“La impugnación de Bonari es un capricho”, dictaminó Noguera

El fiscal Claudio Bonari intentó mantener latente la megacausa de las llamadas valijas legislativas y no sólo no lo consiguió: también recibió reproches intensos. Quienes analizaron su petición incluso le recriminaron que aceptara que la Legislatura le negara el acceso a los presuntos comprobantes de los gastos sociales por U$S 46 millones, según la cotización de 2015. Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, no escatimó reparos. Su dictamen objeta que Bonari no haya requerido la investigación de los funcionarios denunciados, pero sí recurrido los sobreseimientos dictados por el juez Facundo Maggio. “La impugnación del fiscal resulta ser un capricho”, dijo Noguera, quien dictaminó a favor de confirmar el cierre definitivo del proceso, tal y como después resolvió el camarista Eudoro Albo (se informa por separado). 

“Reprocho a Bonari su comportamiento ambivalente porque tuvo conductas procesales distintas y opuestas sin motivos que lo justificaran. Estos cambios bruscos en una causa de esta naturaleza y envergadura exponen a la institución del Ministerio Público Fiscal, y causan un estrépito público y un daño de incalculable magnitud”, opinó el fiscal de Apelaciones el 4 de septiembre pasado.

Al repasar la sentencia de Maggio, Noguera enfatizó que Bonari no había dejado lugar a dudas respecto de que no tenía la menor intención o voluntad de promover la acción penal. Además, negó que los sobreseimientos generaran la gravedad institucional que había invocado Bonari para tratar de revertir las cosas hacia un archivo que habría permitido reabrir el caso si aparecieran nuevas pruebas.

Eso no fue todo. Noguera cuestionó que el fiscal que recibió las denuncias de corrupción articuladas por los opositores Oscar López y Eudoro Aráoz haya fundado el pedido de reserva de parte de las actuaciones en el hecho de que la Legislatura se negó a entregarle los comprobantes de los gastos sociales. “Por esa razón quiere mantener sine die (indefinidamente) abierta la investigación. Entiendo que esto no constituye un fundamento válido puesto que en un Estado de derecho y en un sistema republicano todos estamos obligados a cumplir con la ley, especialmente los funcionarios públicos. No puedo admitir la existencia de un impedimento como el mencionado (la reticencia de la Legislatura a facilitar los recibos) como excusa para no avanzar en la investigación, máxime cuando Bonari dispone del imperium (poder) para hacer cumplir la orden judicial”, expresó Noguera.

Devolución de cautelar

Bonari había considerado que los sobreseimientos de Maggio eran excesivos y arbitrarios. “El juez pretendió cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso, cuando dejé en claro que existen elementos de prueba obstaculizados por una cuestión prejudicial referida a la entrega de los recibos de la Legislatura que podrían eventualmente dar lugar a la prosecución de la acción penal”, había explicado en el recurso de queja interpuesto ante la Cámara de Apelaciones en agosto.

En el dictamen del 27 de julio de 2018, Bonari había relatado que diez días después de que pidiera los recibos de los subsidios, el entonces presidente subrogante del Poder Legislativo, Fernando Juri (PJ), le había contestado que los particulares no podían cuestionar la disposición de estos fondos públicos. Bonari había precisado que la respuesta de Juri no incluía los comprobantes que había pedido. Previamente, la Legislatura había omitido la entrega de los recibos al fiscal federal N°1, Carlos Brito. En diciembre de 2016, además, la institución había devuelto la medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que colocaba los comprobantes al cuidado del vicegobernador Osvaldo Jaldo.