Amigos con derecho a tensiones

La alianza entre el gobernador y el vicegobernador viene funcionando sin fisuras. Juan Manzur y Osvaldo Jaldo han sabido complementarse, cumpliendo el rol que a cada uno le cabe. Se respetan, y lo demuestran hasta compartiendo marquesinas en los avisos institucionales de los respectivos poderes que comandan. Así, aunque la conducción vertical del peronismo se mantiene, deben ser contadas las decisiones inconsultas en estos cinco años, sobre todo cuando se trata de temas trascendentales en lo político o en lo institucional. Y esa es, ahora, la cuestión. En la Legislatura, en la recta final del período ordinario de sesiones, está la pantalla sobre la cual comienzan a reflejarse algunas tensiones -quizás lógicas, quizás evitables- en los lazos que unen a la dupla gobernante.

“Esta no es una escribanía de la Casa de Gobierno”, insistió el jueves pasado en el recinto el presidente de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Olivares, cuando se trataba el Presupuesto 2020. El líder del “acople” oficialista Acción Regional, retirado de la mesa de conducción de la Cámara luego de la renovación en las bancas de este año, repitió una frase que, bien lo sabe, no gusta demasiado el palacio de 25 de Mayo y San Martín. No es que se vaya a rechazar una Cuenta de Inversión o a interpelar un ministro, así de sopetón; pero aquella expresión, compartida por el presidente de la Legislatura en la despedida de la composición anterior, le pone un límite dialéctico a la amistosa relación entre los dos poderes.

¿Qué fue lo que alimentó las tensiones?

La semana pasada, dos días antes de la sesión, llegó a mesa de entradas un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece la obligatoriedad de que todas las cuentas públicas -incluidas las de las empresas con participación estatal- operen en un fondo único de cuentas oficiales (FUCO). En el equipo económico que conduce Eduardo Garvich buscan garantizar la liquidez de recursos al sistema administrativo y financiero de la Provincia. El discurso de confianza en la nueva gestión de Alberto Fernández contrasta con la apertura de nuevos paraguas financieros. Pero es otro cantar. La cuestión es que este proyecto, además, marca restricciones respecto a un sistema complejo, instaurado en 1999 a través de la ley 6.930: el régimen de Excedentes Financieros.

Se trata de una normativa que dispone la autarquía financiera de los poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal de Cuentas. Entre otras medidas, garantiza el envío periódico de las remesas asignadas a dichas instituciones del Estado para su normal funcionamiento (sueldos, servicios, etcétera). Y consigna que, en caso de que se registren fondos sobrantes al terminar el ejercicio -es decir, una suerte de ahorros presupuestarios-, esos remanentes “ingresarán como refuerzo financiero” para el siguiente período en sus respectivas cuentas bancarias, abiertas específicamente para tal fin. Esos dineros, según esta ley, constituyen “un fondo extrapresupuestario” para ser aplicado con o sin imputación previa. No es que la Legislatura, la Justicia y el Tribunal de Cuentas desprecien este sistema. Al contrario. La Cámara provincial, según el discurso oficial, solventó con esta partida buena porción del Boleto Estudiantil Gratuito, una de las plataformas de Jaldo pensando en 2023. La Corte Suprema de Tucumán -que venía colocando al menos una parte de sus “ahorros” en plazos fijos- y el Tribunal de Cuentas construyeron o ampliaron oficinas y edificios públicos gracias a tales remanentes. Por eso, el proyecto de ley firmado por Manzur y Garvich para que los excedentes financieros “se mantengan” en el FUCO, y además no se pueda realizar con ellos “inversiones y/o colocaciones financieras”, generó sorpresa en la Legislatura.

Ayer, tras la Labor Parlamentaria, el propio vicegobernador expresó que no hay una decisión tomada aún con respecto al apartado de los excedentes financieros. “Quien conoce a esta Legislatura sabe que ese párrafo no va a pasar”, se escuchó decir a un referente peronista en un pasillo del espejado edificio. El jueves, en el recinto, se verá cómo termina esta historia.

Todo esto, para colmo, sucede en un contexto especial. La reciente toma de deuda por $3.000 millones (que sumaría otros $500 millones más) y otras medidas financieras tomadas por la Casa de Gobierno indican que las arcas provinciales no pasan por un momento de esplendor. En la Cámara legislativa entienden que ya están haciendo un esfuerzo, por ejemplo, con los subsidios del boleto estudiantil y con algún que otro “recorte” en su generoso presupuesto. Y aunque interpretan que el “dardo” está dirigido hacia otro blanco -una pista: lleva vendas en los ojos-, no cayó bien el avance sobre los “ahorros” propios. Es más: el jueves pasado, cuando se autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda en 2020, en el marco de la Ley de Presupuesto, se incluyó un párrafo -a pedido de Fuerza Republicana- para que la Casa de Gobierno esté obligada a informar a la Legislatura en qué se utilizarán los créditos obtenidos.

En definitiva, como se dice, cuentas claras conservan la amistad. Y esta es una amistad con derecho a tensiones, con escasas probabilidades de ser eterna.