EN PROBLEMAS. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
Desde la infortunada, unilateral y autoritaria decisión de otorgar al club Rosario Central un trofeo inexistente, el ya famoso “título de escritorio”, por el solo mérito de haber alcanzado durante 2025 el mayor puntaje (producto de la suma de lo obtenido en diferentes torneos realizados a lo largo del año), se inició una serie interminable de acontecimientos, políticos, jurídicos y judiciales que han puesto a la Asociación del Fútbol Argentino en una situación de grave enfrentamiento con las instituciones del Estado nacional.
Son tantos los hechos sucedidos que nos han llevado a preguntarnos: ¿es la AFA un Estado dentro del Estado argentino? ¿Puede una institución civil regida por las leyes del país alcanzar un estatus supralegal, que impida adoptar decisiones que se aplicarían a cualquier otra entidad del mismo rango jurídico?
Convengamos que existe, y está reconocida internacionalmente, como principio, la autonomía deportiva que impediría una intervención estatal directa, en nombre de que podría violar normas de la FIFA (entidad madre del fútbol universal).
Este principio de autonomía deportiva es verdadero y se encuentra consagrado en los estatutos de la FIFA. A su vez, estos “prohíben la injerencia directa de los Estados nacionales bajo la pena de sanciones internacionales a la selección del país”.
Aquí emerge una tensión jurídica relevante: a) el ya mencionado principio de autonomía asociativa deportiva y b) el principio republicano de control, responsabilidad y supremacía constitucional, (artículos 1, 31 y 36 de la Constitución Nacional).
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
La autonomía, en un Estado de Derecho, no puede -jamás- concebirse como un espacio exento de toda forma de control. Al contrario, se debe constituir como garantía funcional limitada por el orden público y los derechos fundamentales.
Desde la perspectiva político-institucional diremos que la AFA cuenta con características propias de un poder concentrado. En efecto: tiene prolongada estabilidad de sus autoridades, escasa alternancia real, mecanismos decisorios opacos y una históricamente ambigua relación con el poder político.
Pero todo indica que la AFA no es un Estado dentro del Estado. Lo que corresponde, a los fines de exigirle el cumplimiento de las regulaciones del Estado argentino, no es negar su autonomía deportiva, sino evitar su degeneración en un ámbito de poder cerrado, inmune al control democrático y judicial, de manera de asegurar un comportamiento institucional transparente.
El fútbol no solo es un espectáculo, sino también una infraestructura emocional y cultural asimilables a ciertos rituales cívicos, toda vez que la AFA administra uno de los principales dispositivos de identificación nacional no estatal: una red federal de clubes de inserción barrial, social, política y hasta judicial.
La anuencia de FIFA internacionaliza la tutela institucional, operando a modo de escudo jurídico-político frente al derecho interno, limitando el margen de acción del Estado argentino, incluso en materias muy sensibles para la ciudadanía como son la transparencia en el actuar, la gobernanza y el financiamiento.
Aplica el concepto a una lógica metapolítica, buscando estabilidad, previsibilidad y preservación del sistema futbolístico, aunque ello jurídicamente, tampoco alcanza, pero resulta un amortiguador de las torpezas políticas en las que incurre, y también resulta un elemento de distracción y recomposición emocional.
Desde el punto de vista del accionar del Estado, podemos destacar aspectos que favorecen las desviaciones de AFA: déficit en el control público efectivo, gran confusión entre interés deportivo y negocios privados, opacidad decisional y naturalización de privilegios extrajurídicos.
En síntesis, la AFA es un poder real, toda vez que moviliza afectos y condiciona decisiones; no gobierna, pero incide; tampoco legisla, pero condiciona; no representa al Estado argentino, pero representa a una parte decisiva de la Nación simbólicamente hablando.
Se presenta como un actor institucional de gran relevancia, opera como un orden normativo autónomo con potestades cuasi públicas, cuya falta de control, o déficit en el mismo, plantea serios interrogantes constitucionales.
El desafío no consiste en estatizar el fútbol, tampoco pretende su autonomía, sino que apunta a reintegrar el ejercicio de ese poder al marco constitucional, garantizando control judicial efectivo, retiro de los jueces del ejercicio como “jueces deportivos”, razonabilidad decisoria y respeto por los derechos fundamentales.
El Estado argentino, custodio de las instituciones de la República debe ejercer el control efectivo, porque un Estado que admite zonas de poder sin control debilita en última instancia su propio carácter republicano.
La cuestión de la AFA excede lo meramente deportivo, interpela al Estado, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, garantes de que ningún poder relevante, su ejercicio, quede al margen de los sistemas de controles que define a una República como la nuestra.
