La decisión económica, tan profundamente política, de la Corte

Elegir es un verbo poderoso. Y a la vez oneroso. Porque toda elección necesariamente pone al sujeto entre dos alternativamente que son idénticamente valiosas. O disvaliosas. De lo contrario, si una de las opciones es mucho más importante que la otra (en el plano virtuoso), o duele mucho menos que la otra, no hay elección sino, simplemente, un descarte lógico. Para que haya elección, hay que decidir entre dos cosas igualmente deseables. O indeseables. De modo que quien elige, ineludiblemente, pierde algo. No puede quedarse con los dos objetos que anhela de igual manera, sino sólo con uno. No puede tomar los dos caminos que añora: es uno u otro.

De esas materias, la elección y la pérdida, está hecha la decisión que ha debido tomar la Corte Suprema de Justicia de Tucumán durante este estremecedor comienzo del año.

Una alternativa

En el país y en la provincia donde se los poderes políticos están cinchando un ajuste que aprieta tanto al sector público como al privado, la conducción del Poder Judicial tucumano se topó con un cruce de caminos. Propiamente, una encrucijada.

Una senda era la de mantener a los Tribunales como una isla desprovista de recortes. En definitiva, su partida de ingresos y de gastos para este año ya fue sancionada por ley cuando la Legislatura aprobó el Presupuesto General de la Provincia para 2020 y el Poder Ejecutivo no puede tocar las previsiones judiciales. Por eso el artículo 17 del decreto acuerdo que Juan Manzur firmó en acuerdo con sus ministros “invita a los otros poderes” a practicar el ajuste.

Esa ruta entrañaba el peligro de poner a este poder de la república en un brete con la sociedad. La sociedad que ha sido sacudida en sus más diferentes pliegues por los ajustes que vienen cimbrando la Nación y la Provincia.

No habrá movilidad para los jubilados, un derecho constitucional plasmado en el artículo 14 bis de la Carta Magna nacional, que es nada menos que lo que sobrevivió de la Constitución de 1949, esa obra profundamente peronista y antiliberal que feneció durante el golpe de la autodenominada Revolución Libertadora. Hay más retenciones para las exportaciones de los productores del agro que ponen a trabajar el suelo argentino (aunque bajaron los aranceles para que las petroleras y las mineras vendan la riqueza del subsuelo nacional en el exterior). No habrá menos impuestos provinciales para el comercio, el campo y la industria porque fue suspendido el Consenso Fiscal. Más aún: previendo que tenía que menguar Ingresos Brutos, el Gobierno tucumano subió las alícuotas, que ahora quedaron pétreas en las alturas.

Tampoco habrá menos Impuestos a las Ganancias para los trabajadores ni para los jubilados (en este país, trabajar y ganarse el mango es ganancia; en cambio la renta financiera es el sudor de la frente con el que se gana el pan de cada día y por eso el peronismo que vive combatiendo al capital ha eliminado el impuesto aplicado por los CEO cipayos y vendepatria de Cambiemos). Los estatales tucumanos se quedaron sin el último tramo de la “cláusula gatillo”, que iba a actualizar sus sueldos de diciembre por entre un 11% y un 12%. Y sobre ese aumento iban a llevar adelante las paritarias de este año. Por esas curiosas variaciones del castellano en la Argentina, todo eso se lleva a cabo en nombre de la solidaridad...

Es tan masivo el alcance del ajuste, y tan profundo el recrudecimiento de la crisis y de la recesión, que no iba a pasar demasiado tiempo hasta que los ajustados comenzaran a reparar en la Justicia del presupuesto anual de $ 13.000 millones (incluidos los ministerios Fiscal y de la Defensa y la Justicia de Paz); de los jueces y fiscales que no pagan Impuesto a las Ganancias; que hacen su Declaración de Bienes ante la Corte y no ante la AFIP; que se jubilan con el 82% móvil (es decir, con movilidad y porcentualidad blindada); y que tienen una feria durante todo enero y otra durante la mitad de julio.

Peor aún: tampoco iban a demorar demasiados algunos protagonistas del poder político, que son ahora el blanco de la diatriba ciudadana, en plantear que ellos también se han ajustado sueldos y gastos, mientras que la Justicia no se mostraba “solidaria” en la recesión. En la política, el hombre lobo del hombre se alimenta del prestigio del otro. Y la política tiene demasiada hambre de prestigio como para dejar pasar todo un Poder Judicial haciendo el papel de blanca ovejita que no se ha percatado de que hemos entrado en la temporada de la contracción del gasto público.

Otra opción

El otro camino para la conducción del Poder Judicial no era menos costoso. Congelar la revisión de los sueldos de los empleados judiciales de diciembre, cuando debía aplicarse el último tramo de la indexación por inflación (la “cláusula gatillo”), abre para los vocales de la Corte un verdadero frente interno, nada menos que con los trabajadores y los sindicatos. Ayer, luego de que LA GACETA revelara que Tribunales seguirá el mismo camino que el Poder Ejecutivo provincial, ya hubo un planteo formal del sindicato solicitando a los jueces supremos de turno, Antonio Estofán y Daniel Leiva, que el cuerpo colegiado revise la medida que, en principio, se materializará hacia el próximo 20, cuando estén en funciones la presidenta, Claudia Sbdar, y sus pares Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.

La Casa de Gobierno ya ha enfrentado una marcha y un paro, entre el miércoles y ayer, del aguerrido Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Aunque resulte casi inédito en una década y media, en el panorama en Tribunales tampoco pueden descartarse medidas de fuerza cuando el ajuste se haga realidad.

Entre una alternativa y la otra, la decisión de la Corte Suprema fue tomar este último camino en lugar del anterior. Y en esa determinación hay toda una decisión de poder: sangrar descontento interno frente a un ajuste antes que sufrir una hemorragia de prestigio hacia la comunidad. Y esa es toda una decisión política: con los judiciales se puede mantener una negociación; con la opinión pública, no.

Y esa es sólo una de las convicciones detrás de una de las decisiones más severas que la cúpula tribunalicia ha tenido que adoptar en mucho tiempo.

Muchas lecturas

La decisión la conducción judicial de acompañar el ajuste dispuesto por la Casa de Gobierno sienta una posición. Una postura que reconoce múltiples lecturas.

La primera de ellas es la comprensión de que el equilibrio de las cuentas públicas es “la cuestión” de 2020. Una máxima de sentido común recorre los pasillos del segundo piso del Palacio de Justicia: si Manzur pudiese haber eludido de alguna forma el recorte, no habría ido al choque salarial. ¿Cuál es, entonces, la real gravedad de la situación del erario, del que también depende la Justicia? ¿Cuál será el margen para las paritarias de 2020? ¿Y cuál será el de la negociación salarial judicial? La madre de las batallas ya viene.

La segunda mirada es que Manzur encontró en la decisión de la Corte Suprema un respaldo inesperado en una batalla que lo encontraba en soledad. Claro está, la conducción del Poder Judicial no encara un ajuste que le acarreará problemas internos de aún ignorada intensidad para darle una mano al gobernador. Pero sería cándido suponer que toma esta determinación sin darse cuenta de lo que significa para el jaqueado Poder Ejecutivo. El gobernador, a partir del eco que ha encontrado en la cima de los Tribunales, afianza el argumento de las “medidas de austeridad”, por sobre los cuestionamientos opositores de que sus manejos de las cuentas públicas han incendiado el Tesoro.

La tercera interpretación es que a la tormenta de juicios que amenaza con cernirse sobre la Casa de Gobierno por incumplimiento de los acuerdos de paritarias se le acaba de abrir un paraguas bastante importante. Aún hay que ver en qué consisten, exactamente, los pactos salariales suscritos por los gremios estatales con el Ejecutivo provincial. Es decir, si son entendimientos formales y protocolizados que detallan las obligaciones de cada parte o si se trata de instrumentos más endebles, como los acostumbrados borradores de actas acuerdo. Luego, si ya no es un poder del Estado sino dos los que argumentan no estar en condiciones de afrontar el último tramo de los aumentos salarios, luego de haber efectivizado los dos tercios de la “cláusula gatillo” durante el año, el fantasma del “cumplimiento imposible” como razón legal que convalide el ajuste comienza a espantar con más intensidad.

La cuarta inferencia radica en el convencimiento de la Justicia de que a ella, para decirlo en términos de política norteña, “no la van a ir llevando”. Si el ajuste es una decisión tomada, el Judicial la acompañará como un poder que toma una decisión de respaldo (el Poder Ejecutivo le adeuda a partir de ahora un favor institucional similar) y no como una institución arrinconada, que se sube al último vagón apremiada por las circunstancias. La política no es una función del Poder Judicial, pero ello no implica que los miembros de la Corte no la entiendan. Mucho menos, que no la practiquen.

Finalmente, los términos del último párrafo del artículo 9 del decreto acuerdo de Manzur y sus ministros. En rigor, ese instrumento no elimina el último tramo de la “cláusula gatillo”. No dice “déjese sin efecto”. Lo decretado, específicamente, consigna: “suspéndase la revisión prevista para el mes de diciembre de 2019”. Aunque aún faltan 10 días, la acordada de la Corte que adherirá al espíritu del ajuste de la Casa de Gobierno será escrita en los mismos términos. ¿Hay posibilidades de negociar compensaciones para los estatales? Sean pocas o muchas, cuánto menos no están descartadas.

El Ejecutivo está ganando tiempo. Y la Corte Suprema también. Y el tiempo es un recurso inestimable a la hora de elegir.