Con críticas al fiscal, la Justicia da un cierre definitivo al caso de las valijas legislativas

La Justicia desestimó el último recurso que quedaba para impedir la muerte de la causa de las llamadas valijas legislativas. Eudoro Albo, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, ratificó la resolución del juez Facundo Maggio que había sobreseído a los 56 funcionarios públicos involucrados en el manejo irregular de alrededor de U$S 46 millones (según la cotización de 2015) supuestamente destinados a gastos sociales de la Legislatura. Albo observó “la ausencia de persecución pública” en la megacausa a cargo del fiscal Claudio Bonari y consideró que era irrazonable mantener la incertidumbre. En forma previa, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, había dicho que el planteo era “un capricho” de Bonari y que resultaba inaceptable que, para exigir que el proceso permanezca en condiciones de ser reabierto, este haya alegado que el Poder Legislativo se había negado a entregarle los recibos de los gastos sociales (se informa por separado).

En la sentencia del 30 de octubre, Albo advirtió que la indefinición pretendida por Bonari afectaba el principio de inocencia de los funcionarios, a quienes consideró imputados aunque no habían sido llamados a prestar declaración indagatoria. “El fiscal no formuló requerimiento acusatorio alguno en un plazo razonable -la causa fue abierta en 2015-”, observó el camarista. Sucede que, como la mayoría de las autoridades denunciadas tenía o tiene fueros, la investigación debía ser desarrollada por un juez por pedido del Ministerio Público Fiscal. Eso nunca sucedió. En 2018, Bonari había requerido que una parte de las actuaciones quedara archivada y a la espera de surgiesen nuevas pruebas; la desestimación de otra fracción y el sobreseimiento de tres funcionarios -el gobernador Juan Manzur, y los ex legisladores fallecidos Susana Díaz y Alberto Herrera- vinculados a las erogaciones discrecionales.

Menos de un mes después de que Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo obtuviesen la reelección, Maggio resolvió sobreseer a todos y cerrar el caso que había perturbado el primer mandato del oficialismo. En su condición de titular subrogante del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº4, el juez expresó que, si bien las fotos de las valijas con dinero en efectivo trasladadas desde el banco hasta la Legislatura habían causado impacto social y político, no hubo delitos concretos. Adujo, además, la necesidad de preservar la división de poderes y la confianza en las instituciones. La decisión de Maggio corroborada por Albo -previo dictamen en el mismo sentido de Noguera- también liquidaría a los dos procesos penales remitidos a la Justicia local por los jueces federales Daniel Bejas y Ricardo Mario Sanjuán. En definitiva, y después de cuatro años de idas y de vueltas, sólo quedan en trámite los distintos juicios en lo contencioso administrativo promovidos para acceder a la información pública relativa a los gastos sociales cuestionados y analizar la constitucionalidad de esos desembolsos.

En cuanto a la causa penal provincial que acumula las denuncias de los opositores Oscar López (peronista disidente) y Eudoro Aráoz (ex legislador radical), el camarista Albo entendió que acceder a la petición de Bonari (archivo con la alternativa de resucitar la pesquisa) privaría a los funcionarios públicos imputados del derecho a obtener un pronunciamiento que definiese su situación sin dilaciones injustificadas. La concesión de la solicitud del fiscal hubiese implicado la posibilidad de reeditar los hechos de septiembre de 2016, cuando Washington Navarro Dávila, hoy ministro público de la Defensa y entonces titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5, archivó la megacausa. Al día siguiente, Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales, reabrió el caso y lo mandó a Bonari.

Aunque los Tribunales cerraron el affaire de los gastos sociales sin que hubiese una investigación propiamente dicha y sin lograr acceder a los comprobantes capaces de justificar el uso de los fondos públicos, estas denuncias de corrupción sí repercutieron en la Legislatura. En agosto de 2016, el vicegobernador Jaldo anunció el fin de las ayudas polémicas para personas físicas -las erogaciones subsisten respecto de las personas jurídicas- y la bancarización de los movimientos de dinero de la Legislatura.

Beneficiarios: los 56 funcionarios públicos involucrados en la causa de los gastos sociales

La resolución del camarista Eudoro Albo que ratifica los sobreseimientos beneficia a los 49 legisladores provinciales del período 2011-2015 en el siguiente orden: 1) Gregorio García Biagosch, 2) Ramón Graneros, 3) Juan Siviardo Gutiérrez, 4) Víctor Lossi, 5) Sisto Terán, 6) Marta Zurita, 7) Roque Álvarez, 8) José Gutiérrez, 9) José Fernando Orellana, 10) Federico Romano Norri, 11) Gerónimo Vargas Aignasse, 12) Rolando Alfaro, 13) Regino Amado, 14) Beatriz Ávila, 15) Raúl Hadla, 16) Alejandro Martínez, 17) José Teri, 18) Sara Assán, 19) Beatriz del Valle Bordinaro de Peluffo, 20) Ricardo Bussi, 21) María Alejandra Cejas, 22) Alberto Conte, 23) Manuel Fernández, 24) Reinaldo Jiménez, 25) Adriana Najar, 26) Alfredo Quinteros, 27) Roque Brito, 28) Alberto Colombres Garmendia, 29) Sara Correa, 30) Díaz, 31) Ariel García, 32) Andrés Galván, 33) Guillermo Gassenbauer, 34) Ramiro González Navarro, 35) Herrera, 36) Fernando Juri, 37) Camila Khoder, 38) José Leon, 39) Iván Llorens Dip, 40) José Manuel Páez, 41) Regino Racedo, 42) Jesús Salim, 43) Roberto Sánchez, 44) Graciela Suárez, 45) Alfredo Toscano, 46) Nancy Bulacio, 47) Dante Loza, 48) Emiliano Vargas Aignasse y 49) Fernando Valdez.

También quedaron desvinculados de las denuncias de los opositores Oscar López y Eudoro Aráoz el senador José Alperovich; el gobernador Juan Manzur; el ex secretario de la Legislatura y actual legislador, Juan Antonio Ruiz Olivares; el ex tesorero y actual secretario de la Legislatura, Claudio Pérez; el subtesorero Diego De Piero; el ex ministro y actual vocal del Tribunal Fiscal, Jorge Jiménez, y Rolando Steimberg, ex secretario de Hacienda.