprema de Justicia manifiesta que va a continuar y a profundizar la contención del gasto público.

La Justicia tucumana ha tenido un comportamiento sinuoso respecto de cómo proceder con el decreto acuerdo del lunes 6, a partir del cual Manzur suspendió la “cláusula gatillo” e invitó a los otros poderes a hacer lo propio. Durante esa misma semana, los vocales consensuaron una adhesión parcial, mediante una acordada. Dos semanas después, optaron por guardar silencio y apelaron al apoyo tácito al Ejecutivo: no hubo acordada, pero tampoco aumento de salarios. Ahora han dictado el mencionado pronunciamiento, que vincula directamente la contracción de las erogaciones con las leyes de emergencia económica de la Nación y de la Provincia. Esa será la primera página que la Casa de Gobierno adjuntará en las respuestas a los expedientes judiciales; y el primer argumento que esgrimirá en las conversaciones con los sindicatos.

Manzur leyó y celebró el gesto de la Corte como un respaldo político (si el pronunciamiento y la no suba de salarios judiciales no es una adhesión, entonces qué será) en horas borrascosas. Por eso, cuando le extendió certificado de defunción a la “cláusula gatillo”, planteó que los tres poderes del Estado están restringiendo el gasto.

Pero así como encontró un alivio político de parte de la Justicia, que es otro poder, Manzur fue recibido por sus colaboradores con un diagnóstico según el cual están siendo blanco de “fuego amigo” desde un territorio que el oficialismo consideraba aliado. Esa es la lectura que le acercaron al mandatario respecto del amparo que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) promovió ante la Corte, y que fue derivado al fuero en lo Contencioso Administrativo.

Ante la advertencia, aseveran, el titular del Ejecutivo pidió entender a los “compañeros” de los gremios y dialogar con ellos para tratar de consensuar una alternativa. Uno de sus interlocutores le advirtió que no era lo mismo plantear la discusión en el poder político que en el Poder Judicial. Manzur, por toda respuesta, habría lanzado un lacónico “hay que verlo después”. Ahora urge la renegociación de las paritarias. Y él va a ir por partes…