Congelados en el verano

La Legislatura avisó que pondrá las dietas en el congelador en el primer semestre de 2020. A poco de haberse tomado las vacaciones de verano, el vicegobernador Osvaldo Jaldo hizo sonar el celular del presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, y le indicó que los haberes de los legisladores permanecerán freezados, más allá de lo que resuelvan los gremios estatales en las -a priori- complejas paritarias 2020. Los representantes del pueblo, al igual que todo el personal de la Provincia, se vieron beneficiados en estos dos últimos años por la “cláusula gatillo”, un sistema que ajusta el salario según la inflación estimada por el Indec. Así, entre 2017 y 2019, la dieta legislativa -único ingreso en blanco permitido por dicha labor- pasó de $65.000 en mano a unos $120.000. Y en esa cifra quedará hasta el 31 de julio del año próximo.

La decisión del hombre fuerte de Trancas tiene un origen claro. Nació como fruto de las medidas de “austeridad” y “solidaridad” dispuestas en el Congreso de la Nación, en el marco del debate por la emergencia económica requerida por Alberto Fernández. El radicalismo nacional había planteado la idea de reducir el “gasto de la política” suspendiendo por 180 días las subas de los haberes de los diputados y los senadores. Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y Sergio Massa en Diputados supieron capitalizar la propuesta y le dieron trámite formal. Gol del peronismo. Y algo similar sucedió en estas tierras.

El bussismo elevó el viernes un proyecto para congelar las dietas, y plantó su bandera en el debate. En Twitter, el aliado a Vamos Tucumán, Federico Masso (Libres del Sur), pidió también que la Cámara provincial imitara al Congreso. Jaldo, que tiene el atributo constitucional de fijar la remuneración parlamentaria, aprovechó el puntapié opositor, llamó al subrogante Amado y se anotó un poroto en favor del discurso de “austeridad” en la Legislatura. No hizo falta debate. Roque Tobías Álvarez, jefe del bloque Justicialista de Todos, y Raúl Albarracín, radical aliado al alfarismo, se expresaron en el acto a favor de la decisión del vicegobernador. En el cuerpo colegiado, en principio, no quedó lugar para los pataleos internos.

¿Qué es lo que viene? Aquí es donde se abren la incógnitas sobre los alcances del freezer salarial.

El propio Ricardo Bussi ha cuestionado el atributo constitucional del presidente de la Cámara para administrar los recursos parlamentarios, ya que se trata de un funcionario electo en fórmula con el gobernador y según la Carta Magna de 2006 es su “reemplazante natural” al frente del Poder Ejecutivo. Esta facultad sólo puede ser modificada o eliminada a través de una reforma constitucional. Y no hubo hasta el momento resoluciones judiciales que acoten o clarifiquen la figura híbrida de este funcionario, que incluso puede votar en sesión en caso de empate. Así, desde la ubicuidad de la Vicegobernación, Jaldo dejó abierta la ventana a planteos -como el de Masso- para que el resto de los poderes pongan los salarios en el congelador.

El tranqueño les anticipó a los miembros de la “mesa chica” de la Legislatura que no avanzará en cuestiones internas de la Casa de Gobierno ni del Poder Judicial. Menos en algo tan sensible como los recursos propios. Sin embargo, el efecto dominó en la reducción del “costo de la política” ya está en marcha. Con sólo escribir “congelar + dietas” en el buscador de Google surgen en los resultados decenas de distritos del país que se sumaron a esta tendencia. Ahora, hay que ver si los concejales de los municipios tucumanos se animan.

A la vez, el debate por las dietas en el freezer pone por primera vez en mucho tiempo al Poder Legislativo fuera del foco de las críticas por el uso de los recursos públicos. No hay indicios claros sobre cómo se administrarán los $ 6.300 millones presupuestados para 2020. Pero la pelota llegó a otros estadios, ambos con realidades disímiles entre sí. Por un lado, el de tribunales, con un presupuesto cercano a los $ 13.000 millones para todo el servicio de justicia en la provincia (y magistrados de primera instancia que perciben un básico de $160.000, más adicionales); y por otro, el del Ejecutivo, con reparticiones que tienen las cuentas agotadas por los abultados gastos en personal, servicios y transferencias (es decir, subsidios), al punto de que el viernes pasado casi hubo que elegir entre pagar los planes acordados con organizaciones sociales y habilitar las erogaciones a los proveedores de combustible de la Policía. Los $3.000 millones que pidió el gobernador Juan Manzur en forma de crédito para cerrar el ejercicio 2019 alcanzaron para el pago de sueldos y del aguinaldo, que aumentarán casi un 100% en dos años.

Las arcas del Estado tendrán una prueba final, que será la última revisión de la “cláusula gatillo” acordada en 2019. A mediados de enero se define un nuevo ajuste, en el que se redeterminarán los haberes estatales según la inflación acumulada en octubre, noviembre y diciembre -siempre siguiendo los parámetros del Indec-. El pago, que se efectuará por planilla adicional, debería incluir además un proporcional del aguinaldo, sostienen en los gremios. Si Amado firma este jueves la resolución que pondrá en el freezer las dietas, se entiende que los legisladores resignarán ese último aumento. Mientras tanto, en el Ejecutivo, el gobernador y sus ministros están trabajando en un paquete de medidas de “austeridad” que anunciarán el mes próximo, una vez que definan cómo aplicarán la “cláusula gatillo”. En ese lote de proyectos estarían incluidos los salarios de los mandos principales, entre otras novedades que -probablemente- deban tratar los legisladores a partir de la segunda semana de enero. Así, al menos dos de los tres poderes verían congelados sus haberes este verano.