Los grises de la inseguridad

Las estadísticas en seguridad mandan. Con esos datos se puede realizar un análisis de la realidad y elaborar planes para combatir los delitos. En Tucumán no sobran los informes de este tipo, pero los que se dan a conocer son suficientes para determinar qué está sucediendo en la provincia. Y una de las cuestiones que merece ser estudiada es el comportamiento de una sociedad que pone el grito en el cielo cuando se entera de un robo o de un homicidio.

El año pasado se incrementó más de un 35% el secuestro de armas de fuego con respecto a 2018. Fueron en total 482 entre pistolas, revólveres, rifles, carabinas, escopetas y “tumberas” (arma de fabricación casera). Se decomisó más de un arma por día. Ese número indica que en las calles tucumanas es cada vez más facíl adquirir en el mercado negro un instrumento que puede quitarle la vida a otra persona. De los 141 homicidios que se registraron en 2019 (casi un 5% más que los 135 informados en 2018), más del 80% de las víctimas fueron ultimadas a balazos. No se equivocó el subsecretario de Seguridad cuando dijo que los conflictos entre los ciudadanos se resuelven a balazos. En diciembre pasado hubo un ejemplo categórico. En Yerba Buena -no en una zona roja- se produjo una pelea de perros que generó una fuerte discusión entre dos vecinos; el final fue gravísimo. Uno de ellos ingresó a su domicilio, buscó una pistola y le disparó en la pierna a su contrincante. La Policía secuestró el arma que tenía los números de serie limado, por lo que era ilegal.

Después de los robos de celulares, los de motos son los que más se cometen en Tucumán. Las estadísticas asustan. En 2019 se sustrajeron más de 3.600 motos, lo que hace un promedio de 10 por día, según las denuncias que se realizaron. Por fuera de las estadísticas quedó el inmenso mundo de los números en negro, es decir, los casos que no son dados a conocer por las víctimas. Las investigaciones que se desarrollaron coinciden en señalar que el mercado negro de estos bienes sigue creciendo porque hay tucumanos que las adquieren sin preocuparse por su origen. Ahora surgió un nuevo dato que sirve para ilustrar cuán lejos se ha llegado: hay personas que se quedaron sin sus motocicletas porque se las robaron, pero venden los títulos para que las bandas puedan realizar las transferencias y así garantizarle la impunidad al comprador. Con este panorama parece difícil combatir al delito.

Se produjeron otros hechos que evidenciaron el desinterés de algunos ciudadanos: hay personas que roban las baterías de las antenas de celulares y luego las venden de manera ilegal. Ese elemento, cuyo valor real ronda los U$S 400, se comercializa (ilegalmente) por alrededor de $5.000 y se lo utilizada como fuente de alimentación de los equipos de audio que se colocan en los autos. En otras palabras, generan la incomunicación de poblaciones enteras para asegurarse diversión. Algo similar sucede con los robos de cables y de transformadores de la empresa que provee de energía eléctrica. Y se puede escribir un libro entero sobre la sustracción de celulares. El mes pasado, el Ministerio Público Fiscal y la Policía cortaron todos los eslabones de una cadena delictiva. Descubrieron al que robaba los aparatos, a los que lo desbloqueaban y a los que comercializaban. Prometieron dar un último golpe: identificar a los compradores para tratar de frenar esta modalidad delictiva.

Los “trapitos” o cuidacoches vienen siendo el centro de las polémicas desde el año pasado. Sin estigmatizarlos, vienen copando la vía pública y fueron mencionados por distintos hechos como amenazas, daños, peleas callejeras y un homicidio. Ahora, los vecinos de Barrio Norte los cubrieron con un manto de sospecha. Consideran que ellos son “entregadores” de robos de viviendas y comercios de la zona. El problema se torna más preocupante si se tiene en cuenta que nadie hace nada para controlar la tarea que desarrollan. Las autoridades municipales aseguran que esa no es su función y apuntan que es responsabilidad de la Policía. Desde la fuerza señalan que ellos actúan cuando se produce un delito. Pareciera que muchos se olvidaron de un detalle: cuando el estacionamiento estaba concesionado, lo recaudado terminaba en las arcas del municipio capitalino, por ende, ellos vigilaban el servicio ¿Por qué ahora no? Es un interrogante que no tiene respuestas. En consecuencia siguen sufriendo los ciudadanos que estacionan sus vehículos en la vía pública. Esos son los grises de la inseguridad que despiertan tanta polémica.