INVESTIGADA. La legisladora Sandra Mendoza desmintió que el Fiat Duna que se utilizó en el crimen haya sido suyo.
Los autores del secuestro y el posterior homicidio de Adrián Mansilla, ocurrido en agosto de 2003, estaban en prisión esperando ser enjuiciados después de que se realizara una investigación que estuvo cargada de polémicas por las idas y vueltas que se presentaron durante semanas, meses y también años.
Miguel “Piki” Orellana y otras siete personas esperaban sentarse en el banquillo de los acusados para poder demostrar su inocencia. Pero el caso, antes de que llegara a debate, dejó al descubierto algunas situaciones que generaron polémicas en toda la sociedad.
1.- Una muerte dudosa que generó miedo
Clara Amado fue la primera abogada de la familia Mansilla. Pero abandonó el caso por una tragedia. Su esposo, el cabo de policía Jorge Rodríguez, murió a los pocos días de que ella se hubiese hecho cargo de la querella a la que terminó renunciando por recomendación de su familia. El uniformado, según las versiones de la época, habría fallecido envenenado.
Ella se presentó en la Justicia pidiendo que se investigara la muerte de su esposo. En esos tiempos no se descartó que el fallecimiento del efectivo que prestaba servicios en la guardia de Tribunales pudiese haber estado relacionado con el trabajo que venía desarrollando la profesional.
Pero el expediente fue archivado por la Justicia. LA GACETA se comunicó con la letrada y, después de un par de segundos de silencio, prefirió no hacer declaraciones sobre el tema. Y, por temor a sufrir represalias, pidió que no se publicara este dato.
“Asumí a las dos semanas de la desaparición de Mansilla. Por supuesto que tenía algo de temor por lo que le había pasado a la colega. Fue tema de conversación durante mucho tiempo en tribunales y nunca se terminó de saber bien qué había pasado con él. Pero debo reconocer que a mí nunca me amenazaron ni tuve algún tipo de inconveniente”, sentenció Carlos Posse, que trabajó con la familia de la víctima hasta la firma de un acuerdo extrajudicial.
2.- En la cárcel fue considerado un líder positivo
“Piki” Orellana gozó de algunos beneficios en la cárcel Villa Urquiza.
“Donde había pasto seco, nosotros lo cortamos y logramos que salieran flores”, reconoció en una oportunidad Orellana en una entrevista con LA GACETA. Ernesto Salas, ex director de Institutos Penales, lo calificó como “un líder positivo” entre los internos del penal por las tareas que desarrollaba y por la manera en que colaboraba con el bienestar general de los reclusos.
ESCÁNDALO. El dibujo que publicó LA GACETA para ilustrar la nota del cumpleaños que “Piki” realizó en el penal.
Las autoridades reconocieron que mientras estuvo detenido en el penal se organizó con otros reclusos para realizar numerosos arreglos de infraestructura. La mayoría de los elementos y materiales que se utilizaban fueron donados por los familiares de Orellana. Sus hermanos, los “mellizos” Orellana, son caudillos políticos de ese departamento. Juan Enrique, actualmente legislador, ha sido intendente de esa Municipalidad. Y José Fernando, actual intendente, ha sido diputado nacional y legislador provincial.
Pero hubo un hecho que captó la atención de todos los tucumanos. En febrero de 2006, la familia de “Piki” le festejó su cumpleaños número 33 con una gran fiesta en el propio penal de Villa Urquiza. Estuvieron presentes los presos del pabellón, sus hermanos José Fernando y Juan Enrique, y numerosos invitados especiales. Los testigos le dijeron a LA GACETA que en vehículos de la municipalidad de Famaillá llevaron la comida, bebidas sin alcohol y los equipos de audio para la puesta en vivo del show que brindó el grupo de “Los Avelinos”.
El caso desató un escándalo político e institucional. Las autoridades argumentaron que, en rigor, no había ningún impedimento legal para que se realizaran este tipo de reuniones en la unidad penitenciaria, siempre y cuando se tramitara la correspondiente autorización y se cumplieran con algunas reglas, como no consumir alcohol. También puntualizaron que “Piki” era el principal organizador de los festejos que se realizaban para festejar el Día del Padre, del Niño y de la Madre.
“No nos vamos a olvidar nunca lo que sucedían esas jornadas. Él se encargaba de que todos fuéramos felices por un par de horas. Música, sorteos y bailes. Era tan lindo que nadie se drogara”, dijo Ernesto Rodríguez que en esos tiempos formaba parte de la población carcelaria de Villa Urquiza.
3.- Fuera de los muros también había privilegios
Orellana también recibió un trato preferencial por parte de los guardias del penal. Ello quedó demostrado cada vez que era llevado a los Tribunales por una cuestión procesal. Lo trasladaban sin esposas y con apenas un guardia a su lado. Estas prácticas entraban en abierta colisión con las normas y los protocolo de seguridad.
Las autoridades del penal, sin embargo, explicaron que esa situación no era irregular y que era común ese trato especial para los internos que tenían buena conducta.
4.- Comienzan a surgir los vínculos con los Orellana
Mientras se desarrollaba la investigación del asesinato de Mansilla, comenzaron a surgir vinculaciones materiales entre el hecho delictivo y los referentes políticos de Famaillá. Uno de los ejemplos más palmarios consiste en que el Fiat Duna que fue utilizado para secuestrar a la víctima, de acuerdo con las crónicas de la época, habría pertenecido a la ahora legisladora oficialista Sandra Mendoza, esposa del intendente José Orellana.
INVESTIGADA. La legisladora Sandra Mendoza desmintió que el Fiat Duna que se utilizó en el crimen haya sido suyo.
“Hubo un error. Ese auto era de ‘Piki’ y me lo prestaba en algunas oportunidades. La gente me veía andar en ese auto y ahí quedé relacionada. Me presenté a declarar en la Justicia y dejé todo aclarado”, le dijo a LA GACETA la parlamentaria que, a pesar de que nunca fue citada a declarar como imputada en la causa, presentó un hábeas corpus ante la entonces jueza penal Emma de Nucci cuando comenzó a mencionarse su nombre en el contexto de la causa. “Ahora no entiendo porqué vuelve a salir a la luz este tema. Ya está, ya pasó, ya hubo una condena y siguen insistiendo con este caso”, criticó Mendoza en el diálogo telefónico.
Lo mismo sucedió con la esposa de “Piki”. Norma Molina era la titular del Fiat Palio que también fue utilizado el día en que se cometió el crimen. Ella, según el expediente, sabía al menos que la víctima había sido llevada a la fuerza hasta Famaillá. Tampoco fue imputada por ningún delito.
5- Sobre torturas y amenazas al por mayor
El esclarecimiento del crimen de Mansilla se debió a una sola razón: los datos determinantes que fueron aportados por Carlos “Pirucho” Chávez. El cuerpo de Mansilla fue encontrado porque el testigo manifestó con lujos de detalles todo cuanto había ocurrido el domingo 17 de agosto de 2003. “Si no hubiera sido por él, este crimen quedaba impune. Así de simple”, reconoció Marcial Escobar, el comisario que dirigió la investigación. “Nadie hubiera podido encontrar el cuerpo en el lugar donde lo enterraron”, agregó.
Antes y después de que se esclareciera el caso, el abogado Mario Mirra, primer defensor de “Piki”, había denunciado que numerosos testigos habían sido sometidos a torturas. Todos estaban vinculados con los Orellana. El primero, de acuerdo con lo aseverado por el letrado, fue José Véliz, secretario privado de José Orellana; y el segundo fue “Pirucho”. La estrategia defensiva era unificar todas esas situaciones para después solicitar que sean excluidas como pruebas. “Todo se hizo correctamente. No hubo ninguna violación a las normas vigentes. Esa es una vieja estrategia que se sigue usando para desacreditar una investigación”, explicó Marcial en una entrevista con LA GACETA.
CÓMODO. Miguel “Piki” Orellana es trasladado de Tribunales al penal de Villa Urquiza en una camioneta sin estar esposado.
Álvaro Zelarayán, que fue defensor de Chávez, desmintió los supuestos apremios ilegales en desmedro del testigo clave. “Eso es totalmente falso. Nadie le aplicó castigos físicos a mi defendido para que hablara. Sí le explicaron que si contaba todo podría tener algún beneficio por parte de la Justicia, ya que en esa época no existía la figura del testigo arrepentido. El no sólo entendió que a la larga tendría un beneficio, sino que además era la única alternativa que tenía para sacarse de encima esa culpa que no lo dejaba dormir”, puntualizó.
Durante la instrucción, el proceso, y el mismo juicio, se denunciaron diferentes hechos en los que se los acusaba a los Orellana de presionar a testigos para que no perjudicaran a “Piki”.
La madre de la víctima, varios familiares de Mansilla, testigos de Famaillá y el menor que presenció el secuestro fueron algunos de los que se atrevieron a decir que personas vinculadas a los caudillos de Famaillá los habían amedrentado. El mismo Chávez relató que fue amenazado en dos oportunidades. Una vez cuando estaba en el penal; y otra, días antes de que comenzara el juicio, a través de una llamada telefónica que recibió su pareja. “Querían que cambiara mi declaración”, explico.
“Hay que entender que en esos tiempos los Orellana eran muy poderosos. Tenían peso y, en muchos casos, hacían lo que querían”, agregó Posse.
Próxima entrega: Una polémica denuncia de soborno.
